Enrique Fernando Sirio, abogado de Delfín David Zacarías, denunció en la Fiscalía General de los Tribunales Federales que en las escuchas telefónicas realizadas en la investigación por narcotráfico que se le sigue a su cliente se violó la confidencialidad defensor-defendido. Asimismo el letrado solicitó la separación del fiscal que investiga el caso, Juan Patricio Murray, al entender que "utilizó esas llamadas para el armado de la investigación" y "para cuestionar" a su persona con el fin de "obstaculizar el nombramiento en el Ministerio Público de la Defensa" dentro del nuevo sistema procesal penal de la provincia para el cual había concursado y obtenido el primer lugar en el orden de mérito.
"Hemos advertido, a través de publicaciones periodísticas previas a que se hiciera la entrevista personal para el concurso de defensor provincial, que había una serie de escuchas anteriores a la detención de Delfín Zacarías que habían tomado estado público. A raíz de eso empezamos a buscar cuáles podrían ser las razones de esas intervenciones y descubrimos que se habían realizado escuchas telefónicas de diálogos que yo mantuve con mi cliente", detalló Sirio al programa "La barra de Casal", en LT3.
En ese sentido, el abogado dijo que esas escuchas "violan el secreto profesional y el derecho de defensa pues se estaba tomando conocimiento de toda la estrategia defensiva sobre un delito de presunto lavado de activos, dentro de la investigación de otro delito como el narcotráfico y antes de que se hicieran los procedimientos" en los cuales fueron detenidos Zacarías y sus familiares en una casaquinta de Funes en la que se secuetraron 300 kilos de cocaína y 400 litros de precursores químicos entre otras cosas, el 5 de septiembre pasado. De esa manera, explicó el abogado, "quedó en evidencia cualquier consejo profesional que yo pudiera haber dado al respecto".
Avisos y usos. Asimismo, el letrado sostuvo que quien "hizo la tarea (las escuchas) debía advertírselo al juez actuante porque están abarcadas por lo que se llama el secreto profesional y el deber de confidencialidad abogado-cliente", lo que a su entender no ocurrió. "Esas conversaciones actualmente están como documentación en la fiscalía" de Juan Patricio Murray, agregó Sirio, quien solicitó "el urgente secuestro de la documental" y la "separación del fiscal" ya que "fueron utilizadas para el armado de la investigación". Y dijo: "Puse en conocimiento del fiscal general que todas esas conversaciones grabadas, usadas como pruebas de un procedimiento penal, violan una de las garantías más importantes consagradas a nivel internacional que es la confidencialidad abogado-cliente".
Por todo eso Sirio pidió al fiscal general Claudio Palacín que "se inicie la correspondiente investigación sobre el personal policial que realizaba las escuchas si es que no se puso en inmediato conocimiento al fiscal o al juez de la causa y de ser así, sobre los funcionarios judiciales que permitieron la continuidad de las intervenciones telefónicas que ventilaron toda la estrategia defensista". También exigió "el secuestro de las actas de transcripciones y demás documentación" que obre en la causa y reclamó que se investigue "quién o quiénes han divulgado toda esa información".
Sin el cargo. Para Sirio, lo más grave es que días después a que se conocieran públicamente las conversaciones con su cliente, él debía ser entrevistado como parte de la acreditación del cargo de defensor general adjunto del nuevo sistema procesal penal para el cual había concursado y obtenido el primer lugar en orden de mérito, "por lo que exponía la disyuntiva de defenser el pliego violando el secreto profesional o resguardar el sagrado derecho de defensa y estado de inocencia".
Al respecto, el abogado dijo que "la mediatización del caso fue evidentemente utilizada por el doctor Gabriel Ganón (defensor general de la provincia) para cuestionar además del suscripto al gobernador Antonio Bonfatti". Y presentó una serie de tweets de Ganón, uno de los cuales fue correspondido por Murray. Por eso sostuvo Sirio que "la trascendencia que tomaron esas expresiones afectaron seriamente la posibilidad de continuar con la defensa al afectar el estado de inocencia de los imputados; pero además son un indicio de que podría haber existido una clara intencionalidad y subjetividad del doctor Murray al estar involucrado en el destino y resultado de la causa como en su designación como funcionario en el Ministerio Público de la Defensa".
Por eso, concluye Sirio, "las escuchas son ilegales en cuanto no ha habido garantías jurídicas, se ha violado el derecho fundamental de la defensa de cualquier ciudadano y se han utilizado como un instrumento de poder del Estado en el ejercicio de su «ius puniendi» (facultad sancionatoria) ".
