"Contra el mercado de la droga sólo hay que avanzar con estrategia"

—¿Cómo analiza el estado del debate sobre narcotráfico?

   La discusión sobre si somos un país de tránsito o de consumo es irrelevante. La enorme rentabilidad que ofrece Argentina —con conexión terrestre con países productores y dotado de puertos y aeropuertos— proviene de comprar droga barata en la región y sacarla hacia mercados caros. La actividad más rentable está en la exportación. En Argentina uno puede comprar un kilo de cocaína de máxima pureza entre mil y tres mil dólares. Y vender esa cantidad a 5 mil dólares. Pero el kilo en Madrid vale 30 mil euros y en Londres 60 mil. No es algo para desdeñar el hecho de que acá se está consumiendo más. Pero Argentina es lugar de nuevas rutas a mercados africanos y europeos.

   —¿Por qué es poco útil la dicotomía país de tránsito/país de consumo?

   —Porque no sirve para explicar nada. Argentina sigue siendo un país de tránsito pero eso no es para quedarse tranquilos: el narcotráfico se transformó, creció, se complejizó. Se mezcló con emprendimientos sociales y económicos legales, penetró en circuitos políticos y policiales, lo cual fue favorecido por condiciones culturales, políticas e institucionales. Se formó en las ciudades un mercado en torno al menudeo en los estratos sociales medios y altos, sobre todo de cocaína y marihuana. Y fue posible por la regulación de fuerzas policiales de cada jurisdicción. Los grupos criminales no cuentan con autonomía operativa respecto de la policía, en buena medida porque el tamaño de los mercados aún es pequeño, lo que no permite que se formen grupos en condiciones de disputarle la regulación al Estado.

   —Hay un consumo más expandido que en Rosario, por ejemplo, se ve en una inédita proliferación de búnkers. Y una violencia territorial notable. ¿Qué implica eso?

   —La violencia es indicador de la estabilidad o inestabilidad de un mercado. A mayor inestabilidad del mercado hay más conflictos violentos entre actores que pugnan por territorios entre vacíos de poder. No es que donde no hay violencia la droga no está sino que ese ámbito está controlado. La violencia no le interesa al traficante porque atrae a la prensa y a la política.

   —¿Qué provoca esa mayor inestabilidad de los mercados?

   —¿Qué quieren las organizaciones que se dedican al narcotráfico? Un esquema aceitado para obtener la materia prima que venden, un buen sistema de distribución y tener un consumidor satisfecho. Para ello tienen no sólo que venderle buena mercadería sino asegurarle que la consiga sin riesgo. Y eso implica negociar con la policía. La violencia brota cuando hay disputa en los lugares de venta por la rentabilidad del territorio. Lo que busca el vendedor es asegurarse estados de calma: un barrio adonde el comprador llegue y se vaya tranquilo porque está liberado el acceso. La violencia igualmente tiene causas múltiples: cuestiones de negocios, vacíos de poder, el cambio de vereda de un lugarteniente, el temor de que “vienen por nosotros y hay que defendernos”. A veces encerrar a un organizador del negocio puede generar un conflicto fortísimo. Cuando en Colombia detuvieron a Don Berna, poderoso traficante, se desató un sangriento conflicto armado con el hombre preso. Y el Estado tuvo que pactar para atenuar un nivel de violencia incontrolable.

   —Más allá de la violencia lo que explica la expansión de la droga es un fenómeno no delictivo: el consumo.

   —Sobre el consumidor no tiene que haber una mirada represiva, el sistema penal no debe ocuparse de él. Prefiero poner el acento en otro aspecto complejo y es que en Argentina la cultura de la ilegalidad está muy desarrollada. Sacar un guardabarro robado de un desarmadero por 300 pesos en vez de pagarle 2 mil al repuestero oficial es una conducta con enorme tolerancia. Una organización criminal necesita después de producir su ingreso lavar ese dinero de modo indispensable. Para eso requieren de actores expertos a fin de funcionar. Esos son abogados, contadores, escribanos, agentes inmobiliarios, corredores de bolsa, dueños de hoteles, administradores de casinos. Estos se mueven de la economía legal a la ilegal. Lo prueba la cantidad de narcos instalados en Nordelta y en Puerto Madero custodiados por la Prefectura como si fueran ciudadanos modelo. Hay aquí una cultura de la ilegalidad muy extendida con un nivel de aceptación social enorme, porque a nadie le molesta que capitales narcos compren un country, que contrasta con unas escasas capacidades institucionales para hacer cumplir la ley. Hay policías y funcionarios judiciales corruptos, desidia política, ánimo de lucro desmedido de los sectores profesionales, financieros y comerciales. Y además discutimos de manera arcaica.

   —¿Por qué?

   —Porque lo hacemos en el aire, en un contexto donde no hay ninguna institución pública que sistematice información sobre el fenómeno del narcotráfico, de su despliegue territorial, de las organizaciones, de las condiciones urbanas de comercialización y del consumo. Debatimos sobre impresiones, con emotividad, diciendo barbaridades como que nos parecemos a Colombia o a México. Mientras tanto el tránsito y el tráfico internacional de drogas a través del país persisten, las fronteras son permeables, se percibe una enorme corrupción y hay un alza del consumo de drogas por sectores más amplios, que generó un mercado minorista creciente en los centros urbanos, que han comenzado a ser disputados por organizaciones criminales. Y toda esta problemática se aborda superficialmente.

   —En Rosario en mayo mataron a un líder narco y eso trajo una oleada de venganza que aturdió al sistema político. Frente a eso hubo encarcelamientos. Pero poner en prisión a los líderes también puede reavivar problemas de seguridad en sus territorios.

   —Es un fenómeno delicado. La intervención tiene que ser estratégica. Ojo con meterse de manera torpe en los mercados ilegales. Uno se puede proponer detener a todos los líderes narco pero si uno sale a la cancha con recursos que no saben trabajar las dificultades serán muchas. Y eso además generará efectos graves. No se pueden hacer comparaciones ahistóricas pero hay que tener en cuenta algunas cosas. En México durante el gobierno de Felipe Calderón hubo 120 mil personas detenidas en relación al narcotráfico pero también 50 mil muertos. Hay que hacer un análisis político sobre cómo avanzar.