Una requisa espontánea de Gendarmería Nacional a tres jóvenes que caminaban por barrio Tablada hace un año le detectó a uno de ellos una pistola calibre 9 milímetros y una bolsa con drogas. La acción condujo a un proceso desdoblado donde un juez provincial condenó al muchacho que tenía el arma a cuatro años de prisión por la portación ilegal de esa pistola Browning, que tenía su numeración eliminada, estaba cargada y apta para el disparo. El trámite generó una discusión que se actualiza con el retorno a Rosario de las fuerzas federales para operativos de prevención. ¿Es válido un operativo por sus resultados cuando la ley exige que se justifique con fundamentos previos que hay motivos razonables para detener a una persona?
La Cámara Penal de Rosario dijo que el accionar fue válido por tres motivos básicos. Primero, porque los gendarmes estaban allí con información de que en la zona se vendían estupefacientes. Además, porque lo hacían en base un acuerdo entre Nación y provincia en barrios con altos niveles de conflictividad en un operativo público y anunciado. Por último porque palparon a los jóvenes tras pedirles documentos para descartar que estuvieran armados, en una acción razonable en ese entorno, y fue allí que se encontraron con el arma y la droga.
Por esas razones los camaristas Alfredo Ivaldi, Carina Lurati y Daniel Acosta descartaron que la detención hubiera sido arbitraria y ratificaron la condena a cuatro años contra Rubén César.
Las miradas sobre este caso tienen plena actualidad ante lo inminente del redespliegue territorial de fuerzas federales en Rosario. Y cuando además en 2014, junto al beneplácito por la llegada de las fuerzas federales, se registraron denuncias por abusos de autoridad, persecuciones y hasta humillaciones contra vecinos jóvenes de barrios pobres, que invitan ahora a las autoridades a permanecer atentas para evitar esas repeticiones.
Patrullando. El asunto tratado judicialmente se inicia el 16 de octubre de 2015 cuando una dotación de siete agentes de Gendarmería patrullaba la zona de Presidente Quintana y Chacabuco. Allí vieron a tres jóvenes transportando bultos y los requisaron.
A un chico menor de edad que intentó huir se le cayó una pistola Glock calibre 9 milímetros que portaba. A Rubén César, de 25 años, en el cacheo le hallaron la Browning 9 milímetros en la cintura, además de un bolso con estupefacientes que fue remitido a la Justicia Federal.
En febrero pasado César fue condenado en un juicio oral por la tenencia de esa arma por el juez Carlos Leiva. La defensa discutió ese fallo en una audiencia de apelación. Objetaba que el operativo de los gendarmes era inválido porque el Código Procesal de Santa Fe exige que para requisar a una persona tiene que haber motivos fundados para presumir que la persona oculta algo relacionado con un delito.
Argumentos. El defensor insistió en que en el juicio los siete gendarmes simplemente se limitaron a decir que en el marco del Operativo Santa Fe EM_DASHconvenido por los gobiernos nacional y provincialEM_DASH cuando ven a tres personas en una zona caliente tienen que proceder a identificarlas. Y agregó que cuando se afirma que para requisar la ley provincial exige que haya motivos previos no se refiere a la realidad social EM_DASHuna zona peligrosa por ejemploEM_DASH sino a una conducta o actitud razonable que haga presumir la existencia de un delito. Estos rasgos, dijo el defensor, en las tres personas detenidas estaban ausentes.
El abogado además sostuvo que pudo haber animosidad contra el imputado por su parentesco con una familia vinculada al narcotráfico. Ocurre que Rubén César es hijo de Rosa Caminos, hermana del asesinado ex jefe de la barra brava de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos y detenida y procesada por ese delito.
En ese sentido el defensor de César adujo que los gendarmes se bajaron directamente a requisar y no a identificar. Y que toda la actuación de los uniformados estaba viciada porque no hubo motivos previos que justificaran la requisa.
Controles. La fiscalía rechazó cada argumento. Señaló que se había elegido esa zona para un patrullaje intenso por sus niveles delictivos; que había tres personas caminando con dos bolsos de grandes dimensiones a la noche y que por eso la medida de Gendarmería era razonable.
También se señaló desde la fiscalía que el control de rutina comprende el control de documentos y de efectos que llevan las personas como ocurre con las requisas que se hacen a los vehículos. Asimismo, los representantes de la acusación descartaron cualquier animosidad contra César por ser familiar de los Caminos, ya que estos gendarmes eran originarios de otras provincias y no tenían conocimiento previo de los arrestados o de sus familias.
Justificaciones. A la hora de formular su voto, el camarista Ivaldi señaló que la única forma en que un juez puede justificar el arresto de un imputado sin orden judicial es que el funcionario que detiene pueda justificar esa acción. En tal sentido, consideró que el operativo estuvo bien fundado por varios motivos:
• No podía soslayarse que había razones para que Gendarmería estuviera en esa zona. Los gendarmes actuaban en un operativo público acordado entre la Nación y la provincia en 2015 que comprendía intensificar medidas de seguridad con patrullajes preventivos en barrios conflictivos como Tablada. Como primer punto la acción policial estaba justificada.
• La Gendarmería actuaba en Tablada porque contaba con información previa que indicaba que era zona con amplia actividad en materia de venta de estupefacientes. Esto, para el camarista, no era una cosa arbitraria de los gendarmes: los mismos testigos del operativo no sólo dijeron que el barrio estaba lleno de búnkers sino que declaró precisamente que en el lugar donde fueron detenidos estos tres muchachos había varios de esos quioscos.
• Fue en ese entorno donde los gendarmes vieron a los tres jóvenes llevando los bolsos. Eso justificaba pedirles documentos y luego hacer un cacheo para descartar que tuvieran armas. Eso, según Ivaldi, era razonable por cuestiones de seguridad de los uniformados intervinientes.
• El hecho de que Gendarmería actuara en base a un plan previo y que los jóvenes llevaran bolsos en una zona señalada por ser un territorio en el que avanzó la narcocriminalidad y la violencia descartan la idea de una intervención arbitraria de una fuerza incompetente. Eso, sumado a que los oficiales públicos interceptan a los peatones, los identifican, los cachean y les hallan armas, descartan la idea de un supuesto abusivo contra los uniformados.
Legalidad. Estas razones llevaron a la convalidación del procedimiento y por ende a ratificar la condena para Rubén César. En un caso donde los jueces también remarcan que no puede detenerse en base a una actitud sospechosa si ésta no se encuentra explicada razonablemente.
En el caso de este hecho ocurrido hace un año para los camaristas esa explicación se brindó en forma satisfactoria. No se puede actuar sin orden judicial pero tampoco puede omitirse, dijo Ivaldi, que había razones urgentes para darle legalidad a las requisas, que además se explicaron en público en un juicio oral.
