En el contexto de una causa que implica a distintos policías que reportaban en la seccional 10ª, con jurisdicción en la zona de Alberdi y otros barrios del norte, fueron condenados por el juez Facundo Becerra otras dos personas que se suman a otras condenas anteriores. Son el policía Héctor Mario Dallia, sentenciado a la pena de 7 años y seis meses, y Mario Germán Santillán, civil, a 4 años y ocho meses, por los delitos de falsedad ideológica y privación abusiva de la libertad agravada, ambos en calidad de coautor, y en el caso de Santillán además por falsa denuncia, en calidad de partícipe primario. Los hechos se dieron durante el 2021 y consistieron en un pago a los empleados policiales para favorecer a una banda narco de la zona de Parque Casas en desmedro de otra banda. Los policías ya condenados por los hechos son Grardo Malpassi; Pablo Sosa, Sebastián Ojeda y Walter Graff.
El fiscal que llevó al causa adelante, José Luis Caterina, les atribuyó a los últimos dos condenados que el 21 de junio de 2021 haber urdido un procedimiento policial falso, a través del cual se privó ilegítimamente de la libertad a cuatro personas, bajo la apariencia de un procedimiento legal, el cual se extendió en el caso de dos víctimas por aproximadamente 90 días, situación que cesó cuando la Fiscalía que intervino originalmente en el trámite de la causa pudo desentrañar la maniobra
Ese día por la mañana el oficial Pablo Sosa, quien ya fue condenado, secretario del comisario Gerardo Malpassi, también condenado y en esos momentos a cargo de la seccional 10ª, fuscar, por orden de Malpassi, al oficial Héctor Dallia, quien en esos momentos se desempeñaba como numerario del Comando Radioeléctrico de Rosario. Luego de una conversación en relación a las tareas del día, recibieron la orden del comisario de tomar fotos en lugares que marcaría Héctor Dallia, quien decía tener información de relevancia.Ambos se encontraba vestidos de civil, no uniformados.
Aproximadamente a las 10 de la mañana vuelven a la comisaría y a las 12 pasan a buscar a un conocido de Héctor, Santillán. Al pasar por Travesía al 300 bis interceptan a una persona que sería el autor de una balacera. Al detenerlo también lo hacen con cuatro personas que se encontraban en la vereda, los reducen, se identifican como policías y los requisan. Ninguna de las cuatro personas se resisten. Al ser requisados, ninguno tenía elemento de peligrosidad.
Una vez en la comisaría se registra en el libro de guardias que el ingreso de los aprehendidos fue a las 14.25 y que en el mismo horario regresan a la comisaría los ahora condenados. En tanto, el comisario Malpassi ordenó que en el procedimiento no deberían figurar ni Héctor Dallia ni Pablo Sosa. El acta, además, presentó al procedimiento como absolutamente casual, afirmando que se encontraban realizando un patrullaje preventivo y a los detenidos les imputaron tiroteos y amenazas. Las entrevistas comienza a tomarla una sumariante, pero se niega a firmarla. Ante la negativa otro oficial, Walter Graff, se hace cargo del acta en la cual también figura Santillán como denunciante.
Luego se libra consulta con quien era fiscal en ese momento y luego se deriva al Equipo de Balaceras del MPA, Federico Rébola, quien en función de las entrevistas tomadas por Graff ordenó la detención de dos de los hombres. Llevado el caso ante el Colegio de Jueces, se dispuso la prisión preventiva por el término de noventa días, habiéndose imputado hechos de balaceras durante meses de abril y mayo de 2021, y por el delito de intimidación pública.
En relación a esta investigación, Gerardo Malpassi fue condenado en febrero de 2023 a la pena única de 3 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación especial para ejercer la función policial, y Pablo Sosa fue condenado a la pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación.
Malpassi fue detenido en septiembre de 2021 junto a otros cinco uniformados, entre ellos Dallia y Santillán, acusados de participar de acuerdos espurios con los herederos del narco asesinado Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval en perjuicio de otros grupos delictivos. En 2021, el comisario supervisor Malpassi quedó a la cabeza de un grupo de policías que, según los fiscales, recibió dinero de un grupo que pagó para que vincularan con evidencia falsa a dos miembros de una banda rival. Por esos días, la fiscal Valeria Haurigot dijo a la prensa que "lo que se verificó en la comisaría 10ª es un ejemplo redondo de lo que es conceptualmente la regulación policial del delito".
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Todo se descubrió cuando dos mujeres se presentaron ante el fiscal y contaron que habían sido forzadas por los policías a realizar una denuncia falsa que había dejado tras las rejas a Tomás Agustín “Tomy” G., de 21 años, y Andrés Adrián “Pancita” R., de 24, integrantes de una supuesta gavilla denominada la banda de “Patri”, con sede de operaciones en Sorrento y Pacheco, en el límite de los barrios Sarmiento y Parque Casas, y enfrentada con Los Pimpi.
Tomy y Pancita habían sido apresados el 21 de junio de 2021 al mediodía por Dallia y Sosa junto a otros dos jóvenes que recuperaron la libertad un día más tarde. Los fiscales Haurigot y Socca les imputaron una serie de balaceras y la jueza María Trinidad Chiabrera les dictó la prisión preventiva por el plazo de 90 días. En contra de los detenidos había testimonios de una joven que dijo haber sido amenazada por una tentativa de homicidio y de otra que se había negado a vender drogas para la banda de Patri y tener relaciones sexuales con uno de sus miembros.
Tras las nuevas declaraciones, el fiscal ordenó secuestrar el libro de ingresos y egresos de la comisaría. Allí figura un horario de entrada de Tomás G. y Andrés G. que no coincide con la incidencia reportada de las detenciones a través del 911. En la casa de Malpassi se secuestró un arma de fuego sin papeles y cerca de 290 mil pesos.
