Los defensores de los policías imputados argumentaron cada uno a su turno la inocencia de sus clientes y solicitaron la absolución y la inmediata libertad. Los más incisivos fueron los abogados del comisario Guillermo Ruiz Diaz, acusado de liderar una asociación ilícita. Paul Krupnik y José Nanni hicieron severas críticas a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y solicitaron al Tribunal que disponga la nulidad de todas las declaraciones de los testigos que presentaron para sostener su idea del caso y la calificación de los delitos.
"No pudieron probar el rol directivo ni siquiera pasaron el umbral de la sospecha. Es la primera asociación delictiva que se maneja por telepatía", dijo irónicamente Nanni al rebatir la figura achacada a su cliente.
El abogado recalcó la "ausencia de pruebas", como audios, registros telefónicos o testigos para demostrar que Ruiz Diaz estuvo en la comisaría en los horarios y fecha de los hechos que dieron pie a la investigación, con lo cual no se pudo demostrar que impartió órdenes a sus subalternos para configurar los delitos que le endilgan.
"A lo largo de la investigación no lograron demostrar nada, parcializaron la prueba y violaron el deber de objetividad". Para la defensa del comisario, hubo testimonios poco creíbles y otros "importantísimos testigos que no fueron convocados".
Krupnik puso en crisis a los fiscales del MPA cuando se refirió a un audio que se incorporó como prueba del juicio donde los fiscales mantienen una charla informal con el acusado de un grave hecho de lesiones con arma de fuego, que luego declaró en contra de los policías (coimearon a sus familiares para no armarles la causa penal), y luego fue condenado en un trámite abreviado a tres años de ejecución condicional.
Para el abogado, esa práctica de los fiscales fue un "desvío funcional culposo". Y arriesgo que ello podría configurar "un delito de acción pública". El abogado solicitó al Tribunal que sea "garante de la legalidad del Estado de Derecho", que declare la nulidad de las testimoniales que dieron andamiaje a la hipótesis fiscal del caso, que absuelva de culpa y cargo a Ruiz Diaz y lo deje en libertad.
Antes, los abogados Mario Ducler y Cristian Anderson por Víctor D'Angelo y el suboficial Sebastián Farini; Sergio Casas y Pedro Grabar como defensores del suboficial Pedro Galván; y el defensor público Hernán Soto, por la sumariante Lucrecia Barrios, pivotearon sobre las carencia probatoria.
De testigos ausentes. Ducler requirió profundizar la pesquisa respecto a todas las personas involucradas en los delitos con los cuales se inició la pesquisa en torno a los uniformados.
Por ejemplo, indicó que nunca se llamó a declarar al dueño de un auto robado que apareció en Garzón al 3600, manejado por una persona que dijo haber ayudado a sacarlo de una zanja. Pero al ser detenido como sospechoso del robo acusó a los policías de la 19ª de pedirle a un hermano una coima para liberarlo.
Pos su parte, Anderson también indicó inconsistencias del trámite investigativo. Respecto a la supuesta asociación ilícita, apuntó que nunca se pudo establecer con "escuchas, pruebas o filmaciones la planificación de los delitos", requisito indispensable para poder probarlo.
Tanto Casas como Grabar señalaron la imposibilidad de que el experimentado policía Galván esté involucrado en situaciones de las que fue acusado. "Era el bicicletero, el cedulero de la comisaría, conocía la calle y todas las personas del barrio. Por eso mucha gente tenía un papel con su teléfono", puntualizaron los letrados sobre anotaciones que exhibió la fiscalía para vincular al policía con los hechos.
Por último, el defensor oficial Soto se apoyó en declaraciones testimoniales y registros para afirmar que la sumariante Lucrecia Barrios nunca estuvo en el lugar de los hechos. Ni en la granja de Campbell y Maradona cuando fue allanada, y existen señalamientos concretos respecto a que haya participado de los pedidos de coimas a familiares de los detenidos por la balacera de marzo de 2014.
