Cómo funcionaban las celdas VIP en la alcaidía de San Lorenzo

"Los presos le pagaban por tener privilegios". Esa es la frase que resonó cuando fue imputado por "cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público" el comisario José Budiño, ex jefe de la alcaldía de la Unidad Regional XVII con sede en San Lorenzo. El 6 de agosto pasado, un allanamiento dejó en evidencia que en la repartición a su cargo había "presos vip" y con "mejores condiciones de encierro" por abonar un canon especial que hasta tenía un cuadro tarifario. Según publicó LaCapital en su edición del pasado jueves, el oficial quedó detenido bajo prisión preventiva por 90 días.

De acuerdo a lo confirmado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), no se pudo precisar la fecha clave en la que comenzaron a suceder las "mejoras en la estadía" de los presos que llegaban a la alcaidía, pero se tomó como referencia que "todo sucedía previo al 8 de abril de este año.

Una banda con permisos

Lo cierto es que la realidad superó cualquier ficción. El cruce de datos para investigar lo que ocurría puertas adentro del penal comenzó con una investigación ligada a cinco homicidios atribuidos a una banda asentada en el caliente barrio Copello de la ciudad de Capitán Bermúdez. Un grupo criminal que según los investigadores "poco a poco fue desmembrada y que pretendía a través de asesinatos hacerse de un territorio dentro del Cordón Industrial".

Con un vínculo que permanece en el secreto de la investigación, los delincuentes fueron piezas clave para mostrar la connivencia con el policía detenido, lo que llevó al sorpresivo operativo en la Jefatura de San Lorenzo.

El primer hombre de la banda que cayó dejó en evidencia una especie de trato tácito en el que cumplir su condena no le sería tan difícil como a otros internos. El segundo en arribar a la alcaidía tenía el camino allanado y una propuesta concreta. Y así se fueron sumando "permitidos" a los reclusos con el correr de las semanas.

La intervención de teléfonos fue atando cabos y a través de las escuchas orientadas por la Fiscalía, la postal cobró nitidez. "Quienes ingresaban a la alcaldía podían hacerlo como presos comunes o podían pagar un canon de 5 mil pesos mensuales para tener algunos privilegios, sumado a una cuota fija de mil pesos semanales". Eso, dijeron las fuentes, "les otorgaba principalmente tres beneficios: la posibilidad de obtener objetos de higiene, ropa y un teléfono celular conectado al wi-fi". De más está decir que los más pudientes podían conseguir otros lujos, incluso televisores.

La investigación fue avanzando hasta llegar a descubrir un cuadro tarifario impreso y otro en un mensaje de voz enviado por un recluso desde adentro de la seccional en la que cumplía su condena efectiva. Fue el caso de un hombre detenido por abuso sexual agravado por haber sido perpetrado contra su hija, a quien el día del allanamiento a la alcaidía de la Unidad Regional XVII le encontraron en un bolsillo un papel que testificaba los costos e inclusive tenía un celular desde el cual enviaba mensajes a su familia a pesar de que ésta había decidido cortar todo tipo de vínculos con él por el aberrante suceso.

TV, teléfonos y camas

Pero eso no era todo, algunos "inquilinos" de la alcaidía tenían televisor, baño privado y hasta había dos que tenían sus propios departamentos de lujo: dormían en habitaciones destinadas al personal policial, no compartían espacios comunes con otros detenidos y hasta contaban con acceso a las terrazas de la Jefatura, donde no hay vigilancia oficial.

Luego del operativo que realizó Gendarmería Nacional en la sede de la Unidad Regional XVII, en Urquiza e Yrigoyen de San Lorenzo, no sólo se constataron las arbitrariedades sucedidas sino que además secuestraron más de diez teléfonos celulares y chips de memoria, seis cuchillas tipo carnicero, chairas (armas blancas hechas con elementos que llegan a los presos), piedras para afilar, televisores de 40 y 50 pulgadas, y cargadores de celulares, entre otros materiales inaccesibles para cualquier detenido.

El 6 de agosto, la jueza Griselda Strólogo presidió la audiencia imputativa en la que se señaló a Budiño como el responsable de lo ocurrido y lo imputó por los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, en calidad de hecho consumado y como autor material. En ese entonces, la magistrada estableció que se le concediera la libertad.

Sin embargo, el fiscal Aquiles Balbis apeló a la decisión y el jueves pasado se realizó en Rosario la audiencia de segunda instancia. Allí, la jueza Gabriela Sansó revocó la libertad dictada originalmente a Budiño y determinó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.

Por otra parte, al mismo oficial se le sumó una nueva imputación tras una irregularidad constatada y que ocurrió el pasado 2 de agosto cuando permitió que a la alcaidía ingresaran D.G y A.G., dos mujeres ligadas a los presos VIP cuyo traslado había sido ordenado por parte del Ministerio Público de la Acusación hacia la nueva alcaidía de Rosario.

En ese entonces, de acuerdo determinaron algunas fuentes, el jefe impidió que las mujeres fueran derivadas al destino requerido, imponiéndose por sobre el personal subalterno encargado del traslado sumando así argumentos a su señalamiento de concesiones.

Actualmente la alcaldía de San Lorenzo tiene 30 internos cumpliendo su condena y fuentes cercanas a la investigación le confiaron a este diario que "al momento del allanamiento realizado por Gendarmería Nacional las mejoras para algunos eran evidentes y lo encontrado fue descripto como inimaginable".