La Cámara Federal de Casación recomendó que se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a aquellos presos que estén tras las rejas por la comisión de delitos no violentos debido al avance del coronavirus y la situación de crisis carcelaria por el hacinamiento.

Tras conocerse la decisión judidical, desde la Asociación Civil Usina de Justicia expresaron su rechazo a la medida, al considerar que "los asesinos deben estar en penales, no en comisarías ni en sus domicilios", lo que parece una declaración que no alcanza a entender el fondo de lo dicho por Casación.

A quiénes alcanza

Ante el avance de la pandemia de Covid-19 y la extensión de la cuarentena, el principal tribunal penal emitió una acordada en la que recomienda que se "adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que se estimen corresponder". La medida podría ser aplicada en personas con "delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo", condenadas "por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta" o con "penas de hasta 3 años de prisión".

La recomendación también incluye a "personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional, mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas, personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades y personas inmunodeprimidas o con patologías crónicas".

La acordada no representa una orden a los tribunales, pero implica una herramienta para los abogados defensores a que articulen sus pedidos de libertad domiciliaria. En los considerandos del documento, los camaristas señalaron que se pretende "aliviar la situación de hacinamiento carcelario con el fin de disminuir los factores de riesgo y facilitar la atención sanitaria ante casos de Covid-19" y, por otro, responder al entorno de aquellos internos que están dentro de alguno de los grupos vulnerables a la pandemia.

La Asociación Civil Usina de Justicia, encabezada por Diana Cohen Agrest, envió una carta a la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires en la que reclamaron la marcha atrás en esta medida al asegurar que "las víctimas no tienen voz para ejercer sus derechos" y que "las condenas deben ser cumplidas".

Además, los familiares de víctimas de homicidios y la asociación armaron un video en el que denuncian que "permiten que cientos de asesinos que deben permanecer en penales estén en sus casas". Y exigen "de manera inmediata que se tomen medidas. Los asesinos deben estar en penales, no en comisarías ni en sus domicilios. Deben dejar de darles privilegios. A nuestros seres amados los silenciaron a sangre fría sin ninguna posibilidad de vivir. Nos sentimos burlados, que nuestro dolor no tiene valor. Que la pandemia no esconda a los asesinos", reclamaron.

Reclamo en Santa Fe

La decisión del Tribunal de Casación en su acordada del lunes había sido reclamado por numerosos organismos no gubernamentales de la provincia de Santa Fe después de los alzamientos que hubo en las cárceles de Coronda, Las Flores y Piñero entre el 23 y 24 de marzo pasado, hechos en los que murieron cinco reclusos y varios resultaron heridos, en demanda de mejoras sanitarias, edilicias y de higiene ante el avance del coronavirus.

En aquel momento, la Asociación Pensamiento Penal que nuclea a profesionales de la Justicia y otras disciplinas que atienden los derechos humanos de las personas privadas de su libertad junto a un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales hizo público un comunicado en el cual solicitaba "buscar medidas alternativas" al encierro en el marco de la declaración de la pandemia que "genera un escenario de emergencia" en el cual es necesario "atender la espcial situación de vulnerabilidad" de los internos ante el estado de sobrepoblación, hacinamiento y falta de medidas sanitarias acordes al momento.

En ese sentido pedían "la libertad o sustitución del encarcelamiento por arresto domiciliario de todas aquellas personas vulnerables al Covid-19 según los grupos de riesgo identificados por organismos oficiales" y recomendaron "limitar el encierro preventivo a casos graves y urgentes reconvirtiendo las ya dictadas medidas alternativas para aquellas personas que hayan alcanzado el plazo máximo, especialmente en personas de riesgo".

También solicitaron "el otorgamiento de libertades anticipadas o domiciliarias a los internos que tengan posibilidad procesal de pedirla, de los condenados a menos de 3 años de prisión y de quienes gocen de los derechos de salidas laborales, de estudio o semidentención".