Acusan a Alvarado de los tres últimos atentados al Poder Judicial

Los fiscales que acusaron hoy a Esteban Alvarado le atribuyeron la organización de las tres últimas balaceras contra objetivos y domicilios relacionados con el Poder Judicial. La concreción de esos atentados implicó desplegar un plan de impresionante cálculo estratégico para el que fue necesario infiltrarse en la propia investigación que lo tenía a Alvarado como acusado de un asesinato y que manejaban los fiscales que hoy lo imputaron.

Para meterse en la pesquisa, Alvarado utilizó a los policías que están en la audiencia junto a él -el jefe operativo de la Policía de Investigaciones, el comisario Martín Rey, y su hermano Marcelo Rey, su colaborador más estrecho-, acusados por eso de delitos diversos como asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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¿Qué hizo Alvarado? Según los fiscales urdió una estrategia cuyo principal objetivo era sacarse de encima la acusación por el homicidio de Lucio Maldonado, el prestamista asesinado en noviembre pasado, luego de haber estado unas horas secuestrado en una quinta cuyo propietario es Alvarado. Para ello lo que ideó fue echarle la culpa a la Banda de Los Monos y hacer que los fiscales creyeran eso. ¿Por qué quería hacer eso? Porque ese delito representa para él la perspectiva de prisión perpetua.

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Para concretar su estrategia generó delitos nuevos idénticos a los que miembros de Los Monos hicieron en el pasado reciente: atentados a blancos judiciales. Por eso gente de su entorno produjo los ataques a balazos al Centro de Justicia Penal, a los Tribunales de calle Balcarce y el último, el más singular, a la casa de una empleada técnica de la misma Unidad Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional, que investigaba las balaceras anteriores.

Por doce de estas balaceras previas ya hay imputados y presos distintos miembros de Los Monos. Lo que Esteban Alvarado diseñó desde ahí, dijeron los fiscales, fue un sistema para transferir la culpa a dos personas. Una un miembro de Los Monos, Luciano "Chulo" Olivera. El otro es Rodrigo Ortigala, un testigo de identidad reservada que había pertenecido al círculo íntimo de Alvarado, pero que ahora se había presentado a la Fiscalía a declarar en su contra, cosa que Esteban ya sabía.

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Para eso Alvarado se mete dentro de la investigación de los casos de balaceras contra objetivos y funcionarios del Poder Judicial. Cuenta para ese fin con policías de PDI y del organismo de Investigaciones que trabajan en la pesquisa en el mismo Centro de Justicia Penal y que le responden.

Estos empleados infieles aportan teléfonos de miembros de Los Monos, a los que echarán la culpa, y hasta la dirección de la casa de la funcionaria técnica de la fiscalía que realiza los perfiles económicos de la banda. La casa de esta empleada es baleada el 31 de enero pasado.

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Los policías fueron descubiertos en esos roles por una cantidad de pruebas desplegadas en la audiencia. El elemento más decisivo para llegar a estas evidencias fue el propio teléfono de Alvarado, que arrojó al agua cuando fue detenido el 1º de febrero en Embalse Rio Tercero. En los mensajes y audios recuperados hay un mapa de la planificación y de los movimientos del grupo.

Lo que Alvarado hizo fue generar teléfonos espejos, es decir duplicados, de Ortigala y Chulo. Para ello necesitó de la colaboración interna de uno de los policías que trabajaba en la unidad fiscal justamente en las interceptaciones telefónicas y procesamiento de escuchas, y que fue descubierto por los fiscales.

Lo que procuraba Esteban era que los nuevos teléfonos de Ortigala y Chulo, falsos y que manejaría gente suya, fueran intervenidos. De esa manera los fiscales captarían mensajes en donde él, Alvarado, les haría admitir a los Ortigala y Chulo falsos la culpa de los atentados, como gente de Los Monos, transfieriéndola a los Cantero. Pero esa fundamentalmente de lo que a Alvarado más le interesaba, del asesinato a Maldonado donde él mismo está imputado, y de cuya responsabilidad busca desprenderse.

Detectar toda esta compleja trama llevó cuatro meses de investigaciones sin pausa que desembocaron en la audiencia de hoy, en las que participaron los fiscales de la Unidad de Delitos de Gravedad Institucional, el Organismo de Investigaciones (OI) que conduce Marcelo Saín y diversas fuerzas policiales provinciales y federales en tareas de apoyo.

Las imputaciones

Las imputaciones realizadas hoy fueron las siguiente:

Esteban Lindor Alvarado, por los delitos de Amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como instigador del mismo (tres hechos); jefe de Asociación ilícita en calidad de autor.

Martín Rey, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor.

David Marcelo Rey, por los delitos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente gravado en concurso real, en calidad de autor.

Jorgelina Miriam Chaves, por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público; encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho, y trafico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del Ministerio Público de la Acusación.

Nicolás Marcelo Ocampo, por los delitos de amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos, teniéndolo como partícipe secundario y concurre idealmente con el delito de encubrimiento agravado.

Pablo Báncora, por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y cohecho, y tráfico de influencias agravado por ser el funcionario público integrante del MPA.