La investigación por asociación ilícita contra Esteban Alvarado es un pozo inagotable para el análisis. Hay poco debate sobre el hecho alucinante de que dos jefes operativos de la PDI hayan trabajado en contra de dos fiscales para ayudar a un jefe criminal. A quince días de su revelación nada le quita al asunto su peso extraordinario. Los dos policías están presos por aportar desde su trabajo información para desviar la pesquisa en beneficio de Alvarado. No lo lograron porque los fiscales manejaban informaciones múltiples que los llevaron a detectar contradicciones. Así advirtieron que estos policías les plantaron datos fraguados para deslizar la culpa de un homicidio por el cual Alvarado está acusado hacia personas ajenas al hecho.
El edificio del Centro de Justicia Penal se sacudió. Pocas veces se vio a tantos fiscales sentarse en el público en la primera audiencia. Los dos jefes policiales allí imputados, los hermanos Martín y Marcelo Rey, habían sido sus sostenes en investigaciones de peso. Dos comisarios que gozaban de respeto en distintas fiscalías eran acusados de ser infieles en su labor más esencial. ¿Sería la única vez? ¿Habría más casos? ¿Tendrían buena evidencia los acusadores?
Una de las banderas en favor del modelo penal en Santa Fe implantado en 2014 fue que la reforma fortalecía al Ministerio Público de la Acusacion (MPA) porque sus fiscales ya no trabajarían con informaciones policiales sino que controlarían sus propias investigaciones. Con el pasaje de un modelo secreto a uno más visible, con 70 fiscales reemplazando en las investigaciones a 15 jueces de instrucción, se pensó que las acciones de una policía históricamente opaca para modelar los hechos a su conveniencia mediante el control de las actas llegaban a su fin.
Fue una visión ingenua derivada de no conocer bien a la policía. La policía tiene algo que otras agencias penales no tienen: una historia en ocupar la calle nacida al mismo tiempo que la ciudad. Ese es el fundamento de su poder. Su nivel de despliegue territorial, contactos y experiencia son casi imposibles de alcanzar en la gestión de la conflictividad criminal de un organismo que recién nace. La policía proporciona a los fiscales la información inicial de los casos, los datos de las medidas complementarias y con eso va orientando el trabajo que se presenta como un paquete cerrado para funcionarios que no miren esos aportes con cuatro ojos.
Lo que se vio en las audiencias de Alvarado es que los comisarios Rey maniobraron para desviar el destino de un caso. Sin conductas subrepticias, actuando de frente, cumpliendo acciones que se esperaban de ellos, metieron en un legajo datos de un vehículo que llevaba la pesquisa hacia otros sospechosos, y pidieron allanamientos para encontrar unos celulares con evidencia fabricada, que confundiría a los fiscales que les asignaban tareas. Los fiscales desconfiaron de esos datos porque tenían fuentes de información alternativas. Cuando les preguntaron de dónde los habían sacado los comisarios no pudieron dar explicaciones. Tampoco cuando los acusaron ante una jueza.
Esos comisarios hoy presos fueron decisivos para muchas investigaciones exitosas, donde se descubrían autores de delitos, se los detenía y se los imputaba. Tenían reconocimiento de ser eficientes y profesionales. Es absurdo asumir que cada caso que tomaron haya sido un fraude. Pero si pasó una vez pudo haber ocurrido antes. ¿Cuántas veces? ¿En qué casos? ¿Con qué control de la información aportada?
La dependencia de las investigaciones de la labor policial a veces es un derivado de cierta comodidad, incapacidad de gestionar o poca firmeza en el control. No está mal que la policía genere información, el problema es cuando esa información toma el lugar de la planificación estratégica.
Este problema también pasó en la provincia de Buenos Aires donde hubo críticas hacia los fiscales por no supervisar la actividad de campo de la policía. Ese esquema delegativo es peligroso porque no solo la policía arma el trabajo como decide, sino también porque reciben como contraprestación la legitimación de lo que hacen en la calle.
Es algo que excede el MPA. El comisario Alejandro Druetta fue un oficial de confianza del Ministerio de Seguridad que aparecía como eficaz en centenares de operativos antidrogas convalidados por la Justicia Federal. Pero la semana pasada fue indagado por hacer negocios con un narco que como parte del arreglo le entregaba a competidores, a los que arrestaba ganando reputación por su eficiencia.
Lo ocurrido con los comisarios Rey tiene gran fuerza simbólica para repensar cómo hoy el MPA arma las investigaciones por delitos. No es ofensivo señalar que muchos legajos se arman a partir de lo que lleva la policía con escasa supervisión, que se piden intervenciones telefónicas a partir de un dato sin verificar y que muchas veces los jueces que deben controlar no lo hacen.
Hoy se sabe que en la práctica hay ausencia de una base de datos para la gestión de investigación en el MPA, de modo que en una ciudad donde las bandas se cruzan todo el tiempo las unidades fiscales puedan compartir datos de manera formal, con herramientas de análisis criminal, y no en base a lo que un funcionario le pueda comentar a otro por whatsapp sobre puntos comunes de sus pesquisas. Es cierto que también son fiscales que sufren tal carencia los que detectan las trampas. Eso debería depender menos de la experiencia individual que de un método institucional que genere resguardos. Porque trampas seguirá habiendo.
