En las últimas semanas hemos visto grandes columnas de catalanes converger sobre Barcelona, protestar contra las políticas del Estado español y, en el caso de una minoría de radicales, ejecutar actos de violencia como ataques a la policía, destrucción del mobiliario urbano y quema de contenedores. Pero entonces, ¿qué espera España para negociar? ¿Tiene sentido mantener un matrimonio cuando una de las partes quiere separarse?
Para responder a esta pregunta primero debemos examinar la composición real de la población de Cataluña. Según el Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya), un 51 por ciento de los catalanes tiene como lengua materna el castellano, un 37 por ciento el catalán y el resto ambos idiomas o una lengua extranjera. Por otro lado, de acuerdo con estudios de Adolf Tobeña, Josep Maria Oller y otros investigadores, la población catalanófona apoya abrumadoramente la independencia de Cataluña, mientras que la castellanófona apoya con un poco menos de contundencia, pero de forma claramente mayoritaria, la pertenencia a España bajo la actual constitución. Esta compleja aritmética poblacional ha derivado en la existencia de bloques aproximadamente parejos de separatistas y constitucionalistas.
Ahora bien, el sector de lengua castellana ha sido completamente invisibilizado por los gobiernos nacionalistas de Cataluña, al punto de que al momento de escribir estas líneas la página del presidente de la Generalitat —gobierno autónomo catalán— tiene versiones en catalán y en inglés, pero no en castellano. Esto ha creado la ilusión cognitiva de una unanimidad de opiniones, sentimientos y comportamientos lingüísticos que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad social. Esa ilusión se rompe en las elecciones regionales, cuando los catalanes que se sienten españoles aparecen con fuerza votando opciones no nacionalistas, con lo cual los partidos independentistas quedan habitualmente un poco por debajo de la mitad de los sufragios emitidos. Esto es importante remarcarlo: los independentistas son muchos, pero no tantos como para otorgarles a sus partidos una mayoría sistemática de votos.
Es cierto que el panorama era bien distinto hasta la década de 1950, cuando comenzó la gran inmigración de otras partes de España a Cataluña; en aquella época, los catalanoparlantes sí predominaban claramente en la población. Pero también es verdad que sin aquel aporte migratorio, el número de habitantes y el PBI de Cataluña no serían lo que son hoy. Cataluña es hoy viable como posible Estado independiente gracias a su robusta población y economía, y la paradoja es que no puede lograr la secesión precisamente porque el sector que le permitió alcanzar esa solidez demográfica y productiva —el de los inmigrantes de habla castellana— no está interesado en desgajarse del resto de España.
Lejos de la imagen de un matrimonio mal avenido que se tiene que separar, entonces, la metáfora correcta para la situación actual de Cataluña es la de un cónyuge cuya mitad derecha se desea divorciar, mientras que la mitad izquierda quiere seguir casada. Ninguna negociación sobre independencia tendrá sentido mientras Cataluña no se ponga de acuerdo consigo misma, resuelva sus contradicciones internas y pueda hablar con una sola voz. Actualmente no es ese el caso, pero con suficiente inteligencia el independentismo podría trabajar para ganarse primero el interés y después el voto del sector social que le es tozudamente refractario. Para ello debe hacer gestos concretos hacia ese grupo que demuestren interés por sus inquietudes y sensibilidades. Una primera idea podría ser traducir la página del presidente de la Generalitat al castellano.
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