Opinión

La Justicia bajo fuego

Claves. Los atentados que sufren los integrantes del Poder Judicial.

Jueves 30 de Agosto de 2018

Desde que terminó el juicio contra la banda Los Monos, la administración de justicia provincial ha sido el blanco de más de trece atentados. La saga comenzó con las balaceras contra dos viviendas que habían pertenecido al presidente del tribunal de juicio oral que condenó a jefes y miembros de la organización criminal. Hasta ahora, ya son cinco los jueces vinculados a la causa que sufrieron ataques intimidatorios a balazos. Por si hiciera falta despejar alguna duda, a pocos metros de uno de los edificios baleados, la policía encontró un cartón con un mensaje escrito: "Con la mafia no se jode".


Algunos ciudadanos, más por ingenuidad que por malicia, o tal vez por el mero hábito de despreciar a la Justicia, reaccionan diciendo que los jueces tienen que soportar esos ataques, que forman parte de los riesgos propios de su trabajo, que para algo cobran sus sueldos. Ciertas figuras del periodismo de la indignación, sabedoras de que muchas veces la bronca paga más que el espíritu crítico, festejan que los jueces reciban una probada de la inseguridad que permanentemente padecen el resto de los ciudadanos. En un mismo discurso ofuscado, además de exigir que los magistrados pongan el pecho a las balas, incluyen reclamos por la feria judicial, el horario de atención al público, la exención del impuesto a las ganancias. Muchos desprevenidos aplauden esos comentarios; los seguidores de la banalidad se cuentan a montones.

Pero la frivolidad de esos razonamientos no los vuelve inocuos. Pretender que los jueces soporten semejante violencia como parte natural de sus funciones que conlleva riesgos enormes que amenazan la integridad del Poder Judicial. ¿Por qué razón los magistrados deben abandonar su condición de intelectuales para convertirse, no ya en héroes, sino en mártires a los que se les demanda sacrificar la vida en cumplimiento del deber? No puede perderse de vista una premisa básica: la Justicia aspira a captar los mejores operadores del derecho para cubrir sus cargos. Pero los más idóneos, los mejor capacitados, los más lúcidos difícilmente se sientan seducidos por un trabajo que, por lo visto, ahora también les exige que estén dispuestos a morir en un combate del que ni siquiera deberían ser parte. Si se consiente esa lógica, la Justicia se irá vaciando de sus mejores valores y sólo quedarán aquellos necios o inocentes que crean que con las destrezas adquiridas en la carrera de abogacía pueden hacerle frente a una ráfaga de balas disparadas por una pistola automática.

El Ejecutivo, lejos de acusar recibo de la gravedad institucional de la situación, se maneja como si se tratara de otro tema más en la agenda política. Su mentalidad electoral provoca que la batalla contra los narcos también pase por el tamiz mediático: parece que lo que se muestra es más importante que lo que se hace. Frente a los hechos ocurridos, el gobierno provincial recurrió a una movida de manual y procuró quitarse de los hombros la entera responsabilidad de la crisis. Once años bajo una misma bandera partidaria le impidieron acudir al argumento de la herencia, así que la estrategia fue compartir culpas con el Poder Judicial. Poco importó desnaturalizar la función de los jueces haciéndolos cargar con la responsabilidad ajena del fracaso de las políticas públicas de seguridad. Que la propia Justicia sea al mismo tiempo víctima de los desaciertos del Ejecutivo, que no logra brindarle garantías de actuación, pasó a ser un dato secundario. Incluso, sin sonrojarse ni reparar en la manifiesta ofensa a la división de poderes, un ministro recomendó públicamente a los jueces cómo calificar penalmente las conductas de los delincuentes y pidió que fueran más severos con las prisiones preventivas durante los procesos judiciales.

El poder político se presta al juego de las mafias que consiste, justamente, en provocar un desgaste institucional del que puedan beneficiarse. Es la lógica del terror. Los ataques son una demostración de poder con múltiples destinatarios: para las bandas rivales que buscan disputarles el negocio de las drogas, para los fiscales y policías que tienen que investigarlos, para los testigos que pretenden declarar en su contra, para los jueces que deben fallar en sus causas, para los funcionarios responsables de sus condiciones penitenciarias. La organización busca mostrar que con las detenciones no ha menguado su poder de fuego y que aún cuenta con una inagotable fuente de nuevos reclutas dispuestos a cumplir sus órdenes.

Mientras en los tribunales los abogados despliegan sus estrategias para imponerse en los asuntos que todavía no han sido resueltos —nuevos juicios provinciales y federales, apelaciones de condenas, pedidos de traslados, denuncias de habeas corpus—, Los Monos libran su propia batalla con las herramientas que mejor saben manejar: la violencia y el miedo. La imposibilidad de impedir que se cometan nuevos ataques ha dejado a los criminales en una situación privilegiada, ahora creen tener algo con que negociar e insistirán en sus aterradores métodos hasta tanto consigan lo que se proponen.

Una vez más, el narcotráfico pone a la democracia contra las cuerdas, pero someterse a las pretensiones de los grupos delictivos no es una posibilidad para ninguno de los poderes del Estado. Seguramente vendrán nuevos hechos de violencia, y el reclamo de la ciudadanía contra quienes deben garantizar la seguridad pública estará, naturalmente, más que justificado.

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