La desaforada ambición de poder de los porteños

La disputa entre el centralismo porteño y las provincias fue históricamente y también lo es en la actualidad una pelea por el reparto de millonarios recursos del Estado nacional, pero en el fondo es una lucha por el modelo de país. Una pulseada profundamente política.

La declamada autonomía porteña, otorgada por la reforma de la Constitución nacional de 1994, no tuvo otro efecto que profundizar el desmedido poder de la gran metrópoli sobre el resto del país. Nadie plantea que al jefe del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires no lo elijan los porteños y lo vuelva a designar el presidente de la Nación, pero otra cosa es que haya un predominio asfixiante de Buenos Aires.

Esto se expresa, entre otras cosas, en una sobrerrepresentación legislativa en el Congreso nacional. La ciudad de Buenos Aires tiene 25 diputados contra 19 de la provincia de Santa Fe, solo a modo de ejemplo, cuando su población es inferior (2,9 millones contra 3,4 millones). Y también cuenta con tres miembros en el Senado, como si fuera una provincia, cuando es simplemente una ciudad donde está la sede del Estado federal (solo a modo de comparación: Washington DC, oficialmente Distrito Columbia, no tiene derecho a ningún tipo de representación en el Senado de EEUU).

La hegemonía porteña también sale a la luz cuando se repasa que de los últimos cinco presidentes electos en las urnas, tres surgieron de la ciudad de Buenos Aires (Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Alberto Fernández), y dos fueron jefes de Gobierno porteño.

Este predominio se consolidó aún más en las últimas décadas con la concentración de los medios porteños y su expansión nacional. El resultado se palpa todos los días: la mirada porteña construye y domina la agenda y el debate en Argentina. Los contenidos de todos los canales de noticias que se ven simultáneamente en el país son producidos dentro de la avenida General Paz. Todo está tan centralizado que no hay ningún medio del interior que tenga llegada nacional más allá de la difusión de alguna noticia puntual. Así, las voces de los habitantes de las provincias no valen lo mismo que las de Buenos Aires en el debate mediático. Para los medios de alcance nacional pero de pantalla porteña un accidente de tránsito menor en la avenida 9 de Julio tiene más importancia que un paro total de colectivos durante semanas en cualquier ciudad del interior del país.

Es que a pesar de ser federal, Argentina es el país más centralizado de América latina. Todos los poderes se concentran en la ciudad de Buenos Aires. También el económico: allí tienen sus sedes las firmas comerciales e industriales más importantes con actividades en todo el país, las multinacionales, y las casas centrales de los mayores bancos y financieras. Y funciona el puerto de contenedores por donde entra la mayoría de los productos importados que se consumen en toda Argentina.

Todo esto se traduce también en otras inequidades, como la asignación de los recursos públicos nacionales, que en lugar de compensar las desigualdades regionales para producir un desarrollo más equilibrado territorialmente, las profundiza. La ciudad de Buenos Aires concentra históricamente de manera desequilibrada desmedidos porcentajes del presupuesto nacional por el solo hecho de ser la capital del país, es decir el asiento de las autoridades federales, y porque simultáneamente se ve beneficiada en el reparto de fondos. Gran parte de la infraestructura que hizo de Buenos Aires una de las ciudades más importantes del continente fue solventada con dineros de la Nación. La amplia red de subtes, que en 1913 se convirtió en la primera de Latinoamérica, es solo un ejemplo. Y hasta los bosques de Palermo es otro (es como si el parque Independencia se hubiera pagado con fondos nacionales). La ciudad de Buenos Aires, gobierne quien gobierne a nivel nacional, siempre se ve beneficiada en comparación a las provincias, pese a que es el distrito más rico del país.

Como muestra basta otro botón: el Ministerio de Cultura de la Nación tendrá para el próximo año un presupuesto total de $9.134 millones, de los cuales $7.949 millones (el 90%) los gastará en la ciudad de Buenos Aires (todos sus museos e institutos tienen sede allí). Por solo unos segundos habría que imaginar qué impacto tendría si la Nación invirtiera en el área cultural esa cifra en Rosario, Tucumán, Posadas o Neuquén.

Durante el gobierno de Macri la ciudad de Buenos Aires recibió también millonarias inversiones de la Nación en obras públicas (la autopista Paseo del Bajo, por ejemplo, que consumió 700 millones de dólares). Estas contrastaron con las que a cuentagotas llegaron al resto del país y en particular a la provincia de Santa Fe y Rosario (no se terminó ni siquiera la modesta restauración del Monumento a la Bandera y ni hablar de cumplir con la promesa de transformar las rutas 33 y 34 en autopistas).

Es en este marco que el Senado se apresta a votar esta semana el proyecto, que ya tiene media sanción en Diputados, que deroga el decreto que firmó en 2016 el entonces presidente Macri que dispuso un grotesco aumento del 167% de las transferencias de recursos federales a la ciudad de Buenos Aires (del 1,4 al 3,5 por ciento) con la excusa del traspaso de la policía.

Si alguno tiene dudas sobre cómo funcionan el centralismo porteño y sus dispositivos, estas se disipan con sólo observar cómo se mueven los diferentes actores políticos y mediáticos detrás de este tema. Pretenden instalar que son víctimas cuando son victimarios y reducir la cuestión del federalismo a la vieja grieta peronismo-antiperonismo empobreciendo y desnaturalizando el debate.

Si algo no ha perdido el centralismo porteño es su desaforada ambición de poder.