Exijamos más democracia

En 1984 tenía apenas 3 años cuando el presidente Raúl Alfonsín llamaba –por primera y única vez en la historia– al pueblo argentino a pronunciarse en las urnas mediante el mecanismo de Consulta Popular, acerca del conflicto del Canal de Beagle.

Alfonsín quería evitar un conflicto bélico que hubiese cambiado la historia del continente. Era presionado por las Fuerzas Armadas argentinas, que deseaban eludir el Juicio a las Juntas recuperando el poder sobre la sociedad y por el régimen pinochetista que necesitaba un enemigo externo para profundizar su proceso de genocidio en Chile.

Era una Argentina lastimada por la cruel dictadura y la inexplicable guerra de Malvinas, "...queremos que todos los argentinos participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que constituye un elemento de tensión con Chile hace un siglo", dijo Raúl Alfonsín a la ciudadanía. Argumentaba que "es un problema territorial, no una ley más, que, si no lo cerramos con la voluntad explícita de la opinión pública, se abrirá de nuevo en uno o dos años, y queremos sellarlo definitivamente".

La consulta

El 25 de noviembre de 1985, el 70,17% del padrón electoral respondió a la consulta popular. El "Sí" obtuvo el 81,13% de los votos; y el "No", el 17,24%. Los votos en blanco no llegaron al 2%.

Nunca más en nuestro país hubo una participación semejante de la gente, ni un SI fue tan claro y contundente como en esa ocasión. Cuatro días después, el 29 de noviembre de 1984, los cancilleres Caputo (Argentina) y Jaime del Valle Alliende (Chile) firmaron el Tratado de paz y amistad en el Vaticano, poniendo fin a un conflicto que llevaba casi un siglo y nos había dejado al borde de otra guerra.

Fue el propio pueblo argentino quien evitó lo que hubiese sido una matanza absurda e irreconciliable. Alfonsín supo buscar, en el pueblo, la sabiduría que escasea en las dirigencias de un país.

Ejercitar el músculo

democrático

Hoy, con 37 años y una hija pequeña –no tanto como yo en el 84– presencio nuevamente un proceso de Consulta Popular, esta vez en mi provincia. Puedo palparlo, saborearlo, y estoy segura que lo recordaré como un momento en que pude ser parte de nuestra historia. Que nos dejaron y que lo hicimos.

Es que el gobernador Miguel Lisfchitz convocó, conjuntamente con las elecciones 2019, al pueblo santafesino a que se expida por el SI o por el NO respecto de la oportunidad de reformar la Constitución de Santa Fe durante el próximo período parlamentario 2019/2023.

Algunos prestigiosos juristas ven con cierta preocupación la posibilidad de convocar al electorado a opinar sin demasiada información. Lo perciben como confuso y arriesgado tratándose de una consulta popular, por un SI o un NO, en un proceso tan complejo como es la reforma de un cuerpo normativo fundamental. Y es allí donde reside el principal desafío del gobernador y los suyos de contarnos, convencernos y sincerarse con la gente, en relación al contenido y necesidad de dicha reforma, y preguntarle a la ciudadanía si cree conveniente y oportuno reformar una Constitución –que data de 1962– dando lugar a un debate plural y abierto, en el cual tanto gobierno como cada partido o agrupación política, asociaciones civiles y la ciudadanía toda sean protagonistas.

No es cierto, luego del 1994, que el pueblo no delibera ni gobierna sino, solamente, a través de sus representantes.

No es cierto que el poder constituyente lo tengan un grupo de legisladores, que muchas veces legislan encerrados en sus recintos, mirando sus ombligos y pensando en la próxima elección.

El pueblo es constituyente originario. Su poder reside, precisamente, en la soberanía popular y no podemos –ni debemos– ejercerlo únicamente en las urnas una vez cada dos años, eligiendo propuestas cerradas y muchas veces desconocidas. Es lo que quieren hacernos creer: que el pueblo sólo delibera y gobierna a través de sus representantes. Parecería letra muerta y enterrada, pero en 1994 el constituyente incorporó mecanismos de democracia directa, como la iniciativa popular de leyes y la consulta popular o plebiscito, que pueden tener una enorme importancia, en asuntos de trascendencia pública, tales como evitar una guerra, reformar una constitución o controlar y conocer el manejo de lo público mediante solicitud de informes a las instituciones y de evolución patrimonial a sus representantes.

Tampoco es cierto que vayamos a votar un proyecto fracasado. Y es aquí donde debemos exigir explicaciones de cuáles son los proyectos presuntamente "fracasados" y los motivos del naufragio. Y es precisamente, ante los "naufragios" –deliberados la mayoría de las veces– del sistema de representación en asuntos de vital importancia, en donde se hacen necesarios los mecanismos de democracia directa como es, en este caso, la consulta popular. "Fracasos" y "naufragios" hoy invocados por quienes, intencionalmente –o no– colaboraron para que la reforma constitucional no se aprobara en la Legislatura el año pasado.

¿A que le temen?

Es inaceptable el argumento de que la reforma constitucional no es fundamental y "a la gente no le importa". Como inadmisible es, también, tolerar una Constitución que incumple el mandato del constituyente nacional del 94.

Los constituyentes de 1962 dieron un inmenso aporte hace 57 años. Eran otros tiempos, al punto que la asamblea constituyente estaba conformada por 58 convencionales varones y solo 2 mujeres. En tiempos en que se consolida la paridad de género nos toca a varones y mujeres, a la par, hacerlo esta vez.

Nuestros representantes tienen la obligación y el deber de explicarle, al ciudadano, que la reforma constitucional atraviesa, transversalmente, los problemas de la gente: la cuestión de género; la introducción de los nuevos derechos de tercera y cuarta generación y derechos humanos; la reforma necesaria del sistema judicial dotando al Consejo de la Magistratura de jerarquía constitucional; la institución de los Juicios por Jurados que legitimen y democraticen la tan vapuleada justicia santafesina; la autonomía municipal que permitirá a los municipios dictar sus propias cartas orgánicas y tener recursos e ingresos propios; la limitación de la reelección por solo un período de legisladores, intendentes, concejales y gobernador, terminando de este modo con los cargos vitalicios de senadores y diputados, entre otras reformas de vital importancia y de necesaria discusión y conocimiento popular.

No les creo a quienes se oponen a la Consulta Popular por cuestiones de "forma" o a quienes la rechazan porque no está prevista en la actual Carta Magna –como no estaba contemplada cuando Alfonsín convocó a la ciudadanía por el conflicto del Beagle–. No les creo cuando paradójicamente, dicen que la Constitución provincial se "nutre" de los nuevos derechos incorporados a la Constitución Nacional en el 94, a partir de la "cláusula de enganche" del art. 6 CP; pero niegan que a partir de esa misma norma "ingresen" los mecanismos de democracia directa, como es en este caso la norma del art. 40 CN, que permite al ejecutivo –mediante decreto– llamar a consulta popular no vinculante.

El miedo está, en realidad, en abrir la discusión, en transparentar y democratizar el proceso. Hacerlo, sería reconocer egoísmos e ineptitudes históricas de quienes transitan la zona del confort institucional, sin ensuciar sus zapatos.

Desde la vuelta de la democracia, distintos gobernadores quisieron activar el proceso de reforma y se encontraron con la oposición de quienes creen que lo esencial es impedir que el bronce de la historia se lo ponga alguien con quien tienen diferencias.

Durante 23 años, nuestros legisladores provinciales determinaron que no era interés "de la gente" cumplir con la Constitución Nacional. Hubo ocho proyectos para adherir al Estado santafesino a la ley 24.744 de reglamentación de la iniciativa popular ordenado por el art. 39 de la CN. Todos perdieron estado parlamentario. Quedaron en el "olvido". Aquello que los representantes debían aprobar, para someterse al control y participación directa del ciudadano, fue lo que siempre quedó "para después". Esto tampoco puede esperar, los mecanismos de democracia directa son un derecho otorgado al ciudadano argentino y los legisladores nos los han negado durante dos décadas y media. Podrán decir que no es un "problema de la gente", pero nosotros sabemos que es a la inversa, para muchos representantes la "gente es su problema".

"No porque no" es darle la espalda a la sociedad, una vez más.

Desde Alfonsín a la fecha ha pasado mucho tiempo. La democracia no es la misma. La democracia requiere el ejercicio constante de la discusión y participación permanente y activa, no solo en las urnas cada dos años.

Exigimos consulta popular.

Exigimos más democracia. Democracia directa.