Muchos no lo saben, pero el país está en guerra. Se trata de un conflicto que insume millones de dólares y en el que las víctimas se cuentan de a miles. Lejos de debilitarse, el enemigo se vuelve cada día una amenaza mayor. La paz parece un ideal inalcanzable. Me refiero a "la guerra contra las drogas": la política beligerante impulsada por la comunidad internacional con el objetivo de conseguir un mundo libre de drogas. Durante décadas las naciones apuntaron sus aparatos de seguridad y judiciales contra los transgresores de la prohibición de producir, vender y consumir estupefacientes, creyendo que así protegerían la salud y el bienestar de la humanidad.
La realidad se encargó de demostrar lo contrario; el consumo y el narcotráfico se han consolidado en el mundo entero. El fracaso de las viejas estrategias obliga a una reforma urgente. El primer paso es comprender que el problema del consumo no se resuelve desde de la justicia penal. La ley argentina todavía castiga con prisión la tenencia para consumo personal, pese a que hace más de treinta años la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de ese delito, lo que genera inseguridad jurídica y expone a los ciudadanos a abusos policiales.
El enfoque criminalizante se limita a etiquetar a los consumidores como delincuentes, pero no se preocupa por el impacto de los estupefacientes en la vida de los usuarios ni por el peligro implicado en que la única fuente de abastecimiento sea el mercado ilegal. Tampoco se contemplan los factores personales, sociales, psicológicos o físicos que conducen a las drogas. Todo se reduce al castigo, lo que agrava los daños, pero no desalienta la demanda.
Si se pretende preservar la salud de las personas, cuesta imaginar un método más contraproducente que el encarcelamiento. Las prisiones son lugares degradantes y nocivos, donde el consumo aumenta exponencialmente, junto con el riesgo de contraer enfermedades infecciosas como sida, hepatitis C y tuberculosis.
La solución es despenalizar el consumo y abordarlo como un problema de salud pública. Muchos países han abandonado la persecución de los usuarios y, pese a los pronósticos catastróficos, los índices de consumo no se han disparado. Las estadísticas respaldan experiencias como la de Uruguay con la marihuana, la de Nueva Zelanda con las nuevas sustancias psicoactivas o la de Portugal que desde el 2001 implementa un exitoso plan de acción enfocado en la prevención, tratamiento, rehabilitación y reducción de daños.
Pero los reveses de la fallida política mundial de drogas son aún más preocupantes. La prohibición no sirvió para mitigar la producción y comercialización, sino que las empujó a manos de delincuentes. Se generó una fuente clandestina de recursos y poder de la que se nutren los peores males de la actualidad.
Grupos terroristas en todo el mundo se financian gracias al narcotráfico. Los talibanes de Afganistán obtienen la mitad de sus ingresos de las drogas, en especial por su dominio sobre los cultivos de adormidera (materia prima del opio). En Colombia, hasta los acuerdos de paz, las Farc controlaban las plantaciones de coca e intervenían en el tráfico de cocaína. Además, existen indicios de que el Estado Islámico, Boko Haram y Al Qaeda del Magreb Islámico lucran con el narcotráfico.
La lucha armada contra los narcos nunca dio resultados. El paradigma de ese fracaso es México, donde la desesperación ante el irrefrenable poder de los cárteles condujo al gobierno a involucrar al ejército. La respuesta militarizada elevó la violencia a niveles insostenibles y tuvo altísimos costos materiales y humanos, pero resultó ser un paliativo desproporcionado; una y otra vez esas mafias consiguieron rearmarse, impulsadas por las ganancias de un mercado insaciable.
También en nuestro país el negocio de las drogas florece en manos de bandas criminales. Es ingenuo ver con optimismo las noticias de incautaciones y detenciones que aturden en los medios. Detrás de cada kilo que se secuestra, cientos llegan a su destino. Por cada jerarca que muere o es encarcelado, diez esperan para ocupar su lugar. Las disputas territoriales y de poder se resuelven mediante enfrentamientos a muerte y para esas batallas los soldados los aporta la pobreza.
En contextos de marginalidad extrema, con nula posibilidad de movilidad socioeconómica, el narcotráfico se asemeja a la salvación. En cuestión de meses, alguien que arrastraba un carro pasa a conducir un auto deslumbrante y le tiende la mano a todo aquel que esté dispuesto a arriesgar su vida y su libertad. No hay trabajo, incentivo o subsidio que pueda competir con esa tentación. Son instantes de lujo o una condena a la pobreza: demasiados apuestan al lujo.
Debajo de esa cara, la más expuesta y violenta, la de búnkeres y soldaditos, dealers y clanes, venganzas y sicarios, debajo de ese submundo de exclusión y muerte, hay un entramado de ilegalidad que atraviesa a la sociedad y llega hasta lo alto del poder. El negocio de las drogas involucra a empresarios, políticos, funcionarios judiciales y de seguridad; no hay obstáculo que no pueda ser comprado o removido. La fortuna de las drogas infecta las instituciones democráticas y alimenta al lavado y la corrupción, los dos principales ingredientes en las fórmulas del subdesarrollo y la pobreza.
¿Qué hacer, entonces, para desbaratar un negocio que se beneficia de su propia ilegalidad y devora a quienes deberían combatirlo?
Reconocidos intelectuales y líderes mundiales recomiendan que los gobiernos asuman el control de los mercados de drogas. La única forma de reducir el poder de las organizaciones criminales es cortar sus ingresos. La existencia de mercados legales va a permitir la fiscalización de las sustancias y que las ganancias se destinen a políticas públicas de prevención y reducción de consumo y no a enriquecer a delincuentes.
La guerra contra las drogas es una estrategia obsoleta. En vez de radicalizar los mismos métodos esperando distintos resultados, ha llegado la hora de tomar decisiones pragmáticas que prioricen la salud y la seguridad de todos.
Por Agustín Genera
