¿El Senado santafesino es una institución conservadora?

¿La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe es una institución retrógrada? La pregunta puede sonar retórica, pero es un interrogante que aparece y reaparece cada vez que esa cámara frena proyectos que intentan sacar a esta provincia del anacronismo o vacío legal que impera en ciertas áreas. Iniciativas que en cambio logran media sanción en Diputados, una institución que al menos muestra síntomas de mayor modernidad. Hay quienes atribuyen a los senadores provinciales sostener sistemáticamente posiciones en defensa del statu quo y ser reacios a cambios políticos, económicos, sociales y culturales más acordes a los tiempos actuales. Pareciera que ese es el espíritu que predomina en esa cámara legislativa. Y hay senadores que no hacen mucho esfuerzo para que se piense lo contrario (algunos hace años que están en las bancas porque reeligen eternamente y se mueven como caudillos en sus departamentos).

El jueves pasado la Legislatura santafesina finalmente pudo sancionar la esperada ley de paridad de género en la composición e integración de los tres poderes del Estado y asociaciones, consejos y colegios profesionales. Un proyecto que en los últimos años había tenido dos medias sanciones de Diputados, pero que terminaron en el cajón del Senado. Ahora finalmente la Cámara alta cedió a las demandas sociales y se logró este gran avance aunque con algunas limitaciones (por imposición de los legisladores radicales no incluye la fórmula a gobernador y vice). Y, claro está, la ley no toca al Senado porque tal cual está redactada no se puede aplicar en esa cámara, que está integrada por un representante por cada uno de los 19 departamentos (actualmente hay una mujer y 18 varones, y con la nueva ley esta desigualdad de género tranquilamente se puede seguir repitiendo).

Pero hay otras iniciativas clave que directamente no logran sortear las barricadas del Senado: por ejemplo, al día de hoy Santa Fe no tiene ley provincial de educación, tampoco de acceso la información pública, ni de educación sexual integral (ESI). En los últimos años estos tres proyectos fueron boicoteados por la Cámara alta sosteniendo posiciones que se muestran inconmovibles y que parecen inmunes a la realidad.

• El proyecto de ley de acceso a la información pública habilita a cualquier ciudadano a solicitar datos a los tres poderes del Estado provincial. Un derecho que consagra la propia Constitución nacional desde la reforma de 1994, pero que en Santa Fe no rige por ley. Desde 2002 la Cámara de Diputados ha intentado en distintos períodos avanzar con este tema. Tal es así que durante estos 18 años dio ocho veces media sanción a iniciativas en este sentido (la última en agosto pasado), pero éstas chocaron con la férrea resistencia del Senado, que se negó a aprobarlas. Evidentemente, lo que molesta de la norma es que también involucre al Poder Legislativo. Cada vez que le llegó un proyecto en este sentido apostó a no tratarlo para que pierda estado parlamentario o a modificarlo poniéndole cláusulas restrictivas para que no se convierta en ley. “La democracia tiene sus límites y no cualquiera puede pedir la documentación de actos de gobierno”, llegó a decir en 2005 el senador Joaquín Gramajo (del departamento 9 de Julio), que ocupa esa banca desde hace un cuarto de siglo (25 años) y todavía tiene mandato hasta 2023 (es peronista, pero en la última elección fue en alianza con el Frente Progresista llevando la candidatura a gobernador de Antonio Bonfatti). ¿La democracia tiene sus límites?
• Santa Fe tampoco cuenta con una ley provincial de educación. Tiene el deshonor de ser el único distrito de todo el país que carece de ella. En 2017 el entonces gobernador Miguel Lifschitz presentó un proyecto en la Legislatura tras realizar durante un año consultas con toda la comunidad educativa. La iniciativa promovía el derecho a una educación inclusiva y fundada en el carácter público, gratuito y laico. Esta iniciativa junto a otras cinco que ya había en la Cámara de Diputados se unificaron y en septiembre de 2018 obtuvo media sanción con el voto unánime de todos los legisladores. La misma pasó al Senado, pero el año pasado perdió estado parlamentario por falta de tratamiento en tiempo y forma (la dejaron morir en las comisiones). Es que el reclamo para que no sea aprobada por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica santafesina encontró un campo muy permeable en la Cámara alta (leer acá). El 11 de mayo pasado el diputado Rubén Giustiniani insistió con el tema al ingresar nuevamente un proyecto de ley de educación, que ahora busca otra vez su aprobación.

5 de octubre de 2018. Los arzobispos de Rosario, Eduardo Martín, y de Santa Fe, Sergio Fenoy; y el obispo de Rafaela, Luis Fernández, se hicieron presentes en el Senado para plantear sus objeciones a la ley de educación provincial. Los recibieron el entonces vicegobernador y titular de la Cámara alta, Carlos Fascendini, y los legisladores radicales Orfilio Marcón, Rodrigo Borla y Felipe Michlig.

• Y por si fuera poco, en 2006 el Congreso nacional sancionó la ley que crea el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), pero la provincia tampoco tiene aún una norma propia sobre el tema. De todos modos, bajo el paraguas de esa ley federal, Santa Fe ya puso en marcha en las escuelas la educación sexual, segura, científica y acorde a la edad. Pero como carece de legislación no se implementa de manera obligatoria en todos los establecimientos educativos públicos y privados. Quienes impulsan esta iniciativa destacan que la ESI no sólo garantiza derechos, sino que además es una herramienta clave en la prevención de violencia y abusos. Justamente, gracias a este programa se pudieron detectar en la provincia durante el ciclo lectivo del año pasado 493 casos de abuso sexual infantil y adolescente. En junio de 2018 el proyecto provincial de ley ESI tuvo media sanción en Diputados. Pero el Senado, haciendo lugar nuevamente a pedidos de la cúpula eclesiástica y de pastores evangelistas, no la trató y así perdió estado parlamentario. El pasado 7 de septiembre Diputados volvió a aprobar la iniciativa (solo se opusieron las bancadas macrista y celeste) y ahora la definición está nuevamente en manos de los 19 senadores provinciales (once peronistas, siete radicales del Frente Progresista y uno de Juntos por el Cambio).

Todo esto ocurre en la provincia de Santa Fe en pleno siglo XXI. ¿Será ley?