El crimen del fotógrafo José Luis Cabezas hace 25 años en Pinamar sacudió a la sociedad argentina y aceleró el comienzo del fin del menemismo, que empezaba a cerrar su largo y polémico ciclo en el poder.
Por Mariano D'Arrigo
El crimen del fotógrafo José Luis Cabezas hace 25 años en Pinamar sacudió a la sociedad argentina y aceleró el comienzo del fin del menemismo, que empezaba a cerrar su largo y polémico ciclo en el poder.
El asesinato del reportero gráfico avivó las brasas de la interna del peronismo, donde pulseaban Carlos Menem, que ya había agotado el cartucho de la reelección, y el entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, el candidato puesto para las presidenciales de 1999.
Convencido de que le “habían tirado un muerto”, Duhalde trató de exprimirle todo el jugo político al caso. Incluso circuló que el caudillo de Lomas de Zamora estaba convencido de que el apellido del fotógrafo muerto era ya un mensaje hacia él, apodado Cabezón.
El desarrollo de la investigación puso en el foco a Alfredo Yabrán, el vidrioso empresario postal dueño de OCA que empezó su meteórico ascenso durante la última dictadura militar y que se había convertido en uno de los hombres de negocios más cercanos al poder.
Menem, Duhalde y Cavallo, tres figuras clave de los '90 divididos por Yabrán y el caso Cabezas
Cabezas había cometido el pecado imperdonable de haberle tomado una foto a Yabrán un año antes, en el verano de 1996, en Pinamar. “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro la frente”, había dicho el empresario, celoso de un perfil bajo que en estos días donde todos tienen una cámara fotográfica en el bolsillo sería imposible de sostener.
Justamente, en 1996 el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, que hacía lobby para abrirle la puerta del negocio postal a empresas estadounidenses, había denunciado en el Congreso que Yabrán "lideraba una mafia enquistada en el poder".
La recordada definición del dueño de OCA en una entrevista con Mariano Grondona -”el poder es tener impunidad”- no ayudó a dispersar las sospechas que lo rodeaban, sino todo lo contrario.
De hecho, la investigación judicial probó la relación entre Yabrán, un grupo de policías bonaerenses y delincuentes de la banda Los Horneros. Procesado por la Justicia como instigador del asesinato de Cabezas, el empresario nunca llegó al juicio: se suicidó en un campo en Entre Ríos, el 20 de mayo de 1998, acorralado por la policía.
La movilización de la clase media, una de las claves del avance de la causa judicial
Si la causa avanzó hasta ese punto fue, en buena medida, por el trabajo de Cabezas, que favoreció que el tema dominara la agenda pública durante meses, y la movilización de la clase media, enojada con el menemismo más por sus costados más irritantes -la pizza con champagne, la corrupción- que por un modelo económico, la convertibilidad, que había servido como torniquete a la inflación pero ya empezaba a estrangular a la economía.
Además, todavía estaba fresco en la memoria colectiva el atentado a la Amia, cometido sólo dos años y medio antes, en el que se concentró todas las falencias y la podredumbre del Estado argentino, desde la ineficacia para detectar y prevenir un ataque terrorista, hasta el vínculo espurio entre política, fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia.
Los arquitectos de la flamante Alianza, que todavía no existía en el verano del ‘97, entendieron hacia dónde soplaban los vientos políticos y se subieron a la ola de bronca de los sectores con el menemismo.
Derrotados por separado en las presidenciales de 1995, la UCR y el Frepaso, que agrupaba a dirigentes del peronismo que habían roto con el menemismo- encontraron en la transparencia y el sostenimiento del 1 a 1 entre el peso y el dólar las banderas para ganarle al peronismo en las elecciones intermedias y, dos años después, llegar a la presidencia.
La Alianza capitalizó el malestar de la clase media con el menemismo
La historia es conocida: la Alianza se partió menos de un año después de llegar a la Casa Rosada, la convertibilidad se quedó sin nafta, la conducción de Fernando de la Rúa se evaporó y la última coalición no peronista antes de Cambiemos chocó de frente en diciembre de 2001.
A diferencia del asesinato del conscripto Omar Carrasco, cuando Menem agarró el escándalo por las astas y lo aprovechó para terminar de liquidar el poder militar, el caso Cabezas atravesó el último tramo de su mandato, en el que coqueteó con una presentación en la cuestionada Corte Suprema de Justicia de la Nación que lo habilitara para presentarse a la reelección, pero la luz verde nunca llegó.
Después de las presidenciales de 2003, cuando le ganó a Néstor Kirchner en la primera vuelta pero se bajó del balotaje, Menem se recluyó en su La Rioja natal y el Senado y nunca pudo volver a ser una figura central de la política nacional.
A más de dos décadas del crimen de Cabezas, el trámite judicial dejó un gusto agridulce en sus familiares. Gladys, hermana de José Luis, considera que "no se hizo justicia". Ninguno de los condenados por el asesinato permanece en la cárcel: todos -ex policías e integrantes de Los Horneros- están en libertad por su buena conducta durante su detención o fallecidos.
El recuerdo del fotógrafo suspende por un momento la dinámica agrietada de la sociedad, la política y el ecosistema mediático de la Argentina. En este punto, vale la mirada panorámica: de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), desde 1993 fueron asesinados en todo el mundo 1492 periodistas. En la región encabezan el ranking México, con 132 crímenes; Brasil, con 51, y Colombia, con 48. En la Argentina, sólo se registro uno: José Luis Cabezas.