La salida del Grupo de Lima de la Argentina parece un sincericidio, una confesión del Gobierno. Sin dudas tomó la decisión bajo la potente influencia de Cristina, la verdadera y única figura fuerte del Gobierno. Con un vocabulario áspero (las acciones del Grupo de Lima, dijo la Cancillería, "no han conducido a nada"), se decidió salir del Grupo, del que la Argentina había formado parte desde su nacimiento en 2017. La prensa chavista celebró como si la "Vinotinto" le hubiera convertido un gol a los EEUU.
Hay varios planos en el asunto. El más pragmático e inmediato mira a Washington, donde ese mismo día, martes 24 de marzo, el ministro de Economía negociaba con el FMI.
Pero se debe mirar con mayor amplitud, más allá de la urgencia de la agenda del ministro Guzmán y de la vapuleada economía nacional. Y cuando se pone a esta decisión en un cuadro de Relaciones Internacionales, es claro que se ha querido hacer un gesto fuerte, enviar una "señal" que se sienta en todos lados, que salte en todos los radares. Pese al costo inmediato que produce en las relaciones con los países latinoamericanos, con EEUU y la Unión Europea. Desde el martes 24, Argentina está más aislada en la región.
Más allá de que, desde la Cancillería, dijeran luego en off a la prensa que lo que se busca en realidad es seguir negociando junto al Grupo de Contacto (formado por la UE y de forma individual por España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, entre otros, y varios países latinoamericanos. Argentina se sumó en agosto de 2020) y lograr unas nuevas elecciones presidenciales en las que Maduro compita, pero esta vez en serio. Sin embargo, el comunicado oficial no invoca al Grupo de Contacto como instrumento de trabajo en el tema, justo cuando descarta en duros términos a otro conjunto institucionalizado de naciones, el Grupo de Lima. Sí es cierto que menciona sus objetivos, unas elecciones limpias, y hace una advertencia a Caracas. Pero sobre todo cita las violaciones a los DDHH documentadas por la ONU en Venezuela... pero solamente en relación a los efectos de las sanciones de EEUU. O sea, hace un recorte brutal de los informes del organismo que dirige Michelle Bachelet y de su equipo en Caracas. Dice la Cancillería: "las sanciones han afectado el goce de los derechos humanos de la población venezolana, de acuerdo a lo que se constata en el informe de la Relatora Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos".
En contraste, el informe de la ONU apunta de manera directa al Gobierno chavista. En su reporte de septiembre de 2020 se reiteran las denuncias hechas por Bachelet en 2019 y se las actualiza con nuevos casos documentados. “La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, la relatora y presidenta de la misión en Venezuela. Agrega: “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”. Nada de esto es digno de mención para la Cancillería, que al final de su comunicado invoca una vieja doctrina, totalmente anacrónica, pero vigente a la fuerza por parte de dictaduras muy poderosas, como China y Rusia. "La Argentina continuará sosteniendo su compromiso con la estabilidad en la región, y buscará encaminar soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la soberanía y de los asuntos internos de cada Estado". Esta es la doctrina que invocaban los dictadores militares sudamericanos en los años 70 ante las denuncias de la CIDH/OEA, de países europeos y de los EEUU de James Carter en la ONU. La misma con que se escuda hoy la dictadura china cuando se denuncia el trato genocida a la minoría uigur o cuando se aplastan las escasas libertades remanentes en Hong Kong.
El Gobierno argentino invocó esta doctrina para irse del Grupo de Lima y echarle un salvavidas a la dictadura de Maduro. El chavismo celebra, pero Argentina suma aislamiento regional. Sobre este punto, que se trata de una dictadura, no pueden caber dudas honestas. Están los informes documentados de la ONU y de agencias de DDHH independientes, por un lado; por otro, la larga secuencia de elecciones falseadas por el régimen. Las últimas elecciones más o menos limpias y competitivas que hubo en Venezuela fueron las parlamentarias de diciembre de 2015 y las perdió el chavismo de manera humillante, abrumadora. La oposición se quedó con dos tercios de la Asamblea Nacional. Desde entonces no hubo más elecciones en Venezuela que puedan pasar una mínima exigencia de calidad y transparencia. Primero se suspendieron las elecciones regionales y municipales de 2016, algo impensable e imposible en una verdadera democracia, luego vinieron en 2017 las falaces elecciones de constituyentes con un sistema indirecto o de segundo grado, de tipo soviético o chino, que no está previsto en la Constitución venezolana. Siguió en 2018 la "reelección" de Maduro contra nadie, dado que su régimen invalidó, apresó o forzó al exilio a todos los líderes opositores mínimanente competitivos. Se hizo lo mismo en las últimas elecciones parlamentarias en enero de 2020. Por si no fuera todo esto suficiente, se anularon las "tarjetas electorales" de los partidos opositores y por si esto también fuera poco, se las entregó a falsos opositores. En 2018 Maduro compitió contra dos pseudo opositores, un ex chavista, Henri Falcon, y un pastor telepredicador. Toda esta historia es muy conocida y debería ser más que suficiente para continuar en el Grupo de Lima. En Venezuela se anulan los derechos políticos de la población y de los opositores con falsas elecciones y persecuciones brutales; se violan los derechos humanos de ciudadanos comunes, incluso hay un ensañamiento contra los sectores populares más vulnerables por parte de las fuerzas especiales de la policía chavista, como documentan precisamente el informe Bachelet y sus actualizaciones de la relatora especial. El informe de septiembre de 2020 indicó que hubo unos 2000 asesinatos de parte de las fuerzas represivas entre los sectores populares, y esto solo en esos primeros 9 meses del año. Terrorismo de Estado, en suma. Haber salido a dar protección y legitimación a esta dictadura criminal justo un 24 de marzo no parece ninguna casualidad.
