El descontento social por el fuerte aumento en la tarifa del servicio de gas natural no cesa en distintas localidades del sur santafesino que esperan respuesta a los acalorados reclamos en busca de medidas tendientes a frenar el cuestionado ajuste.
Por Gustavo Orellano
El descontento social por el fuerte aumento en la tarifa del servicio de gas natural no cesa en distintas localidades del sur santafesino que esperan respuesta a los acalorados reclamos en busca de medidas tendientes a frenar el cuestionado ajuste.
El rechazo al "tarifazo" es tal que hasta se alzaron voces sugiriendo a los usuarios no pagar las facturas hasta tanto la Justicia se expida en torno a acciones promovidas para intentar revertir la "abusiva" suba.
Claro que para muchos vecinos incumplir no fue una opción, sino una decisión obligada, al no poder hacer frente al compromiso, aunque haya voluntad de pago. Y ello se traduce en la caída de los niveles de recaudación que acusan distintas empresas prestadoras del servicio en la región.
En Casilda sólo cumplió con el primer vencimiento alrededor del 20 por ciento de los consumidores, lo que marca una acentuada caída en relación al índice promedio de pago bimestral, que ronda el 95 por ciento.
Algo similar, aunque no trascendió el porcentaje, está sucediendo en Firmat, cuyo intendente, Leonel Maximino, presentará hoy ante la Defensoría del Pueblo de la provincia un petitorio contra el aumento, el cual será acompañado por firmas de vecinos que recolectó la Multisectorial Firmat.
Así lo manifestó el mandatario local tras recibir, junto a su gabinete y el presidente del Concejo, Danilo Garziera, a integrantes de ese espacio que días atrás organizó una movilización para visibilizar el rechazo al tarifazo del gas, como dio cuenta LaCapital.
Revisión. "El objetivo es que ese petitorio sea elevado al Ministerio de Energía y a la Defensoría del Pueblo de la Nación solicitando la revisión del aumento tarifario y una urgente convocatoria a una audiencia pública para debatir estos temas", indicaron desde el gobierno firmatense.
Maximino destacó la importancia de "trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones concretas y responsables sin incurrir en apresuramientos".
En tanto, en Casilda el Legislativo sancionó un proyecto de declaración mediante el cual la Municipalidad adhiere al recurso de amparo presentado por Rubén Giustiniani y otros legisladores provinciales.
La decisión sobrevino al no prosperar una iniciativa impulsada por el concejal opositor justicialista, Andrés Golosetti, quien pretendía que el intendente radical, Juan José Sarasola, interponga tal acción poniéndose a la cabeza del reclamo como ocurrió en otras localidades santafesinas.
"Evidentemente el intendente prefirió priorizar su relación con el gobierno nacional dejando al total desamparo a los vecinos casildenses que no pueden afrontar el pago del irracional tarifazo", fustigó el edil, aunque acompañó finalmente la decisión del cuerpo.
Al respecto, el mandatario local dijo ayer a este diario que "el planteo ya esta judicializado, razón por la cual lo que se decida en otros casos alcanzará también a los casildenses", tras indicar que "esto no es una carrera de presentaciones de amparos", al tiempo que anticipó que "se está trabajando una propuesta alternativa que será elevada a la Nación con el objetivo de instrumentar acciones que tengan sustentabilidad y eviten que todo el peso recaiga, como ocurrió en numerosos casos, sobre el usuario del servicio".
Conexión ilegal. Una peligrosa conexión clandestina de gas fue detectada y anulada en un domicilio ubicado sobre Liniers entre Colón y Buenos Aires, del barrio La Patria, en Firmat, luego de que vecinos advirtieran un fuerte olor y manifestaron su preocupación.
La acción fue llevada adelante por la empresa prestadora del servicio, Firmat Gas, que además realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía luego de constatar la situación y tomar las medidas de seguridad para prevenir incidentes.
Desde la firma, cuyo paquete accionario mayoritario está en manos del Estado municipal como sucede con la Sapem que funciona en Casilda, aseguraron que "es la primera vez que ocurre un episodio de estas características" y que la conexión "estaba realizada con material no autorizado que ponía a la población de la zona en potencial peligro".
Se desempeñaba en un equipo de Alvear y en el hecho también fue herido otro futbolista, que jugaba en las inferiores de Racing. La pena en expectativa para el inculpado es de 35 años
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