"La banda que desembarcó en la cooperativa se quiere quedar con los fondos"

Un grupo de unos 60 socios de la Lista Miguel Ru de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín concurrió este lunes al Juzgado Federal Número 4 de Rosario “a presentarle al juez el pedido de normalización y el urgente llamado a elecciones porque tememos el vaciamiento de la cooperativa y que se queden con nuestros fondos”, declaró el estibabor y socio de la institución José María Román a La Capital.

  “Los dirigentes no quisimos entrar a la reunión pedida con el juez, así que entraron los gerentes, quienes fueron recibidos por el secretario Guazzaroni, a quien le entregaron documentación que respalda nuestro reclamo de normalización y llamado a elecciones, como una serie de resoluciones del Inae, que sostienen que deben normalizarse y llamar a elecciones en las cooperativas”, abundó Román. El dirigente de la Lista Miguel Ru –un estibador que murió en el desamparo social– reveló que “durante la intervención hemos mantenido solamente dos reuniones por Zoom con el interventor (Roberto) Pascualino, quien se excusó de recibirnos por la pandemia, y la última vez nos comunicó con gran alegría que la única orden que tenía era normalizar la cooperativa y llamar a eleciones, pero en el interín la causa judicial pasó del Juzgado de Campana al Juzgado de Rosario y el interventor elevó al juez Bailaque un informe en el que le pidió la formación de un fideicomiso y el desbloqueo de los fondos, algo que finalmente el juez ordenó”. En este punto clave, Román aseguró que “tememos que vacíen la cooperativa porque los fondos estaban bloqueados y controlados por el Banco Nación y ahora, con la excusa de ganar un punto y medio más de interés, el juzgado ordenó el desbloqueo y los transfirió a una serie de mutuales. No tenemos nada contra las mutuales, pero no es lo mismo que nuestros fondos estén bloqueados y controlados por el Banco Nación, que en manos de un grupo de mutuales desconocidas”.

  Consultado sobre el monto de los fondos de la cooperativa, Román advirtió que “son unos 150 millones de dólares. El interventor no refleja la realidad de la cooperativa porque es imposible que entre los 130 socios haya una unanimidad de pensamiento, no habría democracia. Denunciamos que no somos recibidos por el interventor, quien nos acusa de violentos para justificar la intervención. Tememos que la banda que desembarcó en la cooperativa se quede con los fondos”.