La amenaza de desalojo a que sufre la familia Marinucci-Gobbo, colonos de Bigand que aún conservan una parcela en los terrenos que fueran del fundador del pueblo, volvió a sonar en la Legislatura provincial. Esta vez de la mano de la diputada Dámaris Pacchiotti, a quien acompañó Lucila De Ponti, la Cámara baja aprobó un proyecto que le pide a la provincia la urgente intervención ante la nueva orden judicial que obliga a la familia de colonos a abandonar las cinco hectáreas que siguen explotando.
Tal como lo publicó La Capital la semana pasada, la familia Marinucci-Gobbo, colonos de Bigand que resisten el embate de los desalojos, se ve amenazada nuevamente por el fantasma del desalojo. La Fundación Honorio Bigand (llamada así en homenaje al padre de Víctor Bigand, fundador del pueblo) es la que reclama la tenencia y explotación de las tierras, por la que ya fueran desalojadas unas 25 familias que trabajaban las 3.500 hectáreas de campo.
Los Marinucci-Gobbo (Oscar y Sandra, ambos de 60 años) son los últimos que permanecen en el territorio donde han vivido y trabajado las tierras por varias generaciones que se remontan a 1920. Después de una larga lucha judicial, supieron ahora que el juez de Cañada de Gómez Sergio Verdura dispuso lanzamiento del desalojo de la familia. Verdura es el mismo que en 2018 frenó esta intervención, que pasó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia y luego a la Suprema Corte de la Nación.
La situación de los colonos ya había tenido en Diputados de la provincia su caja de resonancia, con un proyecto presentado oportunamente por Carlos Del Frade. Eso no impidió que de las 58 hectáreas que explotaban los Marinucci-Gobbo les quedaran unas cinco, que destinan a la explotación de animales de corral.
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Para la diputada Dámaris Pacchiotti, no es solo un conflicto entre privados, sino que se "inscribe en un problema de mucha mayor escala".
En los fundamentos de esta nueva iniciativa, la diputada Pacchiotti recordó que en 2022 se presentó un proyecto de de ley de expropiación (expediente 50.379) de esas tierras que se ha girado a las comisiones respectivas para su tratamiento en esta Cámara. "A partir del acompañamiento continuo a esta familia que realizamos desde nuestras propias organizaciones, en conjunto con las muchísimas más que han acompañado la lucha durante todos estos años, organizaciones de la agricultura familiar, campesina, indígena, de trabajadores agrarios y pescadores, organizaciones sociales y ambientales, entre otros, hemos tomado conocimiento de que el juez de circuito de Cañada de Gómez donde tramita la causa de desalojo ha firmado el lanzamiento contra Sandra Gobbo y Oscar Marinucci a pesar de encontrarse pendiente la admisibilidad del recurso interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", dijo la legisladora en el recinto de sesiones.
Para Pacciotti, esto "no se trata de un problema entre privados, sino que se inscribe en un conflicto de mucha mayor escala: son 3.500 hectáreas que en junio del año pasado fueron noticia en los principales diarios y portales de la provincia y el país a partir del intento de la misma fundación por cercar y alambrar una manzana lindera al cementerio de Bigand, que está en pleno litigio judicial. La comuna tuvo que destinar sus propios vehículos y máquinas para impedir el cercamiento, además de denunciar el hecho ante la Policía e informar a la población que se movilizó de inmediato e inició una vigilia que todavía se mantiene", dijo.
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Lucila de Ponti cree que el avance sobre las tierras está atravesado por la codicia y el lucro.
En la sesión del jueves pasado, De Ponti reforzó la idea de su par de Ciudad Futura al considerar que el desalojo está "absolutamente guiado por una cuestión de codicia y de lucro. Sandra y Oscar explotan una pequeña parcela, resignaron a producir en lo que era su campo; ahora, simplemente pelean por esas pocas hectáreas en las que crían unos pocos animales. Probablemente su descendencia no se encargue de esa explotación. La Fundación, así y todo, no se detiene en su afán de impedirles que produzcan. Este reclamo está atravesado por una necesidad de justicia", cerró la legisladora justicialista.
