El 9 de noviembre pasado Andrea y Cristian iban en su moto por San Luis y Suipacha cuando una moto policial los llevó por delante. Alicia estuvo diez días en terapia intensiva; perdió el bazo, le extirparon un riñón y tiene lesiones en el pulmón y cuatro costillas fracturadas. Cristian resultó golpeado pero sin mayores consecuencias. El 5 de octubre Pablo Sánchez, un cadete de 36 años que iba en su moto murió en Villa Gobernador Gálvez al ser atropellado por un móvil policial, los que vieron ese choque en la esquina de Libertador y Las Heras dicen que el patrullero cruzó rápido y sin cuidado. El 7 de noviembre una camioneta policial impactó de lleno en una casa de Juan José Paso y Chaco donde viven Débora y Alejandro, padres de cuatro hijos. Sólo en el último caso la provincia respondió los pedidos de ayuda de la pareja y les envió algunos ladrillos para comenzar a refaccionar la vivienda. En los otros, nadie se comunicó.
Ese jueves de noviembre Cristian (53) y Andrea, una médica de 50 años que trabaja en el hospital Agudo Ávila, se trasladaban en su moto Honda Bit 125 cuando fueron atropellados en Suipacha y San Luis por una moto de la Brigada Motorizada que realizaba una persecución en la zonal. El hombre que fugaba del control, de 20 años, fue apresado minutos después.
Cristian contó: “Veníamos por San Luis y Suipacha cuando apareció una moto sin sirena y a toda velocidad, me chocó al medio y nos tiró. Andrea pegó con la cabeza contra un auto estacionado y al tener el casco puesto no le afectó el cráneo. La trajimos al Sanatorio de la Mujer. Durante cuatro horas uno de los policías que estaba en el choque intentó que yo lo acompañara a la seccional a hacer la denuncia, le dije que se fuera, que mi mujer estaba a punto de morirse”. Mientras cuenta su situación Cristian sostiene las frases como puede y la voz se le fractura en un llanto ahogado. “Casi se me muere mi mujer”, repite. Y cuenta: “Vamos a iniciar una demanda”.
En el presupuesto
La abogada penalista Antonella Travesaro explicó que “la demanda debe iniciarse tanto en lo civil como en lo penal. Se presenta un recurso administrativo a la espera de que sea rechazado y a partir de ahí comienza la demanda, pero la acción civil está ligada a la penal. Inicié un juicio en 2011 por un tema de un abuso de armas, se ganó y la indemnización trepó a los 10 millones de pesos; pero ese dinero debe estar incluido en el presupuesto provincial del año en curso; si no, se debe esperar que figure ahí”, consignó.
El 5 de octubre un patrullero cruzó a toda velocidad en la esquina de Libertador y Belgrano, de Villa Gobernador Gálvez y embistió a Pablo Sánchez, un cadete de 36 años que falleció por una hemorragia interna que le ocasionó un paro cardíaco.
Gonzalo, su hermano dijo: “No fue accidente, fue homicidio. Lo enterramos y nos endeudamos en 650 mil pesos”.
El caso del matrimonio de Juan José Paso y Chaco, al que una camioneta policial le partió la casa al medio, tuvo otras secuencias. Débora esperó días en la puerta de su casa destruida. “Estábamos cenando y escuchamos el estruendo, los dos policías que manejaban nos preguntaron si estábamos bien y se fueron. Vino gente a ayudarnos, y para colmo nos robaron”, contó.
Al día siguiente fue hasta la vivienda el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni. “Nos pidió disculpas y dijo que se hacía responsable. A los diez días llegó un camión con mil ladrillos y otros materiales. Lo mandó Desarrollo Social de la provincia y sólo mandó eso. Así y todo estamos muy agradecidos”.
El comisario general Gabriel Leegstra, explicó que "al ingresar los cadetes se les pide un carnet de conductor, y sino tienen carnet se les enseña a manejar en el Instituto de Seguridad Provincial". En cuanto a los francos el promedio de trabajo es 24 por 48 horas, por que muchos agentes, sobre todo en Rosario, son de otras ciudades y con menos de dos días no pueden volver a sus localidades.
En tanto, un policía que custodia el Centro de Justicia Penal admitió: “Trabajamos sin descanso, incluso las horas libres. Así se dan los accidentes”.
