El caso de Maximiliano Iñiguez, un joven de 23 años que tras sufrir una fractura expuesta en 2014 tuvo una infección generalizada y murió por una supuesta mala praxis médica en un sanatorio privado, se debatirá en un inédito juicio oral y público. El acusado por el delito de homicidio culposo es un médico cirujano, que afronta un pedido de pena a tres años de prisión condicional, y la inhabilitación de la matrícula por cinco años. La querella solicitó 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación.
Aunque pasaron más de seis años, una profunda investigación judicial desembocó primero en la imputación y luego en la acusación a un médico por la muerte de Iñiguez, un joven que trabajaba en la Cocina Centralizada y el 9 de febrero de 2014 sufrió un accidente de tránsito en Villa Gobernador Gálvez.
Con una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna izquierda, primero lo trasladaron al Hospital Provincial, pero al otro día fue derivado por su obra social (gastronómicos) al sanatorio Los Alerces (ex Julio Corso) ubicado en San Juan al 3034.
Pasaron tres días hasta que el médico traumatólogo tratante, Sebastián S.S., programó para el 13 de febrero una cirugía para colocarle a Maxi, como llamaban a la víctima, un tutor externo en la pierna, con el fin de estabilizar las fracturas. Se lo intervino, se le colocó el tutor y se le realizó una fasciotomía (cirugía para aliviar la presión del flujo sanguíneo y las señales nerviosas a los músculos).
Con la herida suturada, Maximiliano volvió a terapia intensiva. A sus familiares se les informó que la intervención había sido satisfactoria. Pero los terapistas notaron que algo no andaba bien y se lo informaron al médico cirujano tratante. Según estudios y relevamientos posteriores, el paciente presentaba “tumefacción” (hinchazón).
Se le abrieron algunos puntos de la herida, y a las tres de la madrugada del día siguiente se decidió realizarle una segunda intervención quirúrgica para ampliar las fasciotomia (limpiar la zona). Ese 14 de febrero el joven sufrió un paro cardiorrespiratorio.
Al volver a terapia, donde ingresó compensando pero con asistencia mecánica, se agravó el cuadro infeccioso. Entonces se tomó la decisión de amputarle la pierna izquierda. Iñiguez salió de esa intervención en coma, sufrió severos daños neurológicos y quedó en terapia intensiva.
Angustiados y desorientados, los padres, hermanos y amigos de Maxi no entendían cómo su estado de salud pudo agravarse tan repentinamente por una fractura que, si bien era compleja, la medicina recompone con éxito.
Lo cierto es que después de la última operación, el estado del paciente nunca se revirtió. Tuvo una leve mejoría, volvió a una sala común en marzo, pero se complicó y debieron nuevamente regresarlo al área de terapia.
Agonía
Al cabo de una agonía que duró un mes, Maximiliano murió por otro paro provocado por la asepsia generalizada. El caso se visibilizó en ese momento porque de inmediato los familiares del joven sospecharon de una intervención médica desacertada.
María Alejandra Giménez, la mamá de Maxi, junto a sus otros hijos, amigos y familiares, se embarcaron en un amargo reclamo por el esclarecimiento del hecho, con innumerables marchas a Tribunales y también a la puerta del sanatorio.
“Se peleó y se luchó mucho para que él pudiera descansar en paz, que el asesino cumpliera con una pena y no matara más a nadie”, expresó aún acongojada porque, a las puertas del juicio oral y público, ahora debe revivir lo que pasó con su hijo.
Luego de lo ocurrido con Maxi, la familia denunció el hecho, y el fiscal de la unidad de Homicidios Culposos, Walter Jurado, inició una investigación penal ante la presunción de impericia o negligencia del médico cirujano tratante.
La familia de Maxi se constituyó como querellante y, a través de un abogado especialista, sugirió y aportó medidas. El fiscal imputó al médico por el delito de homicidio culposo por posible mala praxis.
Avanzada la investigación, historias clínicas, declaraciones testimoniales e informes de juntas médicas especialmente convocadas, en diciembre de 2018 Jurado acusó formalmente al cirujano ante el juez Hernán Postma, quien aceptó el encuadre legal y elevó la causa a juicio.
Hace pocos días se notificó a la familia de Iñiguez que las audiencias se van a desarrollar del 1º al 5 de octubre en el Centro de Justicia Penal. En esa instancia, Jurado sostendrá la acusación por homicidio culposo, con un pedido de pena a tres años de prisión condicional para el profesional y cinco años de inhabilitación de la matricula para ejercer la medicina.
El Tribunal será pluripersonal y estará integrado por los jueces Gonzalo López Quintana, Eduardo Núñez Cartelle e Ismael Manfrín. La querella, según pudo saber La Capital, solicitará 10 años de inhabilitación para ejercer la profesión y cinco años de prisión efectiva.
