Sin denuncias en la Justicia provincial, exigen a Losada una presentación formal

"No tengo conocimiento de que existan denuncias de delitos tan graves". La afirmación corrió por cuenta del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, Jorge Baclini, consultado por La Capital ante los dichos de la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada sobre la supuesta "venta de bebés por 60 mil pesos" a la que hizo referencia durante el fin de semana en un programa de televisión.

Más allá del caso de estafa investigado por la Justicia rosarina que habría malinterpretado la dirigente de Juntos por el Cambio, Baclini dijo "no tener conocimiento" de denuncias de ese tenor en los Tribunales locales, en tanto, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia santafesina, Patricia Chialvo, calificó sus dichos de "irresponsables" y le exigió a la representante provincial en el Congreso que "se presente ante la fiscalía correspondiente con las debidas pruebas del caso".

Durante su participación este fin de semana en el programa de Mirtha Legrand, la senadora nacional dijo sin medias tintas que en una esquina de Rosario "vendían bebés a 60 mil pesos". Una denuncia sobre la cual argumentó su propuesta hecha formalmente en el Congreso Nacional de incorporar al Código Penal Argentino el delito de venta de niños, niñas y adolescentes y que inmediatamente provocó fuertes repercusiones, desde el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, hasta funcionarios del gabinete santafesino de Omar Perotti.

Un poco más allá del caso de estafa investigado en mayo pasado por la Policía Federal y que se inició a partir del posteo de la supuesta oferta de venta de un niño, La Capital consultó al fiscal general sobre si existen en el MPA denuncias de este tipo que la Justicia rosarina tenga en investigación.

"Debería pedir informes, pero a priori no tengo conocimientos de delitos tan graves sobre los cuales existan denuncias", señaló el propio fiscal general, que si bien incluso señaló que sus dichos se remitían solo al ámbito de la Justicia provincial, dejó en claro que "no tener conocimiento que existan casos específicos" de venta de niños.

Es más, Baclini indicó que en más de una oportunidad dirigentes de diferentes sectores "pueden preguntar sobre diferentes cuestiones cuando se proponen hacer reformas o piden análisis de problemáticas puntuales". No fue el caso ciertamente de la senadora Losada.

Niñez exige una denuncia formal

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, quien criticó la "liviandad" de Losada en sus dichos e incluso se refirió a las declaraciones de la senadora como "una fantasía", y la ministra de Gobierno, Celia Arena, no fueron los únicos integrantes del gabinete provincial que salieron al cruce de las declaraciones que fueron públicas, pero que al menos hasta ahora no quedaron asentadas en ninguna denuncia formal en la Justicia, ni provincial ni federal.

En ese punto fue la titular de Niñez, Adolescencia y Familia quien le exigió a través de la red social Twitter a la senadora que "se presente ante la fiscalía correspondiente con las debidas pruebas del caso" y más aún, detalló que la ley provincial de Protección Integral "establece la responsabilidad de los diferentes actores del Estado ante la vulneración de sus derechos" de niñas, niños y adolescentes.

Chialvo dejó en claro que Losada "está obligada a realizar la denuncia correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño o niña" y recordó que es la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia la que "como organismo de protección y promoción de los derechos humanos vela por el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos en todo el territorio provincial".

Como hicieron varios en las últimas horas, la funcionaria santafesina indicó que "el único caso del que se tuvo conocimiento fue en mayo de este año" y explicó para dar detalles de la situación investigada por la Justicia que se trató de "una estafa de un progenitor, quién a través de una publicación de Facebook ofreció a la bebé a la venta. Delito que no se concretó, porque el estafador ni siquiera convivía con la niña. Su mamá no estaba al tanto de lo que hacía el papá, quien no tenía a la niña a su cuidado".

Además, la Chialvo recordó que "la secretaría de Niñez define el estado de adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes y el Ruaga (Registro Unico de Aspirantes con Fines Adoptivos) define mediante estrictos procedimientos a los pretensos adoptantes" e hizo hincapié en que "el marco legal legal de intervención del Gobierno de Santa Fe es la ley 12.967" de Protección Integral.

"Es inaceptable que una temática tan delicada, tan cara a los sentimientos de la sociedad y que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad cómo es la apropiación de niños y niñas, sea abordado de forma tan irresponsable", abundó la funcionaria para calificar los dichos de la senadora e incluso recordó que "el actual Gobierno Nacional envío al Congreso un proyecto de ley (elaborado junto a Abuelas de Plaza de Mayo) y establece tres tipos de delitos sobre venta de niños y niñas. Debate que no ha prosperado porque los representantes del Juntos por el Cambio proponen otros proyectos que contemplan las recomendaciones de los organismos internacionales".