Un proyecto en el Concejo propone extender a 6 años la habilitación y unificar en 20 años la antigüedad máxima de las unidades, para evitar las renovaciones y prórrogas permanentes
Por Nicolás Maggi
La propuesta busca simplificar trámites manteniendo las exigencias de seguridad para los niños que van a bordo de los transportes escolares.
El Concejo de Rosario comenzará a discutir un proyecto para actualizar el régimen de los transportes escolares de Rosario y dar mayor previsibilidad a quienes prestan el servicio, sin reducir ninguna de las exigencias de seguridad vigentes para trasladar a chicos. La iniciativa surgió después de una serie de reuniones con trabajadores del sector, que plantearon las dificultades que atraviesan para sostener la actividad y renovar sus unidades.
La propuesta presentada por la edil Carolina Labayru contempla dos modificaciones centrales: extender de uno a seis años la vigencia de las habilitaciones y unificar en 20 años la antigüedad máxima de los vehículos afectados al transporte escolar. La intención es reemplazar un esquema de renovaciones frecuentes y prórrogas individuales por reglas más previsibles, sin modificar los controles técnicos y administrativos que deben cumplir los transportistas.
“Nos reunimos con los transportistas, los escuchamos y encontramos reglas que hoy les generan incertidumbre sin mejorar la seguridad. Lo que proponemos es darles previsibilidad para trabajar y mantener exactamente los mismos controles para cuidar a los chicos”, explicó Labayru.
El transporte escolar es uno de los sectores que todavía arrastra las consecuencias del cimbronazo que significó la pandemia de coronavirus y, especialmente, la suspensión de la presencialidad durante casi un año. Antes de 2020 funcionaban alrededor de 320 transportes escolares en Rosario, mientras que actualmente quedan unos 180, que trasladan aproximadamente a 3.600 alumnos.
A ese escenario se sumó en los últimos años el incremento de los costos de funcionamiento. Los transportistas enfrentan subas sostenidas del combustible, los seguros y el precio de las unidades, una combinación que dificulta tanto el mantenimiento cotidiano como la renovación del parque automotor.
Desde el sector señalan que actualmente una unidad usada puede representar cerca del 30% del valor de una unidad 0 kilómetro, lo que vuelve más difícil afrontar el recambio. A su vez, el aumento del valor de los vehículos repercute en el costo de los seguros, mientras que también se encarecen los repuestos y la mano de obra necesaria para mantenerlos en condiciones.
En ese contexto, la modificación propuesta busca que los transportistas puedan contar con un horizonte más amplio para amortizar las inversiones y organizar el recambio de sus vehículos.
“El transportista necesita saber con qué horizonte cuenta para decidir si invierte, si renueva una unidad o cómo organiza su actividad. Una habilitación prácticamente anual hace mucho más difícil planificar”, sostuvo Labayru.
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Uno de los principales cambios del proyecto es que la habilitación pase de tener una vigencia anual a seis años, siempre que el titular mantenga las condiciones exigidas por la normativa. La extensión, sin embargo, no implica que durante ese período desaparezcan los controles. El proyecto mantiene las revisiones técnicas correspondientes, los seguros, las desinfecciones, la fiscalización y el resto de las obligaciones que deben cumplir los vehículos y sus titulares.
Además, establece expresamente que deberá realizarse la presentación anual del certificado de antecedentes penales. “Más previsibilidad no significa menos control. El objetivo es sacarle burocracia al que trabaja sin bajar las exigencias de seguridad”, resumió la concejala.
La segunda modificación importante apunta a unificar en 20 años la antigüedad máxima para las distintas categorías de vehículos que prestan el servicio de transporte escolar. Actualmente el límite se encuentra fijado en 15 años y, según explicó Labayru, existen transportistas que, una vez alcanzada esa antigüedad, recurren a prórrogas individuales para continuar trabajando con unidades que siguen superando las revisiones y controles correspondientes.
Por eso, la propuesta busca que esas excepciones anuales dejen de ser necesarias y que exista un límite único y conocido de antemano. “Hoy el propio sistema les otorga prórrogas a unidades de más de 15 años que están en condiciones de trabajar. Queremos reemplazar esas excepciones anuales por una regla clara”, señaló Labayru.
La concejala remarcó que tener menos de 20 años de antigüedad no alcanzará por sí solo para obtener la autorización. Los vehículos deberán continuar en condiciones técnicas y superar las inspecciones establecidas. “La seguridad depende de mucho más que mirar el año de fabricación de un vehículo: que esté en condiciones y pase los controles que corresponden. Y esos controles se mantienen”, afirmó.
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El proyecto también mantiene la Tasa de Fiscalización del Transporte Escolar, a través de la cual el municipio financia tareas directas de control, inspección y regulación de los vehículos destinados al traslado de alumnos.
En ese sentido, Labayru aclaró que la modificación del régimen de habilitaciones no supone ningún cambio en las obligaciones tributarias del sector. “La tasa se sigue pagando. No hay ningún beneficio impositivo. Lo que hacemos es separar el permiso para trabajar de una obligación tributaria”, explicó.
El planteo, en definitiva, busca separar dos cuestiones: por un lado, simplificar los trámites y dar previsibilidad a una actividad que perdió una parte importante de sus prestadores; por otro, mantener las herramientas municipales destinadas a garantizar que los vehículos que trasladan a los chicos estén en condiciones.
“Hay que controlar donde hay que controlar y simplificar donde una regla solamente genera burocracia. Las dos cosas pueden hacerse al mismo tiempo”, sostuvo Labayru.
La iniciativa apunta así a modificar un esquema que, según sus impulsores, obliga a los transportistas a atravesar renovaciones y pedidos de prórroga con demasiada frecuencia, sin que eso implique necesariamente una mejora en las condiciones de seguridad.
“Queremos que las reglas le den certezas al que trabaja. Escuchamos al sector y presentamos una solución que facilita la actividad sin tocar algo que para nosotros es fundamental: la seguridad de los chicos”, concluyó Labayru.
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