Polémica por la propuesta de instalar videovigilancia en los jardines maternales

Tras conocerse el proyecto de ordenanza presentado por el edil Aldo Poy de colocar cámaras de videovigilancia en jardines y geriátricos, el titular de Sadop Rosario Martín Lucero dijo que esta medida implica "quitar responsabilidad sobre los controles al Estado, estigmatizando a los trabajadores".

Para Lucero, la iniciativa del edil del PDP es "una triste visión del maestro", quienes entiende terminan siendo puestos como "sospechosos por portación de profesión".

"Quien comete un delito lo hace con la convicción de que no va a ser sorprendido, por lo que si va a hacer algo lo intentará fuera de cámara", señaló Lucero a a La Capital, quien entiende que la propuesta de Poy "es un efecto marketinero y efectista, más que efectivo".

La propuesta de Poy apunta a incorporar cámaras de videovigilancia en jardines, guarderías, geriátricos y residencias para adultos, como "una herramienta para el control y seguimiento del accionar en las instituciones". La propuesta del concejal apunta a que las imágenes puedan ser monitoreadas por las familias de los niños y ancianos desde sus hogares.

Para el titular de Sadop Rosario cuestionó que de esta manera se "pone el control en manos de un privado", ya que si bien los padres podrán monitorear desde sus casas a sus hijos, también podrán hacerlo con respecto a los otros nenes, "generando estigmatizaciones respecto del maestro y los chicos".

"Si la solución para la violencia en los jardines, que son hechos escasos, es poner cámaras: ¿que hacemos con los chicos que sufren violencia en sus hogares, que son la mayoría? ¿Pedirán cámaras en las casas?", se preguntó Lucero.

Ante esto, el dirigente de Sadop Rosario propuso discutir en su totalidad la ordenanza que regula el funcionamiento de los jardines, y el sistema de autorización, habilitación y supervisión de estos espacios. "Es mejor discutir una nueva ordenanza de jardines que volver sobre el remanido argumento de poner cámaras en todos lados", se quejó el dirigente gremial, quien ya había pedido rediscutir la normativa cuando a mediados de agosto se conoció el caso de una beba de 19 meses que había sido víctima de maltratos en un jardín maternal de Montevideo al 1800.