Por Lucas Ameriso
La asociación ilícita que estafaba a la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con conexiones clandestinas y medidores fraguados le pedía a sus "clientes" entre 5 mil y 27 mil pesos de "inscripción" para obtener un servicio que luego cobraban mes a mes en forma paralela a las boletas de la luz. Una organización con 8 imputados y dos prófugos que funcionaba al menos desde 2012 como una compleja pieza de relojería.
Por otro lado, los clientes cómplices (que serán imputados de estafa agravada) son casas particulares, negocios, fábricas de zapatos, un frigorífico y supermercados chinos. En los allanamientos se constató que muchos empalmes de cables subterráneos eran altamente peligrosos.
Tras la libertad que obtuvieron los implicados en una extensa audiencia del jueves pasado, la fiscal Valeria Haurigot, de la Unidad de Investigación y Juicio, reveló ayer detalles de esta asociación ilícita enquistada en la propia EPE.
Hasta el momento se lograron reunir elementos para imputar nueve hechos a estos ocho denunciados. La causa comenzó con escuchas telefónicas que fueron ramificándose y que fueron corroboradas en el territorio con el hallazgo de medidores fraguados y conexiones ilegales.
"Se comprobaron más, pero esas fueron las que llevamos a audiencia, las que teníamos corroboradas como consecuencia de la investigación llevada adelante por la Brigada Operacional (Boep) de la Policía y tras la comprobación en terreno de las conexiones clandestinas, algunas de ellas muy peligrosas", apuntó Haurigot.
La organización, que tenía cabecillas y distribución de tareas, operaba con una parte de sus miembros concretando los empalmes ilegales y otros haciendo el trabajo "de oficina".
La complicidad e infidelidad a la EPE subyace en los dichos de la fiscal. "Muchas de esas operaciones conllevan un riesgo enorme y no se podían hacer si no se cuenta con personal habilitado para cortar la luz de la cuadra. Lo que requería, necesariamente, por más que fueran electricistas, que hubiera connivencia de estos empleados de la EPE, que son del área subterránea, para que cortaran la energía de la cuadra y no terminaran todos electrocutados", graficó Haurigot. Entre los 8 imputados figuran ex-empleados, jefes de cuadrilla y del departamento administrativo.
Otra manera de fraguar la provisión de energía era a través de la red aérea y la adulteración de medidores.
La modalidad de accesos era con un pago inicial que oscilaba entre 5 mil y 27 mil pesos y posteriormente pagos mensuales que aún no se pueden estimar, ya que se deben cruzar datos de la propia EPE con los domicilios detectados, analizar los consumos previos y estimar el perjuicio económico.
La investigación judicial está en sus primeros pasos y el área administrativa-contable de la empresa provincial será vital a la hora de identificar avances. Aún faltan las imputaciones contra los clientes que se corrompieron ante la oferta de la "EPE paralela". Entre ellos, casas, locales comerciales, fábricas de plásticos, de zapatos, un frigorífico y supermercados chinos.
A punto tal que la fiscal Haurigot indicó ayer que envió una delegación policial par que "se fiche a los dueños como coautores de la estafa".
Si bien la decisión fue no detenerlos, "sí están involucrados en la causa, son materia de investigación y próximamente se los imputará de estafa agravada" por tratarse de un servicio y de un perjuicio al erario público.
El fraude eran tan elaborado, que en muchos casos los medidores revestían aparente legalidad, pero luego en el cableado se detectaba la irregularidad.
Trabajo minucioso
Por su parte, la subdirectora de Policía y jefa de la Boep, Jorgelina Llobat, se refirió a los montos que manejaba esta banda para realizar las conexiones.
"El valor que esta EPE ilegal manejaba tiene variaciones. Iban desde 5.000 pesos para un domicilio común a 10 mil pesos para un salón de fiestas, llegando a un tope de 27 mil pesos", se explayó la jefa policial.
En esta línea, la funcionaria amplió que "este era el pago inicial para ingresar a esta estafa contra el erario provincial. Sobre lo que se ahorraba el cliente, se le cobraba un porcentaje".
Llobat dijo que si bien falta entrecruzar datos, la banda podría haber comenzado a operar "en 2012, pero aún es necesario verificar documentación".
Y, sobre la modalidad de trabajo en el terreno, detalló: "De las intervenciones telefónicas surge que a sus clientes ilegales se les indicaba que iban a ir a un lugar específico donde no hubiera circulación de personas. Generalmente se hacía en horario de la siesta o por la noche".
Pantalla
En la pesquisa que se llevó adelante a partir de mayo, se pudo establecer una "pantalla" para concretar el fraude inédito. Si el "servicio" se hacía a plena luz del día "se les pedía a dueños de supermercados chinos, por ejemplo, que colocaran tarimas con cajones de cerveza o gaseosa para tapar el trabajo realizado", reveló la autoridad policial. La investigación recién comienza.
Para Neri, "el que las hace, las paga"
El titular de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Maximiliano Neri, declaró: "Estamos ocupados en encontrar a los responsables de este fraude. Tenemos que lograr que el que las hace las pague. No sólo vamos a perseguir a los agentes de nuestra empresa, sino a los privados que contrataban este servicio. Es importante que no se estigmatice a los trabajadores ya que somos 3.800 personas y los involucrados un puñado".
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