La polémica por el uso de fondos públicos para el pago de honorarios tras un pleito judicial por el exabrupto de una concejala sigue dando nuevos capítulos. La defensa legal de los empresarios de la construcción Aldo y Esteban Lattuca (a quienes la concejala kirchnerista Marina Magnani acusó sentada en su banca de estar “muy vinculados a Medina y Los Monos”, pero luego se retractó en la Justicia) pidieron por nota al Concejo Municipal que les indiquen a qué cuenta devolver dos pagos en concepto de honorarios y aportes que saldó el propio cuerpo deliberativo, cuando se estableció que debía afrontarlo Magnani a título personal.
La factura con los honorarios regulados por normativa fueron a nombre de Magnani y por lo tanto se considera que la propia edila debe asumir el pago de unos 357 mil pesos, entre los servicios profesionales, sellados y aportes.
El 13 de septiembre de 2018 en pleno debate, Magnani cometió un exabrupto que desató un expediente judicial.
Se presentó una demanda por daños y perjuicios contra la edila por parte de los empresarios de la construcción, quienes se consideraron injuriados.
El pleito judicial se resolvió el 28 de octubre pasado en el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 6. Magnani se retractó de lo que había dicho en aquella sesión y aclaró que no había sido su intención ofender, ni mancillar la actuación de Lattuca, sino que sus manifestaciones fueron por “dichos de terceros”.
El empresario aceptó la retracción de la concejala, desistió del reclamo de dos millones de pesos; el Tribunal Extracontractual dispuso que el pedido de disculpas se realice en una sesión ordinaria del cuerpo (algo que se concretó en la madrugada del 5 de noviembre) y estableció que la legisladora afronte las costas del proceso judicial.
Sin embargo, el propio Concejo resolvió que las costas producidas por el trámite judicial fueran afrontadas por el cuerpo deliberativo.
Es allí donde se abrió otro capítulo de esta polémica. Y si bien el estudio jurídico que patrocinó a Lattuca optó por la escala más baja de sus honorarios para cerrar el litigio, (la demandada se retractó categóricamente), quedó establecido que esas debían ser afrontadas por la concejala kirchnerista.
Vencidos los plazos y prórrogas, se le remitió a Magnani los recibos a su nombre con su número de Cuit, pero la sorpresa fue mayúscula cuando se giraron los días 17 y 18 de este mes el monto de los honorarios y aportes con fondos del Concejo.
Es decir, en vez de llegar de una cuenta de la demandada, llegaron desde el Palacio Vasallo. Ante esta situación, los abogados enviaron una nota por correo electrónico al legislativo local ofreciendo la restitución de dichos honorarios ya que no había sido lo convenido.
Pero además, al otro día, es decir el viernes pasado, se presentó otra nota por Mesa de Entradas, que fue recibida y sellada, donde también se solicitó que el Concejo les informe un número de cuenta adonde devolver esas sumas de dinero, que rondarían los 357 mil pesos.
Ante la hipótesis de un pago por terceros, los profesionales del Derecho explicaron que el recibo había sido librado a nombre de Magnani (quien asumió personalmente esta responsabilidad), por lo que consideraron que el pago recibido resulta incausado.
Por ello se insistió en devolver el dinero del erario público. De esta forma, también se consideró que la edila está en mora, lo que podría producir intereses sobre el monto establecido.
El argumento gira en torno a un concepto. Si el reclamo hubiera sido infundado, la concejala no se habría retractado, ni hubiera asumido el pago de las costas del proceso, que asumió personalmente. Y se habría continuado con el juicio hasta sentencia.
Revuelo
El tema no estuvo ajeno a varias discusiones y debates que se produjeron en diversas comisiones del parlamento local.
En otro orden de cosas, y en una iniciativa de Cambiemos, se planteó a través de un nuevo proyecto de resolución parlamentaria dejar sin efecto la resolución del 5 de noviembre que causó un debate posterior entre las bancas.
El Grupo Trascender también se sumó al debate con un comunicado: “Expresamos nuestra preocupación sobre el particular y solicitamos por nota al Concejo explicaciones en relación con los motivos que dieron fundamento a la decisión, copia del debate legislativo y de las conclusiones por las cuales se arribó a la misma”.
La entidad agregó: “Entendiendo que en el litigio de referencia se reclaman daños y perjuicios por dichos emitidos por una representante legislativa de la ciudad de Rosario, a partir de lo cual una empresa consideró afectado su honor de un modo infundado, estamos convencidos que atender lo expuesto permitirá seguir consolidando una democracia moderna y participativa, que pretendemos entre todos construir, día a día”.
