A pocas horas de haber sido denunciado por agresión y amenazas, el secretario adjunto de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Sixto Irrazábal, volvió a negar el hecho y apuntó nuevamente contra el empresario del fideicomiso de Cerrito 71, Andrés Cabrera. "Se quiere presentar como víctima cuando ahí hay una estafa, porque antes pagaba por debajo de lo establecido en el convenio y encima ahora dejó a los siete obreros en la calle", planteó el dirigente, que además aclaró que "el pedido de 14 mil pesos era el dinero adeudado a la gente y no una coima, como él quiso hacer creer". Por su parte, el empresario pretendió "bajar los decibeles de la situación" y ayer sólo confirmó a La Capital el despido de los trabajadores.
El conflicto se desató esta semana, cuando el administrador del fideicomiso de Cerrito 71 dejó asentada una denuncia policial en la comisaría 4ª contra el dirigente de la Uocra por golpes y amenazas.
Si bien indicó que fue otro hombre del gremio el que lo agredió a golpes de puño en la cara, Cabrera responsabilizó al dirigente por los hechos y sí lo apuntó por haberlo amenazado por traer más hombres.
Lo cierto es que ayer el hilo se cortó por lo más delgado, ya que los obreros que continuaban trabajando en el edificio de seis pisos se encontraron con la obra cerrada con candado.
"No sólo no les avisó y envió los telegramas de despido sino que ni siquiera pudieron sacar sus cosas. Eso no es humano y no lo hace una persona de bien, como él dice que es", se quejó el dirigente de la Uocra. Y el empresario lo confirmó diciendo que "la decisión es parar la obra por un tiempo".
Irregularidades. Si bien admitió la discusión, Irrazábal volvió a negar las agresiones contra el empresario. E incluso ratificó y detalló las irregularidades que habían planteado los obreros ante el sindicato.
"Ahí se paga por debajo de convenio, todos los muchachos debían estar como oficiales, pero se los tenía trabajando como ayudantes. Incluso, este señor les estaba pagando 16,6 pesos la hora, cuando tenía que pagar 23,28, y se quedaba con la diferencia", detalló el gremialista.
Además, insistió en que "las condiciones de trabajo eran malas: no tenían baño ni lugar donde comer y no se les daba la vianda y les adeudaban los feriados".
En ese sentido, consultado sobre los 14 mil pesos que el empresario dijo que le habían reclamado en el gremio, explicó que "14.125 es la deuda que el fideicomiso tenía con esos obreros y fue lo que se exigió". Negó, de ese modo, un pedido de coima.
Ahora, con el despido de los operarios, Irrazábal no dudó en asegurar que "estos tipos se quieren hacer pasar como empresarios y víctimas cuando, en realidad, son delincuentes que arman un fideicomiso y compiten deslealmente con los empresarios de verdad que quieren trabajar seriamente".
Por último, planteó sus sospechas: "Está todo armado para despedir a la gente y desaparecer, sobre todo porque hasta el domicilio legal del fideicomiso es trucho. Es la misma dirección de la obra y eso no está bien".
Confuso. En el Ministerio de Trabajo provincial deslizaron que hasta ayer no habían tenido ningún pedido de intervención ni presentación de conflicto laboral.
Sin embargo, sí indicaron que las dos veces que quisieron realizar una inspección de oficio en la obra los agentes de la provincia la encontraron cerrada.
Eso fue lo que advirtió Omar Bouvier, de la Dirección de Salud y Seguridad (dependiente del ministerio), y consideró que la situación "es, cuanto menos, confusa".
El funcionario recordó que "en abril y en julio pasados fueron los inspectores, pero en las dos oportunidades encontraron la obra cerrada con candado, y hoy (por ayer) ocurrió exactamente lo mismo".
