La Cámara Penal de Rosario ratificó la investigación judicial y solicitó que antes del 1º de noviembre de este año se dispongan los medios para el desarrollo del juicio oral y público de la emblemática causa de las estafas con fondos judiciales en perjuicio del Banco Municipal, que en 2012 desató un escándalo en los Tribunales provinciales de Rosario, y tiene como principales acusados de integrar una asociación ilícita a dos jueces civiles, a un martillero y a un empleado bancario. Se esperan más de 120 testigos. La Fiscalía pedirá penas de prisión efectiva para todos, y que queden detenidos preventivamente hasta el debate.
Tras más de 9 años de un proceso judicial que comenzó bajo los paradigmas del viejo procedimiento penal (escrito), la causa de las impunes maniobras de un grupo de abogados, un martillero, empleados judiciales y de un banco con fondos inmovilizados del Banco Municipal debería llegar a juicio antes de fin de año.
Los acusados son los ex jueces Alejandro Pedro Martín y Norberto Scavone, el empleado del Banco Municipal, Tomás Martínez Etchenique, y el martillero Oscar Kovalevski. Se los denunció por integrar una asociación ilícita, defraudación e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, entre otros delitos.
Ricardo Lavaca, ex secretario del juzgado Civil y Comercial Nº 17 a cargo de Martín fue condenado en 2019 a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años e inhabilitación especial para integrar el Poder Judicial por el plazo de diez años, tras haberse declarado culpable en un juicio abreviado que cerró su participación en el proceso por al menos 55 hechos de estafas con depósitos judiciales.
El escándalo se desató en 2012 cuando el Banco Municipal alertó a la Corte Suprema de los desprolijos movimientos de depósitos en cuentas judiciales de la entidad, y radicó una denuncia penal en el juzgado de Instrucción Nº 12, en ese momento a cargo de Mónica Lamperti. Martín, su secretario, el martillero Kovalevski y los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter, quedaron bajo la lupa judicial.
Una banda
Los abogados Montaño y Heter fueron condenados en 2013 a tres años de prisión en suspenso, y entre 5 y 7 años de inhabilitación para ejercer la profesión, respectivamente. Martín enfrentó un jury y fue destituido. Tras una serie de medidas, también se determinó que el juzgado Civil y Comercial a cargo de Scavone orquestó falsos expedientes y otras 33 maniobras fraudulentas.
El fiscal Carlos Covani, responsable de la abultada pesquisa, reunió una multiplicidad de elementos para fundamentar la acusación, que se cristalizó en enero de 2016 con la requisitoria de elevación a juicio. El funcionario puntualizó que cada uno de los acusados, a través de su incumbencia, detectaban los fondos inmovilizados en el banco, inventaban expedientes para extraerlos y libraban oficios para su cobro.
A todos se les atribuye haber integrado una asociación ilícita (Martín y Kovalevski como organizadores y jefes, respectivamente, y Scavone y Martínez Echenique como integrantes) que acordó realizar casi 90 hechos de defraudación y estafas.
En la sumatoria de extracciones parciales y movimientos bancarios se pudo comprobar que el grupo obtuvo cerca de 1 millón 50 mil pesos (es lo que se pudo probar, aunque pudo haber sido mucho más dinero), según la documentación detectada en el juzgado Civil y Comercial Nº17 a cargo de Martín, y otros 250 mil pesos del juzgado Civil y Comercial Nº 1, donde se desempeñaba Scavone.
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Las estafas se concretaron entre noviembre de 2010 y octubre de 2012. El modus operandi era calcado en ambos juzgados: los jueces dictaban resoluciones y órdenes de embargo falsas y lograban transferencias de los fondos resguardados de causas o litigios donde se habían realizado retenciones por distintos motivos, pero como no eran reclamados, quedaban inmovilizados en el banco.
El eslabón estratégico en el banco, Martínez Echenique, está comprometido porque detectaba las cuentas paralizadas y pasaba el dato a Kovalevski. Al empleado le endilgan integrar la asociación, defraudación y tentativa de defraudación.
Por ventanilla
Luego se transfería el dinero a una cuenta judicial a nombre del juzgado. Los abogados involucrados y el martillero inventaban expedientes: Luego lograban la firma del juez para obtener las ordenes de pago a su favor. Después, la mecánica era una rutina constante: pasaban a cobrar por la ventanilla del banco.
Al momento de la acusación, el fiscal requirió que el juicio se ventile en un trámite oral, pero, como era previsible, encontró oposición de los abogados defensores, ya que el delito de asociación ilícita, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión según el rol de cada acusado, no está dentro las excepciones contempladas en Código de Transición para esa modalidad de debate.
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En una audiencia preliminar celebrada en junio pasado, Covani presentó la acusación ante la jueza de primera instancia Silvia Castelli. Durante el trámite, se trató la admisibilidad de la acusación. Pero se dejó para una segunda etapa el ofrecimiento de pruebas y el tratamiento de la prisión preventiva. La funcionaria avaló toda la investigación, las calificaciones y la acusación. Y rechazó el pedido de la defensa de Martínez Echenique de cerrar su situación con una probation.
Los defensores apelaron la resolución de Castelli, y ese planteo se trató el miércoles en una audiencia que presidió el juez de Segunda Instancia Penal, Alfredo Ivaldi Artacho. Los defensores reiteraron los cuestionamientos, el pedido de prescripción de ciertos delitos, los plazos excesivos del Poder Judicial para sustanciar la pesquisa, y la congruencia de la acusación.
Acusación admitida y juicio inminente
Sin embargo, el juez ratificó la teoría fiscal y la subsistencia de la acción penal, confirmó la resolución Nº 497 de la jueza de primera instancia, y rechazó todos los planteos de los abogados defensores. Ahora, resta tratar la admisibilidad de la prueba (se estiman que serán 120 testigos), y el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva efectiva para los cuatro acusados hasta la realización del juicio.
Además, Ivaldi Artacho dispuso que se arbitren las medidas para que, “no más allá del lunes 1º de noviembre se inicie el juicio oral”, para lo cual instó al Colegio de Jueces de Primera Instancia y la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que “prioricen y agilicen las medidas indispensables en tal sentido”.
El fiscal Covani ya adelantó en audiencias previas que pedirá penas de cumplimiento efectivo porque todos conformaron una asociación ilícita: Martín como Jefe y Kovalevski como organizador, además de los delitos de defraudación, falsedad de instrumento público y, en el caso de los jueces, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Las penas van de 3 a 10 años de prisión, según los roles.
