La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo ayer que para concretar el plan conjunto contra la criminalidad en la provincia es condición esencial el acceso de parte de funcionarios nacionales a tareas de control en la policía santafesina. La funcionaria afirmó que el gobierno de Miguel Lifschitz tendrá que aceptar la realización de auditorías en comisarías, el escrutinio a fondo de causas judiciales donde haya efectivos provinciales investigados y el libre acceso a las comunicaciones por la frecuencia radial de la fuerza.
El planteo que hizo la ministra mantuvo el frenazo que hay entre ambos niveles por el convenio. En estos términos el gobernador santafesino dijo anoche a este diario que no firmará. "El texto del convenio que nos mandó el Ministerio de Seguridad de la Nación a las 16.30 introduce un agregado que no es lo que habíamos acordado el lunes con la ministra. La razón por la que ayer a la tarde dije que había alcanzado el acuerdo es porque no había recibido esa modificación. Nos interesa ver con más detalles qué van a ofrecer en términos de recursos. No sabemos si van a ser 100, 200, 1000 o 3000 efectivos federales. Nos cambiaron algo que teníamos cerrado. Queremos cerrar rápido. Nuestro ánimo es compartir información. Los datos sobre las causas policiales son de acceso público. Pero tenemos que hablar más seriamente para firmar", dijo Lifschitz.
Un rato antes, Bullrich remarcó a LaCapital que no está dispuesta a que las fuerzas federales a desplegar en las ciudades de la provincia queden ceñidas a patrullaje del territorio. Lo que les exigirá, según dijo, es que intervengan en la investigación del delito complejo, en especial de narcocriminalidad. No dejó dudas de que la Nación se propone, más allá del modo en que se lo quiera designar, una intervención franca en el accionar de la policía provincial. No precisó la cantidad de efectivos a transferir. Sí que los plazos de permanencia son, en principio, hasta diciembre de 2017.
¿Qué supone el convenio? Bullrich contestó textualmente: "Lo que planteamos es un comité conjunto dirigido por la provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación que analizará lo que en la provincia se va a hacer. Tenemos que tener sobre la policía provincial capacidad de auditoría, disponer un mapa del despliegue de las fuerzas y el control de las comunicaciones radiales, que es fundamental para poder trabajar. Luego se dispondrá en forma conjunta cómo será la acción operativa", dijo.
Medular. La diferencia en relación al pasado es que a la Nación, planteó Bullrich, no le interesa una división del trabajo preventivo u operativo consistente en repartir fuerzas de seguridad por zonas. "No es que nos dividimos la ciudad y unos con gendarmes cubren la zona A y otros con policías cubren la zona B. Ese no tiene que ser el trabajo del comité. Lo necesario es un criterio de investigación criminal distinto para la desestructuración de los grupos delictivos y para impedir que al controlarlos en un barrio migren a otro. Por eso no van a ver tantos gendarmes de uniforme moviéndose sino aplicados a otros tipos de trabajo: al de desmantelamiento de bandas, a la presencia en los lugares de mayor conflictividad y con mayor frecuencia de muertes".
"Hasta ahora conversamos con la provincia en la necesidad de no repetir un modelo que no generó en los últimos años cambios profundos en la situación del delito en Santa Fe. Para sacar a la provincia del problema que tiene, no es cuestión que las fuerzas federales patrullen o tomen una zona. Lo que en primer lugar debe hacer la provincia es aceptar que las necesidades de cambio en su personal policial y del Servicio Penitenciario son estructurales. Allí son importantes las faltas de mandos medios y de medidas eficaces. Es evidente la infiltración del delito en las fuerzas provinciales. En consecuencia, había condiciones si nosotros íbamos a intervenir.
—A propósito de esa palabra. Sabemos que se habló de intervención nacional en la policía como mínimo. Lo dijeron funcionarios nacionales y estaba en la boca de los provinciales. Precise por favor ese alcance.
—No es tan importante el término. No será una intervención sobre la fuerza de seguridad provincial, pero si uno se propone operar para lograr resultados, no se la puede ver desde afuera. Tengo que tener capacidad de acceder a las comunicaciones para saber cómo actúan. No puedo saber con quién cuento si tengo 200 causas abiertas con personal implicado. Lo que se acordó es que va a haber una conducción de un comité conjunto de la provincia y el ministerio a la hora de las decisiones. Pero si no tenemos como Nación información sobre la forma de intervención de la policía santafesina, no podemos operar. Esto fue en lo que quedamos, por lo que yo leí. Le envíe a las 16.30 el acuerdo aceptado de nuestra parte al gobernador Lifschitz, pero aún no recibí respuesta. Por lo que dice en su cuenta de Twitter parece estar de acuerdo, pero para definir fecha de firma debemos tener una comunicación más formal.
El escenario del pleito no es favorable para el gobierno provincial, que llega a dos marchas en Rosario y Santa Fe contra la inseguridad sin el esquema acordado, lo que en la Casa Gris interpretan como una deliberada acción para arrinconarlos políticamente en un momento de turbulencia. Un dato significativo del campo minado en el que se opera, donde los anuncios van y vienen con la rapidez de un parpadeo, es que ayer hubo ministros de Lifschitz que desmintieron las tensiones que hasta anoche empantanaban todo. Lo mismo hizo el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco. Lo único cierto es que hasta anoche al convenio le faltaban las firmas. Tampoco había fechas para estamparlas.
Burzaco declaró ayer que hay 3 mil efectivos federales en la provincia. "Si están, deberían decirnos dónde, porque no los vemos". Bullrich había dicho antes a este diario: "Estamos ofreciendo una salida de fondo que implica que entendamos el problema que hay en Santa Fe. Hagámonos cargo. Vamos a estar ahí. El gobernador tiene que poner mucha fuerza de su parte".
