Rosario sigue a la espera de inversiones para mejorar la infraestructura en las redes de gas domiciliario, tras la tragedia desatada en 2013, que dejó un saldo de 22 víctimas en Salta 2141. Once años después, y tras un sondeo de La Capital entre gasistas matriculados y organizaciones de consumidores se estima que existen unos 50 edificios con el fluido cortado por desperfectos en las conexiones, lo que representa a entre 20 y 50 usuarios por cada torre. A ello hay que sumarle departamentos de pasillo, escuelas e instituciones, además de comercios. No obstante, para la Defensoría del Pueblo santafesina existen suspensiones exageradas, por lo que le pidió por nota al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que la concesionaria Litoral Gas cese con estas "interrupciones desmedidas" en el servicio.
Luego de la tragedia que sacudió a la ciudad con la explosión en Salta al 1400, Rosario no fue la misma. Y mucho menos con la conexiones del gas en los edificios, que comenzaron a ser inspeccionadas con mayor celo y promovieron varios cortes en el mapa urbano. Se trata de un escenario en el que confluyen otras problemáticas como las demoras en la conexión de nuevas torres que esperan una respuesta, y obras de expansión de redes en el resto del mapa urbano. Por estas razones, el malestar se hizo sentir entre los usuarios, y los organismos del Estado comenzaron a tomar cartas en el asunto.
Pedido al Enargás
La Defensoría solicitó este miércoles formalmente al Enargas que se aplique de manera estricta la "Norma Argentina del Gas 100 (NAG 100)". El protocolo establece procedimientos específicos para la detección y clasificación de fugas en los sistemas de gas natural. Y marca una progresividad en las medidas a tomar por parte de la concesionaria acorde al diagnóstico y gravedad de cada situación.
"Este pedido se debe a la creciente preocupación de usuarios y gasistas, quienes nos han comunicado casos de cortes de suministro que, en ocasiones, parecen ser innecesarios y afectan la calidad de vida de los habitantes. Nuestro objetivo es asegurar que los controles se realicen con el debido criterio técnico, protegiendo la seguridad pública sin generar interrupciones desmedidas en el servicio", señaló a este diario el titular de la Defensoría, Jorge Henn.
Según se indicó desde allí, la NAG-100 proporciona pautas claras para la detección, clasificación y respuesta a distintas categorías de fugas de gas, desde aquellas que suponen un riesgo inmediato hasta las de menor peligrosidad. "Sin embargo, hemos observado que, en muchos casos, se opta por cortar el suministro de manera preventiva, aun cuando las fugas detectadas no representan un peligro inminente. Esta falta de uniformidad en la aplicación de la normativa ocasiona problemas en el acceso al servicio de gas, afectando tanto a residencias como a locales comerciales. Por ello, solicitamos que se capacite adecuadamente al personal encargado, de manera que se aplique un criterio técnico proporcional al riesgo de cada situación", insistió Henn.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe entiende que una aplicación equilibrada y técnica de la normativa es fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios, así como la continuidad y estabilidad del servicio, minimizando interrupciones innecesarias que complican la vida cotidiana de los ciudadanos.
Conexiones a la espera de Litoral Gas
Gasistas matriculados y referentes de las asociaciones de usuarios y consumidores coincidieron en estimar que los edificios que siguen sin suministro rondan los 50 en la ciudad. A ello, se le suman propiedades de pasillo, en las que hay varias unidades, instituciones y comercios que elevan esta cantidad.
Según se había explicado en su momento, los mayores problemas los tenían edificios antiguos, donde las instalaciones estaban por fuera de las normas y, al momento de la verificación de las instalaciones, se han hallado caños podridos, uniones mal hechas o escasa ventilación. Esto requiere que un gasista matriculado presente presupuestos, y los consejos de administración los aprueben y reúnan los fondos para obras de envergadura.
Cuando se formalizan planos y obras, primero se rehabilita el medidor del edificio para luego dar servicio a cada uno de los departamentos. Por eso, en varios casos poner en regla las reconexiones requiere de proyectos que demandan un costo muy grande.
Desde comienzos de año, cuadrillas de Litoral Gas salieron a inspeccionar veredas de la ciudad para detectar fugas o fallas en la red de media presión, las conexiones a los domicilios, y los gabinetes. La concesionaria está obligada a recorrer su red al menos una vez al año, y las inspecciones pueden derivar en la suspensión del fluido que va a los hogares. Los operarios están facultados a notificar la falla, pero no al ingreso a cada unidad.
En enero del año pasado, la compañía había identificado más de 180 pérdidas en gabinetes de clientes, lo que derivó en 39 cortes de servicio. En varios casos, muchos usuarios optaron por la reconversión de la matriz energética. Es decir que tanto para el calefaccionamiento como para cocinar alimentos se eligió el uso de artefactos eléctricos.
