Incautan autos que ofrecían Uber y podrían aplicarles multas de hasta $722.000

El municipio incautó el último fin de semana dos autos particulares que trasladaban pasajeros a través de la aplicación Uber. Los operativos fueron en la madrugada del domingo en el macrocentro de la ciudad y sus titulares se exponen ahora a multas de hasta 722 mil pesos, en base a lo que resuelva la Justicia de Faltas local. Se les imputará violar la normativa vigente que prohíbe trasladar personas sin habilitación municipal y a través del uso de plataformas tecnológicas.

La intensificación de los controles de la Intendencia contra Uber coincide con la avanzada de la multinacional de la movilidad, que días atrás lanzó una polémica promoción para los taxistas de Rosario. Les ofreció registrarse en su plataforma y realizar viajes a través de la aplicación que se descarga en el celular.

El objetivo es que quien llegue a realizar 50 traslados antes del 31 de marzo, recibirá 100 mil pesos. Y, si además logra incorporar a más choferes al sistema, conseguirá 50 mil pesos extra por cada uno de los que se inscriban y empiece a trasladar pasajeros.

Las cámaras de titulares de licencias y el sindicato de Peones de Taxis se pusieron en pie de guerra contra esa convocatoria y pidieron al municipio que intensifique los controles por violar las disposiciones vigentes en materia de movilidad.

Sanciones

En Rosario, desde mayo de 2021 rige un endurecimiento de las sanciones económicas para rodados que usan aplicaciones como Uber que levantan pasajeros sin contar con habilitación, dispuesto por amplia mayoría del Concejo.

“La prestación del servicio de transporte de personas realizado en forma habitual y onerosa, con vehículos sin habilitación municipal y cuyo despacho de viajes se practique a través o sirviéndose de aplicaciones móviles o de cualquier medio digital de alcance o uso masivo, la multa será de 1.300 a 3.800 UF”, señala la ordenanza 10.190 aprobada por los ediles hace casi dos años.

Cada Unidad Fija (UF) corresponde a un litro de nafta súper de YPF que hoy se encuentra en $190. Con lo cual el piso de la sanción municipal parte en 247 mil pesos y puede llegar hasta los 722 mil.

El texto legal agrega: “En todos los casos se procederá al secuestro del vehículo y comiso de los accesorios y elementos utilizados y se podrá disponer como sanción accesoria la de inhabilitación para conducir de 60 a 180 días”.

Según pudo saber La Capital, el domingo a la madrugada dos autos fueron remitidos al corralón por trasladar pasajeros sin habilitación y mediante el uso de Uber. Uno de ellos fue en la esquina de Zeballos y Balcarce a las 01.28. Y el otro en Moreno al 1900 a las 00.20.

Desde la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), Marcelo Díaz admitió que no es sencilla la fiscalización de plataformas como Uber. Pero instó al municipio a profundizar esa tarea “de inmediato porque la situación se puede tornar incontrolable”.

El dirigente de Catiltar reconoció que es clave el aporte ciudadano para penalizar esta falta, tanto en su rol de vecino como de usuario de los sistemas registrados. Por lo general los inspectores detienen vehículos en los que el pasajero va en la parte trasera o los que ya tenían alguna denuncia. Cuando comienza la fiscalización muchos usuarios “se quiebran” y terminan confiando que usaron la app en cuestión.

Díaz remarcó que “aplicaciones como Uber son claramente ilegales en Rosario al no estar habilitadas para trasladar personas en la ciudad que tiene una determinada cantidad de taxis y remises legales en base a su población y una tarifa regulada por el Concejo”.

Y alertó que “su desembarco masivo no hará más que quebrar al sistema de taxis con la promesa de un mejor servicio y más barato, pero después termina siendo más caro que los taxis y se desata una guerra” entre sus adherentes.

El tema fue analizado el viernes pasado en la Intendencia en una cumbre de la que participaron funcionarios de la Secretaría de Control y de Movilidad. Y hoy está previsto replicarlo en el aeropuerto con autoridades de la terminal para analizar de qué manera se potencia la oferta legal y se combate la “competencia desleal”.