La Cámara Alta santafesina avanzó ayer por unanimidad con la sanción definitiva del proyecto de ley que autoriza el decomiso de bienes obtenidos tras cometer delitos complejos (narcotráfico o lavado de dinero), al tiempo que otorgó media sanción y giró a Diputados un paquete de reformas al Código Procesal Penal y al Ministerio Público Fiscal que apuntan a proteger a las víctimas de ilícitos, amplía los derechos de la figura del querellante y modifica (endureciéndolas para los imputados) normas sobre la prisión preventiva, detenciones, régimen de excarcelaciones y sistema de juicios abreviados. Ambos textos obtuvieron luz verde con los votos del interbloque del Frente Progresista y el apoyo de la mayoritaria bancada de la oposición justicialista que acompañó al oficialismo y realizó aportes a los textos que reforman el Código de Procedimientos y el Ministerio Fiscal.
"Ratificamos el compromiso de combatir el delito", fundamentaron los legisladores del bloque del PJ, que preside el sanlorencino Armando Traferri. al concluir la sesión presidida por el vicegobernador Carlos Fascendini. "Esta iniciativa por sí sola no
va a resolver el problema de la inseguridad, pero va a dar mayor firmeza a la aplicación de la ley (penal). entiendo a la seguridad como un derecho humano de lo ciudadanos que debe ser respetado", resumió el senador Lisandro Enrico (UCR-Frente Progresista), miembro informante por el oficialismo del despacho que obtuvo media sanción.
En su exposición, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Joaquín Gramajo, (PJ) calificó a la reforma como "una pieza jurídica importantísima para el Poder Judicial" y señaló que "se necesita que jueces y fiscales interpreten cabalmente la voluntad de los legisladores que entregan reformas para que la sociedad pueda vivir mejor, con más tranquilidad y seguridad".
Lo aprobado anoche son reformas contenidas en mensajes remitidos oportunamente por la CAsa Gris al Palacio de la avenida General Paz y que explicó en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del 1º de mayo el gobernador Miguel Lifschitz en el marco de su plan para combatir la inseguridad. El texto, que fue compatibilizado con sendas iniciativas del radical Enrico y los senadores justicialistas Gramajo y Rosconi, modifica sustancialmente el articulado del Código de Procedimientos Penal y, según Enrico, "evitará que una persona que comete un delito vuelva a su casa al poco tiempo". El legislador indicó que "la ley marcará claramente a los operadores del sistema judicial, jueces fiscales y defensores que hay situaciones que merecen el aprisionamiento de las personas y, sin dilaciones, la aplicación de la ley. No queremos las evasivas ni las chicanas en el proceso para que una persona que rompe reglas sociales cometiendo un delito grave quede en libertad", disparó Enrico sin ambages.
El senador radical tampoco rehuyó el debate sobre el garantismo, al afirmar: "Estamos modificando una legislación que cambia ese enfoque de las leyes penales argentinas que ha sido construido pensando en las garantías del imputado. Nosotros queremos una legislación penal que piense en la víctima y en la protección del ciudadano, por eso decimos que la seguridad es un derecho humano individual y un derecho humano colectivo".
En síntesis, el despacho que terminó de consensuarse sobre el mediodía en las comisiones parlamentarias del Senado, en cónclaves de los que participó también el fiscal general Julio De Olazábal, permite agilizar la detención de personas estableciendo un plazo de 72 horas prorrogable por 24 más, mayor control y rigurosidad en las medidas alternativas a la prisión preventiva, flexibiliza el otorgamiento de las prisiones preventivas y agiliza el dictado de allanamientos, ampliándolo a las 24 horas del día (hoy son de 8 a 20) y facilitando los medios de notificación incluyendo los electrónicos. Además, el proyecto que giraron anoche a Diputados los senadores santafesinos otorga mayores facultades al querellante para poder intervenir en el proceso (podrá solicitar medias cautelares personales) y, además de disponer medidas de protección a las víctimas, les otorga el derecho de opinar sobre el desempeño de los actores judiciales (jueces y fiscales) durante el proceso.
En otra demostración de que las marchas ciudadanas impactaron de lleno en el poder político, la Cámara de Senadores convirtió en ley anoche sin mayores dilaciones otra sustancial modificación al sistema penal que posibilita el decomiso de bienes provenientes de delitos, como el narcotráfico o el lavado. Según destacó en el recinto el senador radical Felipe Michlig, la iniciativa que aprobaron apenas dos semanas atrás los diputados tuvo celeridad en el tratamiento por parte de la Cámara alta, que la transformó en ley al no introducirle modificaciones y puso a Santa Fe como pionera mediante una herramienta legal clave para desarticular a las bandas delictivas de mayor porte logístico y económico. Como sucedió con las reformas legislativas que pasaron anoche a Diputados, la mayoría justicialista y el oficialismo convirtieron por unanimidad en ley el mensaje 4.462 del Poder Ejecutivo que establece un régimen para los bienes, derechos patrimoniales, productos e instrumentos que fueran objeto de secuestro, depósito judicial, cautela previa o decomiso en causas judiciales como consecuencia de la investigación de delitos o contravenciones.
