El Vaticano anunció ayer la imputación de cinco personas acusadas de "asociación criminal" por el escándalo desatado a raíz de la divulgación de documentos confidenciales sobre presuntas malversaciones cometidas en el seno de la Iglesia Católica.
El Vaticano anunció ayer la imputación de cinco personas acusadas de "asociación criminal" por el escándalo desatado a raíz de la divulgación de documentos confidenciales sobre presuntas malversaciones cometidas en el seno de la Iglesia Católica.
La justicia vaticana notificó el viernes a los acusados que se les imputan los delitos de "revelación ilegal de información y documentos confidenciales", según indica un comunicado de la Santa Sede, que precisó que estas personas han sido convocadas para una audiencia preliminar prevista el martes donde se ventilará cuestiones sobre el caso.
Un prelado español cercano del Opus Dei, Lucio Angel Vallejo Balda, y una consultora italiana de comunicación social, Francesca Immacolata Chaouqui, fueron detenidos este mes junto a dos periodistas italianos, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, a los que proporcionaron supuestamente documentos confidenciales.
Vallejo Balda, que sigue detenido en el Vaticano, y Chaouqui, que fue liberada tras aceptar colaborar con la justicia, formaban parte de una comisión especial encargada en 2013 de hacer propuestas de reformas de las finanzas vaticanas al Papa Francisco.
Una quinta persona, Nicola Maio, colaborador de Vallejo Balda, también es enjuiciado en este caso llamado Vatileaks 2, que se inició a principios de mes con la publicación de "Avaricia", el libro de Fittipaldi, y de "Vía Crucis", de Nuzzi.
Ambos libros aseguraban, entre otras cosas, que se utilizaron donaciones para pagar la remodelación de las casas de poderosos cardenales y que el Banco Vaticano seguía albergando cuentas sospechosas.
Las obras citan correos electrónicos, actas de reuniones, conversaciones privadas grabadas y notas que demuestran el exceso de burocracia, la mala gestión, el despilfarro, las pérdidas millonarias en ingreso de alquileres de la Curia romana.
Los dos libros revelan, además, la fuerte oposición interna que suscitan las reformas financieras del Papa Francisco.
La Justicia vaticana considera que Vallejo Balda y Chaouqui establecieron "una asociación criminal para divulgar ilegalmente información y documentos", según se precisó oficialmente ayer.
Se acusa al prelado español, la consultora italiana y Maio de haber robado los documentos, mientras que Nuzzi y Fittipaldi habrían presionado a sus fuentes para conseguir la mayor cantidad de documentos clasificados posible, añadió la Santa Sede.
Es la primera vez que el Vaticano abre un juicio a dos periodistas.
Fittipaldi, que fue interrogado el lunes pasado por la justicia del Vaticano, declaró a la prensa italiana que era "quizá un poco ingenuo" pues "pensaba que iban a investigar a aquellos cuyas actividades denuncié, y no a la persona que revela los crímenes".
"Entiendo que estén muy avergonzados en el Vaticano por las cosas publicadas en mi libro, sobre todo porque no pueden negar nada de ello, pero no me esperaba un juicio criminal", dijo.
Los cinco imputados pueden ser condenados a penas de hasta ocho años de prisión. La divulgación de documentos confidenciales es un delito desde una ley vaticana de 2013.
Este escándalo recuerda al que afectó en 2012 al pontificado de Benedicto XVI, cuyas cartas confidenciales fueron reveladas a la prensa por su mayordomo. Este asunto ya fue bautizado Vatileaks por la prensa italiana e internacional.
El mayordomo fue condenado a 18 meses de prisión, antes de ser indultado por el entonces pontífice.
Nuzzi desempeñó un papel clave en aquel escándalo que, según muchos consideran, influyó en la decisión de retirarse del papado que tomó Joseph Ratzinger en 2013.
El Papa se refirió en duros términos a la cuestión. "Sé que muchos de vosotros", dijo Francisco ante miles de fieles, "estáis turbados por las noticias que han circulado en los últimos días a propósito de documentos reservados de la Santa Sede que han sido sustraídos y publicados. Quiero decir, antes que nada, que robar estos documentos es un delito. Es un acto deplorable y que no ayuda".
De todas maneras, el pontífice aseguró que se mantendrá firme en su intención de concretar las reformas que se ha empeñado en llevar a término para sanear los recursos de la Santa Sede.
Por Lucas Ameriso