La Ley de Humedales sigue siendo tema de debate en la agenda política local y nacional, debido a os nuevos focos de incendios que se evidencian casi a diario en las islas frente a la ciudad de Rosario. En este contexto, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) organismo encargado de articular a todas las jurisdicciones provinciales y nacionales respecto a temas vinculados a problemáticas ambientales, ha consensuado el pasado 11 de julio un proyecto de Ley de Humedales. Juan Cabandié, actual Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, destacó "la articulación con la que se viene trabajando en el ámbito del COFEMA" y agradeció "todo o que se pudo lograr y avanzar en este tiempo en las distintas temáticas y tópicos"
El documento se elaboró sobre la base del Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales, consolidado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados. Los actores involucrados, todos funcionarios del gobierno nacional, Io aprobaron de forma unánime. Según las autoridades del Consejo, en dicho proyecto se buscó una efectiva gestión y conservación de los ecosistemas, con un criterio de tipo federal, que tenga en cuenta las realidades y particularidades de cada humedal del país, ya que, por ejemplo, no pueden regularse de la misma forma aquellos del Litoral que los de la Patagonia.
Sin embargo, este proyecto fue objeto de duras críticas por parte de organizaciones ambientalistas de larga trayectoria, ya que sostienen que el COFEMA no brindó la posibilidad de participar y dar aportes en el debate a las Organizaciones de la Sociedad Civil. La Fundación Ambiente y Re cursos Naturales (FARN), que sigue el proceso de la ley hace más de una década, ha publicado un descargo en el que argumenta que "El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe enfocarse en sumar apoyos para hacer avanzar el texto unificado que espera ser aprobado en el Congreso Nacional desde 2020, en vez de seguir sumando divisiones y dilaciones con un nuevo articulado. Se necesita compromiso y decisión política en apoyo al proyecto consensuado por el pueblo".
Proyectos anteriores
A pesar de que para el común de la gente, la Ley de Humedales parecería ser un proyecto impulsado recientemente, viene siendo una temática de larga data. Tanto en el año 2013 como en el 2016, se presentaron y fueron tratados distintos proyectos en el Congreso Nacional. En ambos casos, se logró la media sanción del Senado, pero no se le dio tratamiento en Diputados, por lo cual perdieron estado parlamentario. En 2020 se presentaron nuevamente otros proyectos de ley, esta vez sin alcanzar la aprobación de ninguna Cámara y, por consiguiente, venciendo otra vez su tratamiento.
Durante el 2022, según el Monitor Legislativo Ambiental, desarrollado por el Diario La Nación en alianza con Directorio Legislativo, Eco House, FARN y Fundación Vida Silvestre, se presentaron 10 proyectos de ley provenientes de legisladores de diversas provincias y partidos políticos. Todos ellos coinciden en determinados puntos, entre ellos definir presupuestos mínimos para la conservación y protección de los ecosistemas en los humedales. Sin embargo, no hubo avances significativos en lo que va del año.
¿A qué se debe esto? La sanción de una Ley de Humedales conlleva una gran puja de intereses entre los distintos actores sociales. Por un lado, los sectores ambientalistas advierten que los humedales están en serio peligro, por o que defienden a ultranza la rápida sanción de una ley ambiental que los resguarde. Sostienen que las actividades productivas no deben estar completamente prohibidas, pero deben adaptarse a los ecosistemas y respetar los ciclos naturales característicos de este tipo de áreas. Para el Programa Humedales sin Fronteras, liderado por Cauce, FARN, Taller Ecologista y Casa Río, la ley debe tener en cuenta cinco puntos básicos: el uso respetuoso del ambiente, un fondo económico justo y equitativo para la protección de los humedales, la participación ciudadana y toma de decisiones amplia, un inventario y mapeo colaborativo con el aporte de quienes habitan los humedales, y una perspectiva de género activa.
Por otro lado, dentro de los sectores productivos, aunque no hay una postura totalmente uniforme, existen ciertas preocupaciones con respecto a cómo impactaría la sanción de una ley en sus capacidades productivas. El punto central de las inquietudes reside en la definición de humedal que se tomaría, ya que dependiendo de qué tan amplia sea, cambia significativamente el porcentaje de tierras alcanzadas por la ley en un rango de entre el 5% y el 30% aproximadamente. Temen que una ley que responda a las exigencias ambientalistas convierta grandes cantidades de hectáreas en parques nacionales y áreas protegidas que prohíban toda actividad económica.
Es preciso convocar a todos los actores sociales, tanto al sector privado como a los ambientalistas y Organizaciones de la Sociedad Civil que representen federalmente a todas las provincias de nuestro país.
Los humedales son una parte vital de los sistemas naturales, y hacen posible la vida en nuestro planeta. Su importancia radica en que son enormes reservorios de agua dulce, la cual filtran y depuran. A su vez, regulan el impacto de las lluvias y almacenan grandes cantidades de carbono, motivo por el cual son esenciales en la lucha contra el cambio climático. Sancionar una ley que los proteja y regule el impacto ambiental sobre estas áreas es fundamental, pero para ello se deben tener en cuenta todas las voces en una mesa ampliada, buscando un balance entre el esencial cuidado ambiental y el necesario crecimiento económico.
A partir de la presentación del proyecto del COFEMA en el Congreso Nacional, se abre entonces una nueva posibilidad de dar lugar al consenso en las comisiones legislativas. Como sociedad debemos prepararnos para debatir y hacernos escuchar, en pos de la sanción de una ley que represente a todos los sectores y regule la actividad en os humedales de forma estratégica.
