Por Manuel Jaramillo
A fines de diciembre de 2023 y con el objeto de "generar un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y límite toda intervención estatal que no sea la necesaria para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos constitucionales", el Poder Ejecutivo Nacional remitió a la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos".
Dentro de sus más de 600 artículos, el proyecto contenía un capítulo sobre Ambiente que reformaba varias leyes ambientales y, en el desarrollo de otros capítulos, proponía modificaciones significativas sobre normas que propenden a la conservación y el uso sustentable de la naturaleza argentina.
Ante esta situación, un grupo inicial de alrededor de 20 organizaciones no gubernamentales que trabajan temas ambientales en todo el país analizó el proyecto de ley y concluyó que, contrariamente al objeto declarado, los cambios propuestos afectaban el efectivo ejercicio de los derechos constitucionales. En general, se afectaba expresamente el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales…”.
En particular, el proyecto de ley proponía modificar -sin justificación previa y sin procesos de debate ciudadano, científico o técnico- artículos de tres leyes de presupuesto mínimos de protección, sancionadas en el marco de ese mandato constitucional: la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, la Ley 26.562 de Presupuestos Mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional y la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Además, proponía cambios en la Ley 24.922, que establece el Régimen Federal de Pesca.
Producto de este análisis, se generó una nota dirigida a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que contó con la adhesión de aproximadamente 100 organizaciones con amplia representación federal. A partir de esa nota se solicitaron, gestionaron y realizaron reuniones presenciales y virtuales con diversos diputados y diputadas, de manera individual o a través de reunión con los bloques en su conjunto. A su vez, durante las breves exposiciones que se permitieron en el plenario de comisiones para el tratamiento de la denominada “Ley Ómnibus”, el Director Ejecutivo de la Función Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Andrés Napoli (Video) y el Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Ing. Manuel Jaramillo (Video), expusieron las razones por las cuales este “colectivo ambiental” solicitaba que el capítulo ambiental y los artículos que afectaban temas ambientales en otros capítulos fueran quitados del proyecto de ley en tratamiento.
La amplia aceptación de los pedidos de este colectivo ambiental fue reflejada en los dictámenes emitidos por las minorías y en las disidencias expresadas por los diputados y bloques que votaron positivamente el dictamen de la mayoría.
A partir de conocerse formalmente el dictamen de mayoría, una nueva nota fue enviada a los diputados y diputadas, justificando por qué todo el capítulo ambiental debía ser quitado de la discusión en sesiones extraordinarias. Esta nota tuvo el apoyo de más de 150 organizaciones vinculadas a temas ambientales en nuestro país.
A pesar de los reclamos de diferentes sectores políticos y sociales por variadas irregularidades del proceso relativo a este proyecto de ley, al momento de su votación en plenario, el proyecto se aprobó en general, lo cual vulneraba el principio de no regresión ambiental ya que se habilitaba una disminución de los niveles de protección ambiental previamente legislados.
En reuniones y comunicaciones previas, varios diputados y bloques que acompañaron la aprobación en general habían indicado que no acompañarían la votación en particular de los artículos que disminuían los niveles de protección ambiental. Estas diferencias comenzaron a ser fuertemente evidentes en el tratamiento en particular de los primeros artículos de la “Ley Ómnibus”, lo que devino en que el oficialismo solicitara la vuelta a Comisión de todo el proyecto, quedando todo su tratamiento y discusión sin efecto.
El principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud. Por ello, este colectivo ambiental desarrolló las actividades de comunicación e incidencia política, con el fin de mantener los niveles de protección ambiental mínimos que todos los habitantes necesitamos para acceder a nuestro derecho constitucional de disfrutar de un “ambiente sano y equilibrado”.
Liberar las fuerzas productivas y de mercado a partir de la flexibilización de las normas ambientales nunca podrá promover un real desarrollo del país. Si hay inversiones que se interesan en Argentina, solo por la posibilidad de contar con un marco normativo ambiental más permisivo, no serán realmente inversiones que apunten al verdadero desarrollo: el desarrollo sustentable.
El proyecto de “Ley Ómnibus” ha permitido consolidar un colectivo de organizaciones ambientales que, más allá de defender los avances de protección del ambiente logrados en las últimas décadas, ha reforzado sus vínculos con el Poder Legislativo Nacional y se ha comprometido a colaborar con el análisis y la discusión de los cambios necesarios para la promoción de una eficiente implementación del marco legal vigente y para su perfeccionamiento, bajo el marco de no regresión en legislación ambiental.
Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Es Ingeniero Forestal y Diplomado en Biodiversidad Conservación y Gestión de las Especies y Hábitat. En el año 2004 ingresó a la Fundación Vida Silvestre y en enero de 2017 asumió la Dirección General de la organización que representa en Argentina a la Organización Mundial de Conservación (WWF). Actualmente es también miembro del Comité Directivo de la Red Argentina de Cooperación Internacional (RACI).
Por Javier Felcaro
