Es un hecho que uno de los desafíos más grandes que enfrentan los Estados actualmente es la reducción de gases de efecto invernadero que producen. Esto no es solo por los compromisos adoptados en el Acuerdo de París (2015), sino porque además la crisis climática causada por el aumento de la temperatura de la Tierra está generando catástrofes en todas las regiones del mundo.
Como se sostiene hace tiempo, para reducir las emisiones las agendas ambientales estatales deben priorizar el cambio de la matriz energética: migrar del uso de combustibles fósiles a transportes con movilidad eléctrica o a base de biocombustibles (combustibles de origen vegetal o animal).
Sin embargo, quedó demostrado que la extracción y comercialización del petróleo no se mueven en el mismo sentido que se plantea en los planes de transición energética. Esto se evidencia en los números de exportaciones e importaciones de petróleo a nivel global: según el centro de Investigación en Economía y Planeamiento Energético de la Universidad Nacional de San Martín, el consumo de petróleo a nivel mundial continuaría mostrando una tasa de crecimiento similar a la registrada en los últimos años, alrededor de un 1,5%.
Pero este desfasaje en la transición energética (a través del cual los dichos no se condicen con los hechos) también se evidencia en los eventos y reuniones internacionales, donde se hacen declaraciones contundentes en defensa del ambiente pero luego no se sancionan medidas vinculantes con respecto a la extracción y utilización de combustibles fósiles.
El ejemplo más reciente de esta situación tiene que ver con la Cumbre de Belém do Pará. El 8 y 9 de agosto se reunieron en dicha ciudad de Brasil los Presidentes, ministros y cancilleres de todos los países amazónicos, en el marco de la IV cumbre presidencial de la OTCA, una organización intergubernamental constituida por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Este es el único bloque socioambiental de América Latina, y está orientado a que los países miembros asuman un compromiso común para la preservación del medio ambiente y la utilización racional de los recursos naturales de la Amazonía.
Esta cuarta edición del encuentro -que ya se llevó adelante en 1989, 1992 y 2009- simboliza el importante lugar que le otorgan dichos países a la cuestión ambiental en un área vital para la Tierra como lo es la Amazonía (ya que alberga el 10% de la biodiversidad del mundo y capta el dióxido de carbono en la atmósfera como ningún otro ecosistema), ya que la declaración permitió acordar una alianza regional para combatir la deforestación y aprobar la creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible y la cooperación para combatir los crímenes ambientales. Además, se decidió impulsar un fondo para recibir donaciones internacionales que permitan financiar proyectos de desarrollo sostenible en la mayor selva tropical del mundo. Pero, sin embargo, el principal reclamo de los especialistas y activistas climáticos no fue resuelto: la prohibición de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas de selva.
Los pedidos eran contundentes y ambiciosos: que los mandatarios de la región no otorguen más concesiones para la exploración de petróleo y gas en la Amazonía y que rescindan progresivamente los proyectos existentes, mientras impulsan una transición justa hacia energías renovables. Sin embargo, el documento de 23 páginas solo menciona una vez la palabra “hidrocarburos”, para decir que cada Estado deberá tomar soberanamente dicha decisión.
Esta falta de consenso sobre las actividades extractivas en la selva tiene numerosos motivos, todos ellos relacionados a condiciones políticas y económicas de cada Estado. Quien propuso más contundentemente el tema fue Gustavo Petro, el Presidente de Colombia. Para Petro, es necesario incluso defender los delitos ambientales del Amazonas “con razones y con armas”. En su intervención, propuso un tratado de cooperación militar y judicial; una especie de, en sus palabras, “OTAN Amazónica”, para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos los países, respetando la soberanía, pero coordinando la fuerza.
Por otro lado, Lula da Silva, el anfitrión del encuentro, no compartió esta posición y desde su gobierno se realizaron declaraciones que posponen el tema de la descarbonización. Para el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, “la descarbonización será tema de un documento en el futuro”. Si bien esta postura parece sorprendente, teniendo en cuenta el gran gabinete ambiental que posee el nuevo gobierno brasilero y el fuerte compromiso que tuvo a lo largo del año para disminuir la deforestación en la selva amazónica, no suena contradictoria con la posibilidad que surgió en los últimos meses de que Petrobras comience actividades de explotación en un polémico yacimiento petrolero en el mar cerca de la desembocadura del río Amazonas, pese la negativa por parte de las autoridades ambientales brasileñas (el Instituto Brasileño de Medio Ambiente, apoyado por la ministra del Medio Ambiente, Marina Silva).
Cabe mencionar que son muchos los países de la OTCA que tienen una alta actividad extractivista, siendo esta una de sus principales fuentes de ingresos; lo cual genera la necesidad de posponer negociaciones más estrictas y condicionantes en materia de hidrocarburos para continuar las ganancias económicas y el normal funcionamiento de los procesos productivos.
Pero, cuando se trata de cuestiones ambientales, es posible encontrar estrategias de desarrollo sostenibles sin necesidad de destruir los ecosistemas y contemplando el deseo de las personas que habitan los territorios. El caso de Ecuador, país que forma parte del Tratado, es un ejemplo de ello a escala mundial: los ecuatorianos, en las elecciones presidenciales del pasado domingo 20 de agosto, votaron paralelamente un plebiscito que consultaba por detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. La mayoría de los ecuatorianos votó “Sí” a cesar las operaciones en uno de sus mayores yacimientos, situado en dicho parque que se considera el corazón de la Amazonía ecuatoriana.
Esta situación evidencia que otras alternativas son posibles, pero que sin acuerdos comunes vinculantes las instancias internacionales dejan a cada país librado a sus propias decisiones. Desde una perspectiva, podría pensarse que la vinculación internacional en estos casos no es suficiente. Pero, desde otra mirada, es destacable la intención de posicionar el tema ambiental en la agenda, comprendiendo las situaciones y limitaciones de cada país.
Por María Laura Cicerchia