Un ex diputado del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y dos ex legisladores del conservador Partido Progresista (PP) —aliado del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff—, fueron arrestados en el marco de las investigaciones sobre los desvíos de fondos en Petrobras, que ahora se extiende al banco estatal Caixa Económica Federal y al Ministerio de Salud, donde los detenidos y sus cómplices habrían fraguado millonarios contratos publicitarios. El nuevo caso es una rama del escándalo de Petrobras, que ha hecho caer en picada la figura de la presidenta Rousseff y del PT.
Entre los siete detenidos está conocido ex diputado del PT André Vargas, quien fue despojado del cargo y expulsado del partido a fines de 2014 por sus vínculos con el cambista clandestino Alberto Youssef, uno de los cabecillas de la red que desvió unos 3.700 millones de dólares de Petrobras entre 2004 y 2012 (aunque ayer la propia empresa dio una estimación mucho más baja: leer aparte). Youssef ya estaba detenido.
Vargas está siendo investigado por haber usado un avión alquilado por Youssef y tráfico de influencias al intermediar, a pedido del cambista, en un contrato entre el laboratorio Labogen —del cual ambos eran socios— y el Ministerio de Salud. También un hermano de Vargas fue detenido. Según Folha de Sao Paulo, las siete detenciones son parte de la “fase 11ª de la Operación Lava Jato, que investiga el esquema de corrupción en Petrobras, y que a partir de ahora también estudia los desvíos en la Caja Económica Federal y en el Ministerio de Salud hechos a partir de contratos de publicidad”. Según la Policía Federal, un 10% de los montos de los contratos de publicidad eran desviados a empresas “de fachada” de Vargas y su hermano, también detenido ayer.
Los otros dos ex legisladores detenidos son Luiz Argolo y Pedro Correa. Este último fue condenado a prisión en 2012 por sus nexos con la red de pago de sobornos a legisladores que montó adelante el PT durante el primer gobierno de Lula da Silva (2003-2007) y cumplía la condena en régimen de semilibertad. Correa fue acusado por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa —preso desde hace un año— de haber recibido 5,3 millones de reales (unos 1,76 millones de dólares). El monto fue catalogado por el ex funcionario de Petrobras de “extraordinario”, tomando en cuenta los valores de los sobornos pagados a políticos del PP, el Partido Progresista al que pertenece Correa.
Según Folha de Sao Paulo, las otras cuatro personas arrestadas son el hermano de Vargas, León Vargas; la secretaria de Argolo, lia Santos da Hora; el director de una agencia de publicidad, Ricardo Hoffmann, e Ivan Mernon da Silva Torres, presunto testaferro de Pedro Correa.
El Ministerio de Salud es asimismo investigado por sospecha de irregularidades en la aprobación de un contrato de asociación con un laboratorio de producción de medicamentos. La firma involucrada se llama Labogem. Según el juez Sergio Moro, hay “razonable prueba de que André Vargas realizó diversas e intensas intervenciones ante el Ministerio de Salud para la aprobación de la asociación” con Labogem.
Desde que estalló el caso de Petrobras en marzo de 2014 están siendo investigados decenas de políticos —en su mayoría oficialistas—, directivos de las principales constructoras contratistas de Petrobras —muchos de ellos, presos— y ex altos funcionarios de la compañía, también en varios casos detenidos. El jueves, el tesorero del PT, Joao Vaccari Neto, se presentó ante la Cámara de Diputados para hacer el descargo del oficialismo.
La Policía Federal, responsable por la operación, informó que en esta nueva fase se cumplen siete órdenes de arresto, 16 de búsqueda y aprehensión de documentación y nueve órdenes de “conducción cohercitiva”, que es cuando la persona es llamada a presentarse a declarar pero no queda arrestada.
Graves cargos. Los detenidos deberán responder por los delitos de “organización criminal, corrupción activa y pasiva, fraude en procesos de licitación, lavado de dinero, uso de documentos falsos y tráfico de influencia”. Una lista de figuras penales que los podría llevar a prisión por muchos años si se confirman las imputaciones. A diferencia de las anteriores, esta etapa de la operación abarca, además de los delitos ocurridos en el ámbito de Petrobras, los desvíos de fondos en el Ministerio de Salud y el banco estatal Caixa Económica Federal.
