Unos 200.000 manifestantes tomaron ayer las calles de toda Francia en un enfrentamiento entre los sindicatos y el presidente Emmanuel Macron que podría ser decisivo para su agenda reformista. El presidente social-liberal está al frente del país desde mayo pasado y emprendió una serie de reformas. Hasta la fecha, ya logró implementar una flexibilización de la ley laboral duramente criticada por los sindicatos.
Siete sindicatos encabezaron la protesta, mientras un tercio de los ferroviarios dejaba sus puestos de trabajo para unirse a la protesta contra el proyecto de Macron de reformar la compañía pública de ferrocarriles SNCF. Unas 198.000 personas desfilaron en todo el país, según datos de la policía, 49.000 de ellas en París. El sindicato CGT, el mayor en el sector público, estimó la participación total en más de medio millón. Según datos de la empresa pública de ferrocarriles, que cada día transporta a tres millones y medio de pasajeros, 40 por ciento de los trenes de alta velocidad y 25 por ciento de los trenes de medio recorrido circularon ayer en Francia, donde se registraron también perturbaciones en vuelos, escuelas, guarderías, bibliotecas y otros servicios públicos como la recolección de basuras. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua en el centro de París durante choques esporádicos con grupos de estudiantes y anarquistas. Hubo rotura de vidrieras y al menos un automóvil incendiado. Pero, mientras en algunas zonas el transporte se convirtió en una pesadilla, especialmente para los trabajadores procedentes de los suburbios, el impacto de las huelgas fue bajo respecto a los estándares históricos de Francia.
Las protestas organizadas ayer en grandes ciudades como Marsella o Lyon reunieron a decenas de miles de personas, pero fueron menores que las manifestaciones previas contra las reformas laborales impuestas por Macron el año pasado. La fecha del 22 de marzo fue elegida deliberadamente para coincidir con la protestas de 1968 que desembocó en las históricas movilizaciones de mayo de ese año.
Macron, de 40 años, elegido en mayo tras un fulgurante ascenso que transformó el paisaje político del país, había prometido amplias reformas. "Francia no es un país reformable. Muchos lo intentaron y no lo lograron, ya que los franceses odian las reformas", dijo en agosto. Desde entonces, emprendió una serie de reformas laborales que incluyen un plan para la supresión de 120.000 puestos de trabajo en la función pública, con el objetivo de recortar el gasto estatal. Los ferroviarios protestan por su parte contra un proyecto de reforma de la compañía estatal SNCF que incluye el fin de su estatuto laboral, ventajoso respecto al régimen general de los trabajadores, sobre todo en cuanto a la jubilación. La reforma ferroviaria —un "paso" hacia la privatización de la SNCF, según algunos— se realiza además por decreto, un mecanismo más rápido que reduce los debates parlamentarios y que suscita fuertes críticas.
Por Lucía Inés López