Se estrecha el cerco judicial sobre Lula da Silva: el juez a cargo de la investigación del "Lava Jato" aceptó las denuncias de corrupción contra el ex presidente de la fiscalía, que lo imputa por lavado de dinero y cobro de sobornos. Lula quedó ayer procesado. El pronóstico de la causa es muy malo para él, con cargos que podrían significar una larga condena a prisión.
El famos juez federal Sergio Moro, de Curitiba y a cargo de los juicios por la trama corrupta en la petrolera estatal Petrobras, consideró suficientes los indicios para procesar a Lula, así como contra su esposa, Marisa Leticia Rocco, y a otras seis personas cercanas al ex mandatario. El ex presidente es acusado, entre otros delitos, de haber recibido de la empresa constructora OAS un departamento de tres pisos en Guarujá, en la costa del estado de San Pablo, a cambio de un trato de favor para OAS en Petrobras. El Ministerio Público acusa a Lula de haberse beneficiado con sobornos por 3,7 millones de reales (1,13 millones de dólares) pagados por OAS.
El ex mandatario rechaza todoslos cargos y acusa a sus adversarios políticos de estar detrás del proceso para evitar su regreso a la arena política. Pero el juez Moro tiene fama de independiente e incorruptible: ha mandado a prisión y condenado a duras penas a los mayores empresarios de Brasil, como Marcelo Odebrechet, dueño del más grande conglomerado empresarial de Brasil. Lo hizo dentro de la investigación en Petrobras, el "Lava Jato" o "Petrolao". También mandó a la cárcel a varios gerentes de Petrobras y altos dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), la formación liderada por Lula. Este fue presidente entre 2003 y 2010. Ya en 2005 tuvo el gobierno graves problemas con la ley con en el escándalo del "Mensalao", coimas pagadas por sus ministros a los legisladores en el Congreso para conseguir que votaran las leyes que interesaban a Lula. El jefe de gabinete de Lula, Jose Dirceu, así como otros altos dirigentes del PT, terminaron condenados y en prisión.
El Ministerio Público presentó la semana pasada a Lula incluso como el "comandante máximo" de la red fraudulenta que perjudicó a Petrobras en más de 2000 millones de dólares. El procurador general a cargo del "Lava Jato", Deltan Dallagnol, puso con las acusaciones a Lula en el centro de las investigaciones, imputándole delitos por los que podría ser condenado a más de 30 años de prisión. La defensa de Lula acusó al procurador de no haber presentado pruebas claras de los presuntos delitos.
Pero el juez Moro aceptó ayer lo cargos. "Los elementos probatorios son ciertamente cuestionables, pero, en esta fase preliminar, no se exigen conclusiones respecto a la presencia de responsabilidad criminal, sino sólo una causa correcta", señaló el juez en un comunicado.
Lula se presentó la semana pasada en un acto público para hacer frente a las acusaciones de la fiscalía. "Prueben la corrupción e iré de pie a la comisaría para que me arresten", dramatizó el ex presidente entre lágrimas. Lula se perfila hasta ahora como casi seguro candidato del PT a las presidenciales de 2018, después de que su sucesora Dilma Rousseff fue destituida a finales de agosto en juicio político.
La operación "Lava Jato" se dio a conocer en marzo de 2014 y ha puesto desde entonces en jaque a gran parte de la clase política y empresaria brasileña. Unos 50 políticos, tanto del PT como del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) de Temer, son investigados en el marco de la operación anticorrupción que es considerada como la más grande en la historia de Brasil. El esquema de corrupción descubierto en Petrobras demostró que entre los directivos de la estatal y los empresarios privados se armó un mecanismo para sobrefacturar contratos de obras y enviar parte de ese dinero malhabido a los dirigentes políticos. El PT es el principal blanco por la sencilla razón de que al ser el jefe del Ejecutivo contaba con los cargos de mayor responsabilidad en la petrolera estatal.