El fiscal de la Unidad de Homicidios de Rosario, Adrián Spelta, presentó su descargo ante la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial donde lo investigan por avalar la prisión morigerada que le otorgaran en 2018 a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, asesinado en octubre del año pasado en una finca del barrio La Florida. El senador por el departamento General López, el radical Lisandro Enrico, quien está a cargo de la imputación, ya había anunciado que solicitará una sanción para el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al entender que cometió “una falta grave” al acordar con la defensa de Sandoval que éste esperara en un domicilio particular la realización del juicio oral y público al que iba a ser sometido por un intento de triple homicidio más la portación ilegítima de un arma de fuego, un delito que para la acusación no era excarcelable.
A fines de junio, Enrico elevó a la comisión bicameral de Acuerdos su recomendación teniendo en cuenta, según dijo, una consideración política y no solo de índole penal. “Estaba en juego un delito con expectativa de pena alta, ya que había una acusación de intento de triple homicidio más la portación ilegítima de un arma de fuego. Pero hablamos de una persona con reiteración de delitos de alto perfil en una ciudad como Rosario. Quien recibió ese beneficio tenía ya una condena por la balacera a la casa de un gobernador (la vivienda de Antonio Bonfatti en octubre de 2013). En todo ese contexto el fiscal Spelta acordó una libertad con el defensor Fausto Yrure. No había ninguna justificación para ello y el Estado no puede fallar en temas como éstos”, observó.
El requerimiento disciplinario contra el fiscal Adrián Spelta llegó a la Legislatura remitido por la auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA) María Cecilia Vranicich. El planteo contra el funcionario se basa en el expediente judicial que implicó a los hermanos Lucas y “Ema Pimpi” Sandoval en una tentativa de triple homicidio ocurrido en junio de 2017. El muchacho fue apresado en marzo de 2018, un mes después que su hermano Lucas, también acusado por ese episodio y condenado a fines del año pasado a 11 años de cárcel. Entonces, a los dos les dictaron la prisión preventiva que empezaron a cumplir en la cárcel de Piñero, y aunque Spelta había solicitado que la misma sea por el plazo de ley (dos años), el juez Hernán Postma se las otorgó por 45 días.
Al llegar el momento de rever esa sanción, y aunque Spelta volvió a solicitar la prisión preventiva por el plazo de ley, terminó acordando con el abogado Fausto Yrure la morigeración de prisión bajo el control de un dispositivo electrónico y tanto Lucas como “Ema Pimpi” marcharon a sus casas, trámite avalado por el mismo juez Postma.
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En su descargo Spelta sostuvo que se aferró a la letra de la ley y las facultades que la misma le otorga para adoptar decisiones como la tomada. En diálogo con este diario sostuvo: “En un primer momento solicité la prisión por el plazo de ley pero me otorgaron sólo 45 días, luego insistí y renovaron la prisión por 30 días más por eso, ante la posibilidad de que el acusado quede en libertad mientras yo avanzaba con la investigación y pudiera fugarse, acordé la medida alternativa que está contemplada en el artículo 219, incisos 3 y 7, del Código Procesal Penal que limitan el ámbito territorial de movimiento del detenido y el uso de la pulsera electrónica”.
“Puede que no haya sido simpática mi decisión, pero me moví en el ámbito del marco discrecional que me permite el Código”, sostuvo el fiscal rosarino. Y aclaró que “el mismo informe de la Auditoría del MPA que puso a su caso como testigo, sostiene que en la provincia había 145 casos de prisiones domiciliarias otorgadas de las cuales 109 estaban en proceso de investigación y 10 en mi misma situación”.
Finalmente, Spelta dijo: “Puedo hacer mi mea culpa por no valorar a las personas a las que estaba investigando, pero yo actúo con todos los ciudadanos a los que imputo de la misma manera porque todos deben ser iguales ante la ley y es por eso que me aferré al marco discrecional que me permite la legislación”.
Desde ahora, la comisión tendrá por delante 20 días corridos para tomar una decisión al respecto, aunque extraoficialmente trascendió que Spelta sería merecedor de una suspensión en sus tareas con quite de salario.
