“Trabajamos para consolidar una universidad que sea protagonista fundamental del desarrollo económico y del progreso social del país”, dijo a La Capital el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa, quien estuvo presente en el encuentro de Córdoba. Un día antes del evento se reunió junto a los rectores nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), donde presentó siete líneas de trabajo para el período 2022 - 2023. Ejes que van desde cambios en la forma de enseñanza o la duración de las carreras hasta la propuesta de sumar las tareas de extensión dentro de la currícula obligatoria.
Modalidades de enseñanza y aprendizaje es el primer punto, sobre todo luego de los debates germinados durante la pandemia en cuanto a la educación a distancia, bimodal, híbrida, virtual, mediada, remota y semipresencial. El segundo eje está vinculado a la duración real de las carreras. “Normalmente la duración teórica es de cinco años, sin embargo la real se da entre ocho y nueve. Por eso considero que no estamos pensando en los estudiantes”, advirtió Alpa. Y como muestra, aportó una cifra: solo tres de cada diez universitarios egresan en el tiempo teórico previsto por los planes de estudio, a lo que se suma que siete de cada diez de los ingresantes tienen más de 20 años: “Se está alargando el primer año, que tardan como tres años en hacerlo, y luego ya trabajan o forman familia. Y eso hace al promedio real de cursado de las carreras”. Sobre este punto, advirtió que la tradición argentina define un plan de estudio por las horas-clase de trabajo docente, pero que no se suele mensurar la inversión de horas de estudio del estudiante, quienes para egresar en tiempo y forma su dedicación debe ser casi exclusiva. Como posible propuesta, mencionó lo título intermedios, la certificación de trayectos formativos (el tercer eje) o el sistema de créditos, “donde un plan de estudio pasa a definirse por las horas de trabajo académico de las y los estudiantes”.
Política educativa
La movilidad internacional (internacionalizar el currículo), certificación voluntaria de la calidad, la carrera de investigador (retomar la categorización) y la curricularización de la extensión son las cuatro líneas de trabajo restantes. “Habría un montón de otras cosas para hacer, pero ya con esto estaríamos abarcando un panorama muy grande del sistema universitario, pensándolo como proyecto 2022-2023”, señaló el funcionario nacional, aunque destacó que son aportes a la discusión, respetando siempre la autonomía de las instituciones. “La autonomía —explicó Alpa— es del poder ejecutivo mediante el cogobierno, pero no con el país, porque al fin y al cabo la universidad se financia con los impuestos nacionales”.
La intención es trabajar en las distintas comisiones de CIN en base a estos ejes e ir avanzando en propuestas concretas de cambio. “Creo que si lo logramos modificaríamos el sistema universitario y pondríamos al estudiante en el centro de la atención”, resumió.
Consensos para la ley
En más de una ocasión, tanto el presidente Alberto Fernández como el anterior ministro de Educación Nicolás Trotta mencionaron la idea de avanzar en una modificación a la ley que rige la vida universitaria, vigente desde 1995. Para Alpa se trata de “un debate de mediano plazo” y afirmó: “Es una ley que tiene 30 años y hay que modificarla, pero lo que tenemos que definir es qué cosas queremos modificar, porque hasta ahora no ha habido cosas o planteos concretos. Sí surgió, que está en la ley, el debate sobre que el 50 por ciento de los órganos universitarios es ocupado por docentes, entonces o tenés que achicarlo o no ponerlo, de tal forma de no limitar la participación de otro claustros. Y así varios temas. Por eso hay que plantear qué temas concretos se quieren cambiar porque muchas de las cosas que tenemos que hacer, como los siete puntos que mencioné antes, no tocan a la ley de educación superior”. No obstante, reconoció la necesidad de incorporar en la ley el compromiso de garantizar los derechos de estudiantes de los pueblos originarios y afrodescendientes, una iniciativa impulsada por la Cátedra Unesco de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) que cuenta con el respaldo del CIN.
De todas formas, el funcionario nacional y exrector de la Universidad Nacional de La Pampa rescató la modificación aprobada por el Congreso en octubre de 2015 —conocida como Ley Puiggrós, por el apellido de la autora de la iniciativa—, que estableció la responsabilidad “indelegable y principal” del Estado para el sostenimiento de las universidades públicas, al considerar a la educación superior como un “bien público” y un “derecho humano”, términos que no aparecían en el texto heredado del menemismo. La norma fijó al mismo tiempo la prohibición de cualquier tipo de tarifa directa o indirecta. “Creo que el gran cambio lo hizo la Ley Puiggrós, porque fue bien específica a artículos que cambiaron el sentido de la ley de educación superior”, apuntó Alpa.
El secretario de Políticas Universitarias también planteó como debate la participación de la comunidad en la vida de las facultades, “si tiene que estar en el cogobierno o en un consejo social”. Y agregó: “Si bien una de la fortalezas del sistema argentino es que las universidades están insertas en la comunidad, no está mal generar alguna forma concreta de acercarla más”.
