La implementación de un sistema de promoción para construir edificios de usos mixtos en las grandes playas de estacionamiento del casco céntrico es uno de los cuatro proyectos que el oficialismo consiguió aprobar esta semana en el Concejo, dentro del plan de revitalización urbana en ese área de la ciudad que impulsa la actual gestión.
El expediente apunta a alentar que las cocheras de más de 1.000 metros cuadrados que se encuentran en el sector delimitado por Mendoza, Paraguay, Urquiza y Laprida, considerados terrenos subutilizados, cambien su uso para albergar nuevos desarrollos inmobiliarios de viviendas y paseos comerciales en la zona.
No se trata de una norma que obliga, sino que da incentivos a los propietarios de esos vacíos urbanos para que abandonen esa explotación y pongan los terrenos en servicio de otros proyectos. La norma aporta un marco legal para que las constructoras tengan certeza de lo que se va a poder edificar antes de llegar al Concejo.
El concejal oficialista Fabrizio Fiatti apuntó que se trata de “un marco general con parámetros para que el Ejecutivo acuerde con los propietarios proyectos urbanísticos especiales para esas zonas, que tengan elementos modernos que mejoren el entorno urbano e indicadores diferenciales”. Entre ellos, se cuentan pasajes peatonales, uso comercial de vivienda y oficina, espacios verdes de ingreso público, implementación de energías alternativas y terrazas que puedan alojar emprendimientos gastronómicos.
La idea es evitar medianeras muertas o vacías que se terminan transformando en paredes que oscurecen la zona, y espacios que fuera del horario comercial son cerrados y oscuros sin iluminación interna, con rejas pero sin techo, lo que puede propiciar hechos de inseguridad. “Esto no implica que no puedan tener también un lugar de estacionamiento. No necesariamente va a existir menos espacio para aparcar vehículos, porque en cada una de estas superficies puede existir también el uso, en una capacidad menor a hoy o incluso mayor. Lo que queremos es la mixtura de uso”, definió Fiatti.
Tratamiento expeditivo
Antes, el circuito normal era que los desarrolladores presenten un convenio al Palacio Vasallo acordado con el Ejecutivo para su discusión y aprobación. Ahora, tendrán de antemano algunas cuestiones saldadas que el órgano legislativo no va a poder modificar, por ejemplo que la altura se eleva hasta un máximo de 60 metros para el formato torre. También se puso un límite de cinco sesiones para el tratamiento en las que tiene que ser votado para darle rapidez al trámite, y evitar la demora de dos años que tuvo por ejemplo el megaproyecto de torres del empresario Aldo Lattuca, en Corrientes y Córdoba.
Desde el oficialismo remarcan que se trata de una “carta de intención” sobre qué deberían tener esos espacios. “Es una invitación a generar diálogo y acordar, que luego se materialice en un convenio urbanístico que aprobará el Concejo en particular. Hay un objetivo de reconvertir esos espacios que además son complicados ambientalmente, porque se trata de grandes superficies asfálticas que vuelven el suelo impermeable y producen el efecto de isla de calor”, explicó el edil de Creo.
La modificación va de la mano de otras menciones sobre el tema que tenían los otros tres textos enviados por el Ejecutivo. En el caso de las peatonales, se levantó la obligación de construir cocheras en edificios, que era vigente aunque con la consolidación de ambas arterias comerciales ya es inconveniente. En las calles San Juan y Maipú, en tanto, se modificó el ancho que pueden tener el ingreso a los garajes de edificios, con un máximo de 6 metros. Esto tiende a lograr plantas bajas activas, con mayor nivel de interacción con el espacio exterior, como locales comerciales o ingresos amplios con más iluminación.
La oposición cuestionó la iniciativa del Ejecutivo
El plan del Ejecutivo despertó algunas críticas desde la oposición en el Concejo. “Cuestionamos que haya 60 metros de altura en calles como las del centro, que incluso son más angostas que el trazado vial básico de 11 metros. No es menor esa altura y el impacto que puede tener en el asoleamiento y en la ventilación”, expresó Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular.
Pero además, la presidenta de la comisión de Planeamiento indicó que la iniciativa atenta contra la supuesta revitalización. “Es una mirada muy naif la de creer que el auto va a desaparecer de un día para el otro y que la gente va pasar a la bicicleta o a un transporte público que no está en condiciones, porque no hay buena calidad ni frecuencias”, disparó.
Por otro lado, señaló que “si el Ejecutivo pretende que los rosarinos quieran vivir en el centro y vuelva a ser un centro de atracción, es difícil pensar que el Estado no tenga que garantizar espacio de estacionamiento para el que vive y para el que quiera visitarlo”.
En la visión de la concejala, paralelamente al mensaje de reconversión, el municipio debería haber tomado dos rumbos: primero, generar un programa de playas de transferencia, espacios públicos alejados del área central que permiten dejar el automóvil y caminar o tomar un colectivo, como figuraba en el plan de movilidad.
Por otro, que propusieron desde su espacio, es implementar una norma de transición, que permita a la Intendencia imponer a los dueños de las playas de estacionamiento que no se reconviertan algunas modificaciones que mejoren su situación con el entorno inmediato. Por ejemplo, mencionó “la obligación de quitar las medias sombras y tener que plantar árboles, pérgolas, enredaderas y todo aquello que sea una mejora sustantiva en relación con el espacio público”.