Productores se oponen a las fumigaciones ilegales

Tras la imputación de cinco ingenieros agrónomos, en la "causa madre" por fumigaciones ilegales con agroquímicos en barrio Ituzaingó Anexo, de Córboba, la situación despertó reacciones la Federación Agraria Argentina, filial Córdoba, y del Colegio de Ingenieros Agrónomos local.

Además de los tres ya juzgados en el primer juicio a mediados de este año —Francisco Parra, Jorge Gabrielli y Edgardo Pancello—, ahora se le agregan cinco ingenieros agrónomos y un aeroaplicador. Las imputaciones que se agregan a la "causa madre" son de Capilla de los Remedios y de la zona de Los Cedros, cerca de Alta Gracia.

Los nuevos imputados son los ingenieros agrónomos Ernesto Fleyer, Marcelo Bolatti, Fernando y Javier Amuchástegui y Alejandra Mendizábal. Además está imputado el empleado de Pancello, Gustavo Peralta, también aeroaplicador.

Las últimas estadísticas que maneja el fiscal Matheu sostienen que entre los años 2000 y 2009 murieron 272 personas en el barrio Ituzaingó Anexo, de las cuales 82 fallecieron por tumores cancerígenos. Ahora hay 143 personas que padecen cáncer. El fiscal ahora tiene la difícil misión de comprobar la relación causal existente entre esas dolencias y las aplicaciones de agroquímicos.

La Federación emitió un comunicado luego de una reu-nión que se realizó el viernes entre productores agropecuarios y algunos ingenieros agrónomos que los asisten. Según Agustín Pizzichini, titular de la filial Córdoba de la Federación Agraria, los agrónomos presentes en la reunión manifestaron su negativa a firmar el documento denominado "receta fitosanitaria". "Sin esa receta no se puede hacer nada, no se puede fumigar, y sin fumigación no se puede trabajar el campo", dijo el productor.

"Ya tenemos casos de productores que no tienen recetas. Hay unos 15 productores. Pero todos van a tener problemas", dijo Pizzichini. Según el comunicado, la medida podría llegar a afectar a más de 1.200 productores del departamento capital, quienes podrían llegar a verse obligados a frenar la producción agropecuaria y frutihortícola. La situación generaría pérdidas económicas y repercutiría en los precios de las frutas y verduras.

La razón que, según el comunicado, aducen los ingenieros es que se quedaron "fuera de todo marco legal ya que las imputaciones se dan en el marco de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y no en la de Agroquímicos, que es la que regula la actividad".

En tanto, desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos, se emitió un comunicado en el que se consideró "prematuro y extemporáneo pronunciarse sobre las imputaciones en la presente instancia". Sin embargo, se quejaron de que se dieran a conocer el nombre de los imputados.

"Llama la atención la difusión pública de la noticia y de las identidades de los imputados cuando, por el estado procesal de la causa, rige en forma estricta el secreto del sumario en la investigación penal". A diferencia de la causa juzgada entre junio y agosto pasados, en esta, en la que se imputó a cinco ingenieros agrónomos, el fiscal trata de estrechar la relación entre enfermedad y exposición a los agroquímicos. En agosto pasado, la Justicia provincial condenó a un productor y a un aeroaplicador por contaminación dolosa.

Los vecinos del barrio cordobés denunciaron el 2 de marzo y el 18 de junio de 2004 fumigaciones aéreas y terrestres, respectivamente. Habían aplicado los insecticidas clorpirifos (clase 2 Senasa) y cipermetrina.

Se había infringido la ordenanza municipal 10.590, de 2003, que prohíbe fumigar en un radio de 2500 metros del barrio Ituzaingó. Entonces fueron imputados el ingeniero agrónomo y explotador del campo Ernesto Fleyer, el aviador Pancello y su empleado, Gustavo Peralta. Pancello es titular de la firma Aerofumigación, de Corralito.