Llamar "caranchos judiciales" a los magistrados que investigan delitos de lavado de dinero es un nuevo exceso verbal de la presidenta de la Nación. A falta de argumentos, la señora de Kirchner se aferra a la ornitología (buitres, caranchos), lo que le permite evadir las explicaciones concretas que la sociedad está demandando. Lo cierto es que el tardío despertar de algunos jueces está provocando un inocultable nerviosismo en el vértice del poder. Todos los recursos del Estado son puestos en la defensa de una ciudadana que es objeto de investigación por actos u omisiones personales, no en carácter de funcionaria pública. Por otra parte, la presidente "escracha" al juez que la investiga con revelaciones sobre una sociedad que integraría, empleando información a la que no debería acceder si no puede acceder el resto de los argentinos. Y confunde el propósito de la pesquisa, que no se agota en una infracción administrativa, sino que persigue desentrañar una madeja de operaciones de lavado de dinero. Los hechos que involucran a Cristina Kirchner y a su vinculación con Lázaro Báez son de una enorme gravedad. En cualquier país normal pondrían al gobierno contra las cuerdas. En la Argentina está tan naturalizada la corrupción que hasta la presidente sospechada se da el lujo de denigrar al juez que la investiga. No más felices fueron las declaraciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sobre un "golpismo activo" que sería el motor de las acciones judiciales que afectan a la presidenta de la Nación. Hablar de golpismo en la Argentina de hoy es un deliberado anacronismo usado para desviar atención del incómodo foco puesto en la familia presidencial. Nadie piensa en ningún golpe. En todo caso, es un golpe durísimo a la confianza pública en las instituciones democráticas que quien conduce las riendas del país esté seriamente sospechada de haber participado en operaciones de lavado de dinero. Capitanich urde conjuras imaginarias que ya nadie cree. Acaso acostumbrado a no pensar por sí mismo y a obedecer ciegamente los dictados de su jefa, cree que todos son de su condición. La Jefatura de Gabinete, acaso la innovación menos lograda de la reforma constitucional de 1994, encuentra en él a la mejor figura posible para encarnar un órgano que nació con pretensiones de primer ministro y ha llegado a ser menos que un ordenanza. Capitanich debería comprender que sus monsergas matinales sólo lo sumen cada día más en el ridículo. Es, con toda seguridad, mucho mejor intelectualmente que el papel que ha elegido representar, pero esa conjetura no lo excusa; al contrario, agrava desde el punto de vista moral la degradación que ha aceptado. El gobierno nacional debería saber que la táctica de denunciar al denunciante es muy burda y ya está demasiado gastada. Los argumentos "ad hominem" carecen de toda consistencia. Que desmientan con pruebas las severas imputaciones de las que el círculo presidencial es objeto. Y, si no pueden, que por lo menos se callen. Los argentinos no queremos que sigan ofendiendo nuestra inteligencia.
