Jubilados: el sueño del 82% vuelve a la agenda

La pelea parlamentaria entre el gobierno y la oposición, junto con la inflación y los fallos judiciales a favor de la reactualización de haberes, reinstalaron el debate sobre la situación de los jubilados, un tema recurrente que vuelve a exponer viejas discusiones de política económica y fiscal.

En el medio de una nueva ofensiva de la oposición en el Parlamento, la discusión sobre el “piso” del 82% móvil para los pasivos en Argentina volverá al centro del ring. Y podría terminar pariendo otro salto cualitativo en la red de seguridad social, como surgió hace un año atrás con la asignación universal por hijo (ASH). Así lo aseguraron diversas fuentes de la oposición, que tampoco descartaron que el gobierno busque primerear, como se rumorea y realizó con varios temas como la ASH.

La oposición encontró en el aumento para los jubilados un nuevo hilo conductor, que le permitió retomar la iniciativa en la agenda política luego de la fracasada arremetida de principios de año. Es un tema que involucra la discusión por los recursos del Estado pero paga políticamente más que el reclamo de rebaja de las retenciones o la recuperación del Indec. Tanto hacia el interior de sus tropas como hacia el ágora en su conjunto.

 El sistema previsional, en sintonía con el modelo económico, enfrenta una encrucijada. Luego del cementerio de los 90, en la posconvertibilidad los haberes de los jubilados empezaron a recomponerse al ritmo del “derrame” que caracteriza al actual modelo económico: el goteo mínimo de las superganancias del crecimiento. Hubo más de una decena de aumentos de la mínima. Pero el gran cambio distributivo fue la inclusión de 2,3 millones de trabajadores que pudieron acceder a la jubilación pese a perder el trabajo en la década anterior a través de las dos opciones de moratoria que dispuso el gobierno.

Con el fallo Badaro la Corte Suprema de Justicia planteó un punto de inflexión y obligó al gobierno a ser más generoso y fijar criterios más objetivos de actualización, con la instrumentación de la ley de movilidad jubilatoria.

Sin embargo, las asimetrías presentes para el abastecimiento del sistema previsional obligan a un debate desde el gasto. Por ejemplo, una reconducción de los subisidios en las tarifas. Desde los recursos, la alternativa es una reforma tributaria.

Por ahora, el gobierno no apunta a modificar la ecuación y transpira la camiseta para recuperar la iniciativa. La oposición está dividida entre aquellos que buscan reconducir el gasto y reducir los ingresos (UCR, PJ disidente, CC, PRO), y los que buscan subir las erogaciones pero también la recaudación (Nuevo Encuentro, socialistas, GEN).

El sistema previsional en Argentina registra una tasa de aportes general del 19% sobre el salario (11% de aporte personal más 8% de contribución patronal). Esto quiere decir que para poder pagar una prestación equivalente al 82% del salario activo, tendría que haber 4,3 aportantes por cada jubilado (4,3 por 19%).

Según un informe elaborado por la consultora M&S, del economista Carlos Melconian, señala que “aun observando las cifras brutas de la estructura poblacional, esa relación hace mucho que se perdió”. Destaca que “desde 1980 hay en el país menos de cuatro personas en edad laboral por cada mayor”.

Pero además hay factores que deterioran aún más esa relación. En primer lugar está el desempleo, que disminuye la cantidad real de aportantes. Después viene la evasión, tanto por la subdeclaración de salarios, como por el trabajo en negro.

También hay que considerar que la mayoría de los trabajadores autónomos y monotributistas aportan muy poco. Por último, están las facilidades de acceso a los beneficios previsionales (como moratorias, regímenes de excepción, etcétera) que aumentan la cantidad de jubilados más allá de lo posible dada la cantidad de aportantes que hay.

Según las últimas cifras disponibles, el Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa) tiene 7,5 millones de aportantes y 5,6 millones de beneficiarios, o sea que hay 1,3 trabajador que aportan por cada jubilado (en lugar de los 4,3 aportantes por jubilado que serían necesarios para pagar el 82%). Ateniéndose a la teoría, el haber promedio sólo podría llegar como máximo al 25% del salario y encima hay que contar que 1,4 millón de aportantes (el 20% del total) son autónomos o monotributistas que aportan sobre una base salarial ínfima, por lo que ese porcentaje debería ser más reducido aún en la práctica.

Sin embargo, en marzo pasado la jubilación promedio era de 1.155 pesos, mientras que los salarios medios declarados llegaron a 3.750 pesos. O sea que la relación jubilación/sueldo rozaba el 31% en promedio. Parece poco pero es más de lo que indicarían las posibilidades del sistema. Hay factores a favor y en contra que operaron sobre esa relación.

Aportes tributarios

A medida que se deterioraban las cuentas de la Ansés, se fueron volcando al sistema cantidades crecientes de recursos tributarios para evitar una crisis.

•  Durante la década del 90 se le destinó, en principio, el 10% de la recaudación del IVA y el 20% de la de Ganancias.
•   Luego, con el primer pacto fiscal Nación-provincias, el 15% de los recursos coparticipables brutos se destinaron al pago de jubilaciones (con la excusa de financiar la transferencia de cajas de jubilación provinciales a la órbita nacional).
• Después de la reforma previsional de 1994 y la rebaja de aportes patronales, también se le cedieron el 21% del impuesto que grava las naftas, el 100% del impuesto sobre el gasoil, el 100% de un impuesto adicional sobre los cigarrillos y 120 millones de pesos anuales adicionales de Ganancias.

En 2000 y 2001 los recursos propios de la Seguridad Social (básicamente aportes y contribuciones) representaban alrededor del 40% de sus ingresos totales y el otro 60% provenía de los recursos tributarios que se le transfirieron. Pero con la recuperación económica poscrisis, la Ansés se transformó en beneficiaria del crecimiento de la recaudación. Al punto que sus ingresos crecieron a un ritmo mucho mayor que los del Tesoro porque se llevó una parte de los tributos que más recaudan (IVA y Ganancias), más aportes específicos a la Seguridad Social.

Finalmente, con la eliminación de las AFJP volvieron al sistema de reparto todos los aportes que en 1994 se habían destinado a las administradoras privadas. De esta manera se invirtió la relación y ahora los recursos “puros” de la seguridad social (es decir sin aportes tributarios) subieron hasta el 60% de los ingresos totales.

Los incrementos

En primer lugar, después de la crisis de 2001/2002 el sistema de la seguridad social quedó muy desequilibrado. Los “balances” de la Ansés no lo muestran del todo porque recibió crecientes transferencias de recursos para poder cumplir con el pago de las jubilaciones, pero si se observa la relación entre los aportes y contribuciones (que son los ingresos “puros” del sistema) y el monto pagado en jubilaciones. Antes de la crisis los aportes cubrían cerca del 70% de las jubilaciones (el resto se cubría con parte de los impuestos). Después, esa relación cayó al 50%.

Esta escasez de recursos justificó que en aquel momento se privilegiara sostener el poder adquisitivo de los jubilados de menores ingresos. Desde 2002 hasta casi finales de 2004 sólo se aplicaron aumentos sobre las jubilaciones mínimas congelando el resto de los haberes. Recién en septiembre de 2004 se otorgó un aumento del 10% para las jubilaciones de hasta mil pesos y el resto siguió sin cambios.

El banquito previsional

Pero a partir de 2005, la Ansés comenzó a registrar superávit. Sin embargo, la política de remuneraciones no se alteró.

Excedentes financieros se transfirieron al Tesoro mediante la colocación de Letras, de manera que sirvieron para financiar al resto del sector público. Entre 2006 y 2008 el superávit de la Ansés fue el pilar del superávit fiscal del sector público nacional.

Recién a mediados de 2006 se empezaron a aplicar ajustes porcentualmente iguales para toda la escala de haberes jubilatorios y desde 2009 está vigente la ley que regula la movilidad de las prestaciones, pero estrategia utilizada entre 2002 y 2006 trajo consecuencias. En términos de números, lo referido anteriormente se traduce de la siguiente manera:

• Los jubilados que a finales de 2001 recibían la jubilación mínima, tuvieron hasta ahora un aumento nominal del 497%. Eso quiere decir que le ganaron a la inflación del período. Si se deflacta la jubilación mínima por el IPC M&S2, están cobrando un 64% más que en aquel momento. En 2001 cobraban “el mínimo” 1,5 millón de beneficiarios, o sea el 45% del total de entonces.
• El 55% de los que estaban jubilados en 2001 recibieron ajustes nominales mucho menores (entre 200 y 111%) y como resultado de esto, invariablemente perdieron contra la inflación. Por ejemplo, un beneficiario que cobraba 300 pesos por mes (dos veces el haber mínimo), hoy está cobrando la jubilación mínima, tuvo un ajuste nominal del 198% y perdió casi el 20% de su ingreso real. En el extremo, las jubilaciones más altas tuvieron una caída mayor al 40% en términos reales.
• De lo anterior se desprende que hubo un achatamiento en la escala de haberes. En 2001 había unos 3,3 millones de jubilados y “sólo” 1,5 millón tenían el ingreso mínimo (45%). Hoy hay 5,6 millones de beneficiarios de los cuales 3,3 millones son jubilados propiamente dichos (obtuvieron su beneficio cumpliendo con los años de aporte estipulado) y 2,3 millones provienen de la moratoria provisional de 2008. El 75% del total recibe el haber mínimo, pero si se dejan de lado los que ingresaron por la moratoria, hay otros dos millones de jubilados con el haber más bajo, lo que representa casi 60% de los que obtuvieron la jubilación por su trabajo.
• La consecuencia fue una avalancha de juicios de jubilados reclamando el reajuste de sus jubilaciones, sobretodo a partir de 2008 después que la Corte Suprema de la Nación reconoció el derecho de movilidad prestacional a un beneficiario. Se estima que hay más o menos 375.000 causas tramitando en distintas instancias y el número se incrementa más o menos 15% cada año. Cada año se liquidan entre 25 y 30.000 sentencias que implican el pago de 2.000 millones pesos en concepto de retroactivos más un ajuste promedio de unos 1.000 pesos en el haber mensual de cada beneficiario.