El juez neoyorquino Thomas Griesa convocó para el próximo miércoles a representantes de la Argentina y los fondos buitre a una nueva audiencia en el marco del conflicto legal que el país mantiene con esos fondos inversores especulativos.
El juez neoyorquino Thomas Griesa convocó para el próximo miércoles a representantes de la Argentina y los fondos buitre a una nueva audiencia en el marco del conflicto legal que el país mantiene con esos fondos inversores especulativos.
Según trascendió, el magistrado podría pronunciarse sobre el reclamo de los fondos buitre de considerar la emisión del Bonar 24 como deuda externa y le pediría a los que demandan contra la Argentina presentar nuevas pruebas.
Durante la audiencia, el magistrado respondería a la presentación que realizaron los abogados que defienden a la Argentina que la emisión del Bonar 24, de abril último, fue de características locales.
Los letrados habían sostenido en la presentación que se realizó bajo legislación argentina y su comercialización fue local.
La audiencia se hará luego de que la Corte de Apelaciones de Nueva rechazara la semana anterior la decisión del magistrado, de ampliar una acción colectiva de tenedores de bonos que demandaron la Argentina y pidieron sumarse al fallo que favoreció al fondo MNL Capital de Paul Singer. Ese tribunal sostuvo que Griesa extendió "inapropiadamente" la demanda colectiva de tenedores de deuda impaga de bonos en euros a cualquier inversor que posea esos papeles, en lugar de circunscribirla a aquellos que aún los tienen en su poder.
Griesa había dado lugar a que todos aquellos tenedores de bonos argentinos en euros en cesación de pagos, se puedan presentar como partícipes de la demanda contra el país por más que se hayan desprendido de esos títulos en el mercado financiero.
La Corte ya había revertido el 10 de agosto una orden similar de Griesa que amplió la categoría de bonistas que podían reclamar derechos en otras ocho acciones judiciales colectiva.
Al Senado
El Senado tratará en comisión el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo que declara de “orden público” los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este miércoles la Comisión de Relaciones Exteriores pondrá a consideración el texto.
Por Gustavo Conti
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