Se abrió el debate en el Senado por la creación de un fondo con dólares no declarados en el exterior para pagarle al FMI

El Frente de todos (FdT) puso en marcha en el Senado el debate sobre un proyecto de ley ambicioso: detectar dólares de argentinos en el exterior no declarados ante el fisco, recuperarlos, y cobrar penalidades que van del 20 al 35 por ciento de acuerdo al momento de su reincorporación al sistema financiero y contable de la Argentina.

El inicio de los debates se concretó con un plenario que reunió a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. El proyecto de ley, detrás del cual se destaca el impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner, busca crear el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. En la jornada del miércoles fueron invitados a exponer cinco economistas, entre los que sobresalió la rosarina Julia Strada, actual miembro del Directorio del Banco de la Nación Argentina.

Bajo la cúpula del majestuoso Salón Azul del Palacio, el clima de tensión entre los senadores del oficialismo y de la oposición fue inocultable: para el FdT, se estará buscando crear una herramienta novedosa que busca revertir un problema histórico y recurrente de la economía argentina, la salida de dólares generados por la economía nacional que cíclicamente van a parar a paraísos fiscales (fuga), y en muchos casos, fuera de todo registro del sistema financiero nacional. Sin tributar impuestos.

Para la oposición, que se presentó al plenario con un puñado de representantes encabezados por el radical de Juntos por el Cambio (JxC) Martín Lousteau, se trata de un proyecto “tribunero”. El frente político opositor ya se manifestó formalmente contra la iniciativa oficialista, pero el peronismo no pierde las esperanzas de que finalmente se abra un camino de negociación. “Pueden hacer sus propuestas, el dictamen está abierto a se le introduzcan mejoras”, repitieron los referentes principales del FdT, José Mayans y Anabel Fernández Sagasti (presidente y vice del bloque oficialista) y el neuquino Oscar Parrilli.

La defensa más ajustada del proyecto la formuló la economista Strada: “La Argentina tiene un endeudamiento del 82 por ciento de su PBI ( 74 por ciento en dólares), son datos de la Secretaría de Finanzas (Ministerio de Economía): para pagar esto, necesitamos dólares”, planteó. Luego agregó, “tenemos una restricción externa al cuadrado, porque incluso durante períodos de desarrollo con inclusión, de superávit externo, continuaron dolarizándose activos y fugando. Luego, ya durante el período 2015 a 2019, el endeudamiento externo fue la forma de financiar esos activos dolarizados externos”.

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La Argentina necesita dólares, “los puede conseguir por superávit comercial, por nuevo endeudamiento, y como pretendemos con este proyecto, yéndolos a buscar a los lugares del mundo que sabemos están”. El propio Indec tiene una estimación hecha, bajo el titulo “posición de inversión nacional en el exterior”. Según ese informe, la Argentina no es deudor, es acreedor neto del mundo, porque son más los dólares depositados en el exterior que la deuda que tiene el país.

Las cuentas que manejan todas las fuentes consultadas por el oficialismo, argentinas y del exterior, estiman en 360 mil millones los dólares de argentinos en el exterior, de los cuales unos 60 mil millones están declarados.

La ambiciosa pretensión del proyecto oficialista apunta a reparar algo que está roto desde décadas en la Argentina: la ganancia obtenida por las empresas (por su actividad en el país), no se reinvierte, se dolariza, y sale del país. Ese mecanismo lleva al recurrente mecanismo de nuevos endeudamientos.

Siempre según Strada, el proyecto del oficialismo es muy específico, y “no va contra todos los que ganaron dolarizándose, y con las devaluaciones, va contra aquellos que, además, no declaran la que fugaron”. Por “fuga” se entiende “extracción del excedente del proceso producto, dentro o fuera de país”. El proyecto que craneó Cristina Kirchner con sus asesores apunta a un universo más pequeño: fuga no declarada, y en el exterior.

Entretanto, José Mayans salió al cruce de algunas afirmaciones sobre los datos de la deuda vertidos por la oposición, que niega los números que plantea el oficialismo: “Hay datos que son inobjetables, están certificados en la Secretaria de Finanzas de la Nación y no hay forma de inventarlos”, afirmó el formoseño.

Desde la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Pago de la Deuda Externa, abundó Mayans, se gira “el informe del comportamiento permanente de la deuda” y allí está certificado que, en diciembre del 2015, “la deuda era de 222 mil millones de dólares y equivalía al 40 por ciento del PBI nacional”, la mitad en pesos, y, en 2019, cuando el macrismo dejó el gobierno, los compromisos de la Argentina ascendían a “los 323 mil millones de dólares; es decir, cien mil millones de dólares más”.

“La deuda está hoy en 365 mil millones, creció un poco más de cuarenta mil millones”, aclaró el formoseño, pero recordó que en una primera etapa hubo que renegociar deuda con privados en jurisdicción local y extranjera y que el gobierno no cuenta con ley de Presupuesto Nacional aprobada, por responsabilidad de la oposición parlamentaria.

El titular del bloque del FdT insistió ante la oposición en la necesidad de “buscar una salida”, y que el proyecto en estudio es para “captar la evasión, lo no declarado, ilegal” y ver “quiénes fueron los que trabajaron en esto, cuáles fueron los bancos que facilitaron la fuga”.

Entre el elenco de senadores oficialistas del plenario de comisiones, participó el rosarino Marcelo Lewandowski (FdT), que siguió todo el debate, y en el final explicó a La Capital: “Es importante profundizar este debate, y si la oposición quiere aportar puede hacerlo, el dictamen está abierto a propuestas”.

En el oficialismo, mientras tanto, celebraron el gran apoyo recibido por el sector gremial en la mañana del miércoles. Pablo Moyano en representación de la CGT, Hugo Yasky de la CTA, y una treintena de representantes gremiales fueron hasta el Senado para dar apoyo explícito al proyecto de capturar dólares de evasores para pagarle al FMI.

Según informaron desde el bloque oficialista, las sesiones informativas, con expositores, es probable se sucedan al menos por dos semanas más, y recién luego se pasaría a la firma del dictamen. La oposición reclama la presencia en los plenarios de comisión de las máximas autoridades económicas del Ejecutivo nacional. El oficialismo aún no confirmó cómo seguirá la agenda del debate.