Los activos y las tensiones que hereda la política económica de 2025

El año entra en la recta final y la política económica se prepara para zambullirse en el 2025 electoral. Un calendario más intenso en Santa Fe por la reforma constitucional.

Esta efervescencia se da ahora en un contexto particular. El escándalo que terminó con la expulsión del senador Edgardo Kueider terminó de sepultar el verso de la pelea contra la casta, con el que el actual presidente ganó las elecciones hace un año. De hecho, de ese barro salió el respaldo para pasar la motosierra a los trabajadores, los jubilados, las provincias, la obra pública, la educación, la salud y la ciencia y tecnología.

Después del salto devaluatorio fundacional del 118%, y tras sortear una corrida a mitad de año, el ministro de Economía, Luis Caputo, supo acolchonar a través del carry trade y el blanqueo el tránsito hacia el nuevo año. El atraso del tipo de cambio fijo amesetó los precios de bienes que ponderan mucho en el Indice de Precios al Consumidor, y que neutralizan estadísticamente el impacto de las fuertes subas en el sector servicios. En noviembre la inflación fue de 2,4% pero el Indec decidió acompañar el dato con la difusión de una calculadora para que los consumidores estimen su costo de vida.

A ese pequeño ruido se le sumó la dificultad del Ministerio de Economía para rollear deuda en las últimas licitaciones, el goteo de depósitos en dólares y el salto de los tipos de cambio paralelos. Por el lado de la economía real, hasta el propio Paolo Rocca, CEO de Techint, y padrino político del gabinete nacional, pareció perder la paciencia frente a la constante caída de la producción fabril y la política aperturista. Es que, más allá del discurso oficial, las cifras no permiten avizorar un cambio firme de tendencia en la crisis de producción y empleo. Y la devaluación del real pone más presión.

El agro y las provincias

También se escuchan tibias quejas de dos sectores que fueron firmes sostenes de este gobierno: los gobernadores aliados y el campo. Santa Fe pidió recientemente federalizar los recursos que recauda el gobierno nacional por retenciones a la exportación de productos agropecuarios. Un leve giro discursivo que le da otro peso al tradicional reclamo de baja o eliminación de ese gravamen. Pareciera adelantarse a una pelea que el propio Milei abrió: la devolución de autonomía tributaria a las provincias. No detalló los términos del anuncio pero todo parece indicar que va por la coparticipación, como parte de un programa de reconfiguración de la geografía económica y política del país. En ese objetivo, la administración nacional sigue sometiendo a los gobernadores. Tras asociarlos en el blindaje del decreto que le desató las manos para renegociar deuda en cualquier condición, incumplió su promesa de mandar el presupuesto 2025. Poco después, los mandatarios comenzaron a desfilar para firmar el mecanismo de conciliación de deudas diseñado por la jefatura de gabinete. Por el momento, Santa Fe rechazó el convite.

La tensión federal seguramente seguirá en 2025. Y esto impacta también en lo sectorial. La cadena agroexportadora, base económica de la Región Centro, no logra disimular del todo la incomodidad que le produce la combinación de bajos precios internacionales, tipo de cambio aplanado y retenciones del 33% a la exportación de soja.

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Hasta ahora, las determinaciones políticas nacidas del conflicto de la 125 sellan el apoyo del sector a cualquier experimento que le venda el combate al kirchnerismo real o imaginario. Pero el fin del superciclo de commodities, en un contexto de continuidad de la estructura impositiva local, fricciona la relación entre el corazón y el bolsillo. Sobre todo cuando su centralidad es desafiada por los nuevos barones de Vaca Muerta, a quienes el Rigi les da ventajas jurídicas, cambiarias y fiscales que el agro no tiene. Contra lo que se especulaba, esta nueva alianza podría condenarlo a seguir cargando con las retenciones y la obligación de proveer casi en soledad de dólares al gobierno central.

El enfoque de Luis Caputo

El posicionamiento de este sector puede tener su impacto en el escenario para 2025. Fundamentalmente en el régimen cambiario. No es la única variable a atender. La asunción de Donald Trump en Estados Unidos, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un nuevo préstamo, la geopolítica en general, condimentarán el año electoral. También lo que pase en la calle con los trabajadores y sectores populares. Aunque esto último suele estar invisibilizado en la agenda de la clase política, hasta que emerge en forma disruptiva y la obliga a incorporarlo.