La pobreza y la desocupación se miden de distintas maneras, con diversos sistemas, varas y ópticas, seguramente rebatibles y ajustables a la época. Lo inobjetable es lo palpable, la calle y el comedor. Las organizaciones sociales pueden dar cuenta de ambos, el número y la dimensión del hambre. Eduardo Delmonte, titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en Rosario, pinta un panorama y valora la evolución del movimiento que tuvo sus orígenes en 1998 en el barrio Santa Lucía y que se constituyó como tal en esta ciudad tras la represión de noviembre de 2000. La agrupación hoy reúne a nivel local entre 1.500 y 2.000 familias, con más de 50 delegados barriales que salen a la calle a pedir trabajo genuino, entre otros reclamos.
—Si bien no tenemos relevamientos propios, lo que sí vemos es, por ejemplo, que la demanda alimentaria aumentó alrededor de un 25 por ciento de principio de año a ahora. Hay más gente en los comedores como el de Uriburu y Ayacucho, que de 130 vecinos en enero pasó a 170 hoy. Tenemos 21 comedores municipales que surgieron en 2002 con la idea de cubrir 8 comidas mensuales, sábados y domingos, que era lo que no cubrían los comedores escolares. Se otorgan 8.400 pesos por mes. Alcanza como mucho para 3 comidas. Esto es un problema serio porque además la municipalidad no inscribe a nuevos comedores y siguen aumentando los precios. Hay un ajuste que viene aplicando el gobierno nacional, que arrancó en 2015, con un 30 por ciento de pobreza del gobierno anterior y éste, lejos de solucionarlo, lo fue agravando a través de la inflación, la falta de trabajo, la gran recesión que afecta las pymes, descargando la crisis sobre los que menos tienen. A los que no tienen laburo los empuja al hambre, a realidades muy duras.
—Se sobrevive en base a una changa que va desapareciendo porque los sectores medios de los trabajadores se han empobrecido y no hay demasiada oferta de trabajo en ese sentido. Algunas compañeras hacen servicio doméstico y la mayoría cirujea o hace algún tipo de actividad informal. Algunos están en cooperativas, que no creemos que resuelvan el problema de la desocupación porque se termina repartiendo muy poco y las obligaciones son iguales que las que tiene una empresa, con compañeros que tienen escasa formación escolar. La asignación por hijo fue una pelea grande y está muy bien, pero durante seis años el gobierno anterior tuvo los planes sociales a 150 pesos y el Argentina Trabaja nunca llegó a la provincia de Santa Fe. Recién ahora logramos el salario social complementario después de una dura lucha, lo cual permite cobrar en un banco. Nosotros organizamos los trabajos y discutimos con el Estado los valores. Son 5 mil pesos, nos parece muy bajo. La CCC logró mil beneficiarios en Rosario y se sumarán en breve 500 más. Para sobrevivir, los compañeros van armando un combo de respuesta donde está la asignación por hijo, el comedor del barrio, el bolsón de alimentos que la organización va entregando y que recibimos de la provincia y de la nación.
— ¿No temen un recorte o suspensión de la ayuda?
—Nosotros no somos dueños de nada, en realidad lo que tenemos son cosas que se han conquistado con la lucha y eso va estableciendo un piso de respuesta que obliga al Estado a mantenerlo mes a mes, pero que en cualquier momento puede decir "cambiamos la política", y se acabó. De todas maneras ha habido un mejoramiento de parte de la provincia de ir adecuando la ayuda alimentaria al costo de vida. A nivel nacional hemos logrado el incremento de la ayuda alimentaria a granel, pero está lejos de dar la respuesta que tenemos que dar. Está la tarjeta de ciudadanía, una ayuda alimentaria familiar nacional, que reemplazó a la caja alimentaria que comenzó en 2000, después se transformó en ticket y luego en una tarjeta de débito, pero desde hace dos años se mantiene en 273 pesos por mes y la inscripción está frenada. En la provincia llega a 185 mil familias, de las cuales unas 56 mil son de rosario. Es un tema planteado por las organizaciones sociales y damos pelea por eso. En realidad nosotros somos partidarios de un programa universal como respuesta estatal a la desocupación y eliminar el plan. Pensamos que tendría que haber un ente estatal que contrate en condiciones de ley a todo ese sector de la sociedad que el mercado excluye, que los capacite y ponernos a laburar en resolución de problemas populares como la construcción de viviendas.
—¿Qué responde a las calificaciones de "planeros" y "piqueteros" hacia la CCC y otras organizaciones de lucha?
—El gobierno ha hecho una discriminación entre estas organizaciones que somos las que peleamos por la emergencia social y el resto, lo cual nos parece injusto. Acusan a la gente que está organizada, les dicen "planeros", y en realidad las organizaciones sociales lo que pedimos es trabajo genuino. Es el Estado el que responde con un plan que precariza, clienteliza y pone en una situación que la sociedad mira de reojo. Hay una política estatal de dar respuesta así: ellos saben la situación en que estamos, en la pobreza. Por otra parte, si se analiza, se ha subsidiado a las tarifas, a empresas, servicios, pero el subsidio de los pobres parece una mala palabra y para colmo, los pobres no reclamamos subsidios sino trabajo y no nos lo precisamente para estigmatizarnos. Somos laburantes y en este sentido creo que fue una gran conquista política que la CGT y las organizaciones sindicales nos reconocieran como trabajadores. El corte del tránsito es la herramienta más efectiva para los desocupados, como la huelga para los ocupados. Tratarnos de piqueteros, políticamente, es una forma de sacarnos el cartel de trabajadores. Y nosotros pensamos que toda plata que se recibe hay que laburarla.
— ¿La profundización del ajuste vendrá acompañada con más represión?
—Yo a lo único que le temo es al hambre en los pibes como idea general. Están hablando de declarar como acto terrorista a los piquetes. Creo que la tradición que ha habido acá que si nos tocan a uno, nos tocan a todos, más allá de quien sea, está bueno. También estuvo muy bueno lo del paro del 25 de junio, a pesar de que no se le ha dado continuidad. La pelea está en que la tenga pero fue un paro que unió a toda la clase trabajadora contra la decisión del gobierno de ir a fondo con el ajuste. El gobierno podrá tener toda la estructura militar para imponer a sangre y fuego un ajuste, pero no sé si políticamente está en condiciones de hacer todo lo que quisieran hacer. Creo que van probando y tengo confianza en que el pueblo argentino va a dar respuesta.
—¿Cuál es el límite de tolerancia de los argentinos frente a la crisis?
—Creo que el límite tiene que ver con el grado de organización popular. En Rosario hay una experiencia interesante al conmemorar en unidad los 24 de marzo. Eso es muy importante y se va a notar acá. Después se irá viendo en la medida en que el gobierno vaya subiendo de nivel la discusión. Lo que sí sé que no va a pasar en la Argentina es que este ajuste se imponga mansamente. Este pueblo parece manso, pero ha hecho cosas muy importantes, peleas muy grandes y creo que las va a dar. Políticamente hay que pensar, tener la ambición o el coraje de armar algo nuevo, que le meta la mano en los bolsillos a los que siempre se enriquecieron. El camino pasa por ver cómo se va armando algo nuevo a partir de la lucha como propuesta política. El desafío sería, para los que queremos un cambio profundo, cómo nos vamos uniendo. Y la calle es el punto débil de cualquier gobierno. La idea es que salgamos todos.
— ¿Sigue vigente el fantasma del 2001? ¿Cómo emparenta aquella época con ésta?
—El 2001 tiene dos aspectos: desde el punto de vista del pueblo, de su sufrimiento, fue un pozo y mucha gente no quiere volver a eso. Desde las clases dominantes creo que es un fantasma, porque fue la primera vez después de 1810 que la gente destituyó un gobierno. Es una experiencia histórica y quedó en la memoria colectiva. El FMI emparenta bastante las épocas. El gobierno ha definido parte de su política con una inflación y recesión provocada en desmedro del laburante. Hay mucha conflictividad social que va a ir en aumento.
— ¿A casi 20 años de su creación vigencia, cómo evalúa la evolución de la CCC?
—Hemos crecido y estamos mejor organizados, aunque falta. Fue muy importante la unión con la CTEP y Barrios de Pie y que se sumen a luchar organizaciones que durante el gobierno anterior no lo hacían. Eso nos permitió conquistar la ley de emergencia social, para la cual hubo que luchar en la calle y también hacer política. Nunca fuimos tantos, es muy positivo que se van acercando jóvenes y es destacable el rol de las mujeres, que siguen postergadas, y que en situación de crisis son las que menos han tenido vergüenza en salir. Se ha plantado y ya viene desde la década del noventa con esta ofensiva. Es notable que un 80 por ciento de los componentes de las organizaciones sociales son mujeres. Pretendemos ser una organización democrática que funciona de abajo para arriba y viceversa, con ese permanente fluir de ideas, donde tiene mucho protagonismo el compañero que pone el cuerpo en la calle. Las medidas de lucha que se toman son votadas en debate y se reparta lo que se consigue. Somos contrarios a la idea del puntero, que es funcional al Estado y tiene un contacto a nivel político que le baja determinadas ayudas que él lo usa a su antojo. Discutimos todo: la política y la línea de la organización, la realidad económica y política del país hasta donde podemos entenderlo. Promovemos que el compañero se vaya apropiando de las ideas y entienda las raíces del problema, más allá de los motivos urgentes por los que se acercó. Que entienda que ser pobre no es una cuestión natural, en un país tan rico con plata concentrada en pocas manos y fugada. Explicamos que no somos una ventanilla del Estado, que no tenemos nada más que una herramienta de lucha para salir de la individualidad deprimente de la situación ser desocupados, que hemos descubierto que si nos unimos al vecino que está en la misma condición somos otra cosa, y obligamos al Estado a tomarnos en cuenta. El que se acerca sabe que somos una organización de lucha.
Los hijos de 2001
De "los nadies", los desocupados de 2001 que se organizaron para salir a la calle y decir basta, "muchos consiguieron laburo y los volvieron a perder y sus hijos no han podido insertarse en el mercado laboral. Entonces hay un sector social que no se ha movido, y se ha reproducido. No hay una movilidad social en la Argentina, menos en este momento donde otra vez empieza una situación recesiva que tiene cierto punto de contacto. No queremos que nuestros hijos vivan de un plan ni coman en un comedor y así se lo transmitimos", evaluó Eduardo Delmonte, titular de la CCC en Rosario.
Para el dirigente, la situación de desocupación se agrava con el flagelo de la droga en los barrios, "un descomponedor social potentísimo. Se instalan los kioscos y está todo de alguna manera avalado por el poder político, judicial, de las fuerzas represivas. Hay una política de Estado en relación a introducir la droga barata en los barrios para neutralizar a todo el sector que queda fuera del reparto. Para el modelo, en la Argentina la cuarta parte de la población sobra, y si esos que sobran joden, es un problema. Pero el pibe que está en la droga mete a su familia en su conflicto, principalmente a las madres y quedan todos neutralizados. Es una forma de control social, más allá de que es un enorme negocio a nivel mundial. Hemos sentado una postura y trabajamos en ello con la iglesia y otros sectores que abordan el tema".
